Los hermanos Rodríguez reconfiguran el TSJ para blindar al oficialismo, evitar cambios políticos y garantizar su permanencia en el poder.
Delcy y Jorge Rodríguez, con su mirada peculiar de la norma, saben cómo mantenerse en el poder controlando el Tribunal Supremo de Justicia. Es obvio que la sala Constitucional sirve a los intereses del Poder Ejecutivo, es decir a los jefes del oficialismo.
Será una historia que repetirá Delcy al ver comprometida su estabilidad, o frente a cualquier evidencia de no tener la mayoría, o cuando se produzcan protestas masivas, o aumente la presión para que se cumplan procesos electorales, o en los casos que se compruebe que son minoría tal como ocurrió el 28 de julio… siempre van a apelar al TSJ.
Es un ejercicio descarado, una violenta ilegalidad anunciada. Y se preparan para volverlo a hacer. Por eso el Rodrigato está modelando el próximo TSJ a su medida.
El atropello a la legalidad ha sido descarado desde hace más de 20 años. Recordemos el 2015 cuando comenzó una seguidilla de decisiones sostenidas con el objetivo de aplastar la Asamblea Nacional que la oposición había ganado en la elección. Así, el Parlamento fue declarado en desacato en una muestra descarada de la ausencia de separación de poderes y la manipulación del Ejecutivo sobre el Poder Judicial subordinado a Nicolás Maduro y Cilia Flores, quien siempre tomó para sí, los nombramientos en tribunales y el Ministerio Público. Cilia fue la nueva tribu.
Luego las acciones continuaron con nuevas sentencias en el 2017. De esta manera Maduro mantuvo la práctica ilegal y recibió del TSJ medidas extraordinarias para tomar decisiones en materia civil, económica, militar y penal con la coartada de tener que preservar el orden. Así se oficializó la dictadura.
Después vino el montaje de la Constituyente la cual fue armada desde la sala Constitucional utilizada como escudo, para continuar el asalto al Estado de Derecho, es decir que además de robar las funciones a la Asamblea Nacional, también se las quitaron al Ministerio Público que ante las protestas en el 2017 había demostrado la responsabilidad de militares que por órdenes del Poder Ejecutivo habían asesinado a estudiantes.
No hay discusión de que Venezuela está bajo una dictadura en la cual la Asamblea Nacional opera como mamotreto; tanto, que los magistrados del TSJ arrebataron a los parlamentarios sus funciones y se arrogaron la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
El abuso continuó con el asalto a los resultados del 28 de julio de 2024 avalado por una sentencia. Un golpe de Estado revestido de legalidad con la sala Electoral, y luego la sala Constitucional.
A este escenario hay que agregar las inhabilitaciones políticas de opositores.
Los magistrados de este TSJ fueron electos en el 2022 por 12 años, pero los hermanos Rodríguez quieren hacer ajustes. Han decidido ejecutar limpieza interna de personajes que les resultan incómodos. Quieren solo a leales.
Señales de ello son las designaciones recientes de Larry Devoe en la Fiscalía y como Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato.
La orden es evitar elecciones, evadiendo la declaración de falta absoluta de Nicolás Maduro.
Para eso están removiendo magistrados; a unos los han jubilado, a los que no tienen el tiempo para jubilarse les piden la renuncia, y en otros casos incorporan a los suplentes. Un TSJ a su medida. El teatro lo completa un comité de postulaciones, siempre con el objetivo de ganar tiempo. Aferrados al poder violando la Constitución.
Es clave la cantidad de magistrados. En el 2004 después del famoso vacío de poder, Hugo Chávez ordenó la revisión de la sentencia a la sala Constitucional la cual obviamente decidió a su favor. Después -para eliminar la posibilidad de una sentencia distinta a su voluntad-, ordenó que se aumentara la cantidad de magistrados hasta 32, de los cuales varios eran realmente operadores políticos que vestidos de magistrados estaban allí para garantizar el control.
Vino después la reforma de 2022 con 20 magistrados otra vez: 5 en la sala Constitucional y 3 el resto de las salas; cada uno con sus suplentes. Ha sido una gestión vergonzosa con enroques insólitos en los que magistrados son trasladados de la sala Político-Administrativa a la sala Penal o suplentes de otras salas a la Constitucional. Toda una reingeniería para bloquear el acceso a cualquiera que no les garantice la subordinación.
Ahora pretenden volver a aumentar el TSJ a 32 amarrando lealtades que les aseguren decisiones que aniquilen cualquier circunstancia que ponga en peligro su permanencia en el poder.
Y Estados Unidos como si nada.
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