Examen forense y responsabilidades
Cuando las edificaciones colapsan, ya sea por desastres naturales o por incendios, entre otras causas, hay que hacerles a los escombros un examen forense o patológico por expertos.
Este se hace, en primer lugar, en el sitio, luego se clasifican los escombros y se identifican a cuál edificio pertenecen y luego, los restos se llevan a un laboratorio para un examen más exhaustivo para determinar con claridad por qué una estructura falló.
Ese peritaje, luego de los dos terremotos que asolaron al país caribeño, no se está haciendo de manera ordenada lo que compromete no solo análisis y recomendaciones a futuro sino establecer las responsabilidades en los ámbitos civil y penal.
Expertos, como el ingeniero civil Roberto Vernet (expreso político) y un funcionario de un ministerio relacionado con viviendas, dan cuenta que, pasados los eventos y en pleno fragor de la emergencia, empiezan a haber indicios de la omisión del régimen de encontrar las causas que contribuyeron juntos con los dos sismos a que fallecieran más de 4,500 personas, más 16,000 quedaran heridas y más de 20,000 sin hogar, de acuerdo con cifras oficiales.
Establecer la cadena de responsables por muertes en edificios no solo del programa social Misión Vivienda, sino también de condominios privados, será difícil.
“Uno de los puntos que a mí me preocupó cuando fui para Tanaguarena (este de La Guaira) es que no vi haciendo el examen forense. Cuando hay un sismo, es como cuando hay un asesinato, hay que hacer una autopsia”, dijo Vernet. “Uno de los puntos que a mí me preocupó cuando fui para Tanaguarena (este de La Guaira) es que no vi haciendo el examen forense. Cuando hay un sismo, es como cuando hay un asesinato, hay que hacer una autopsia”, dijo Vernet.
Vernet mostró reparos por el desorden con el que se están manejando las ruinas de los edificios derribados.
“Esos escombros no se pueden botar apresuradamente. Antes de botarse, se tienen que hacer revisiones, por parte de expertos en patología del concreto y de las estructuras, para ver qué pasó. Y no es solo eso, entre otras cosas, para ver si hay responsabilidades en el tema de construcción, en el diseño de las estructuras o falta de revisión de la composición del suelo”.
El funcionario ministerial se guarda su identidad por razones de seguridad, no solo avala esta opinión de Vernet, sino que va más allá.
“En La Guaira se ve una máquina empujando los escombros a orilla del mar. Eso sí es una acción deliberada para impedir que se realicen los estudios de ingeniería forense y se determinen responsabilidades”, afirma el funcionario.
“Para mí está muy claro que el gobierno va a evitar esos estudios, porque a ellos no les importa que sirvan para evaluar el comportamiento de las estructuras ante los eventos sísmicos y revisar las normas de construcción. Les preocupan las pruebas, eso también es evidencia de negligencia”, acota el empleado ministerial.
En 1967, en Venezuela hubo un sismo de gran magnitud y se derrumbaron cuatro edificios en Caracas y para el manejo de los escombros se habilitó el aeropuerto de La Carlota (capital) y ahí se identificó debidamente a qué edificios pertenecían.
Estudios para la humanidad
Vernet explicó que preservar bien clasificados los escombros constituye una base para luego elaborar normas más seguras para las construcciones.
“Hay que examinarlos también para aprender. Quiero decir que, inclusive, esas estructuras son propiedad de la humanidad, ni siquiera de los venezolanos. Porque cuando hay un sismo en algún país, sobre todo en este caso, que fue doble, muy extraño y de esa magnitud, se tiene que investigar qué pasó”, explica el ingeniero.
“Preservar, estudiar y registrar esas evidencias es una responsabilidad que tenemos con las víctimas, con las comunidades afectadas y con las futuras generaciones”, dijo Vernet.
Lo civil y lo penal
Las responsabilidades civiles y penales son individuales y personalísimas, en el caso del colapso de la Misión Vivienda se torna complejo determinarlas por cuanto estaban a cargo directamente del Ejecutivo.
Es necesario que el Ministerio Público haya abierto una investigación de oficio y, si se comprueban fallas en la construcción de los edificios de interés social, la responsabilidad recaería sobre quienes fueron encargados de esas obras.
La Misión Vivienda la ejecuta la Oficina Presidencial de Planes y Proyecto, para 2009 dependía del ministerio del Despacho de la Presidencia, pero en 2011, pasó a ser una Fundación del Estado.
“La responsabilidad se diluye bajo el nombre de ‘Oficina Presidencial de Planes y Proyectos’ (OPP), lo que impide establecer responsabilidades civiles o penales ante fallas estructurales”, acotó el funcionario. “La responsabilidad se diluye bajo el nombre de ‘Oficina Presidencial de Planes y Proyectos’ (OPP), lo que impide establecer responsabilidades civiles o penales ante fallas estructurales”, acotó el funcionario.
Al ser el Ejecutivo el constructor careció de contraloría, es decir, se saltaron el paso del Concejo Municipal que es el órgano que debe dar las autorizaciones para la edificación de estructuras, una vez que haya verificado que cumplían con todas las permisología.
Ciudad Hugo Chávez, el urbanismo ubicado en Playa Grande (oeste de la Guaira) constaba de 196 torres de cuatro pisos. Solo quedaron en pie tres edificios tras los sismos del 24 de junio.
El conjunto de interés social, de acuerdo con la investigación del portal Armando.Info fue inaugurado en 2013, por Nicolás Maduro, aunque fue proyectado en la administración de Hugo Chávez. Fue construido por la empresa turca Suma, financiado por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y para la fecha era Ministro de Vivienda, Ricardo Molina.
Fallas de origen de la Misión Vivienda
Sobre la Misión Vivienda, el funcionario destacó varios puntos neurálgicos de las fallas de este programa.
En primer lugar, la improvisación y falta de rigor técnico, porque se ignoraron sistemáticamente los estudios geológicos y la microzonificación científica, y se priorizó la “celeridad política y electoral” sobre la seguridad y la planificación urbana. No se tomaron en cuenta los estudios técnicos que se hicieron luego del deslave de Vargas (ahora estado la Guaira) en 1999.
Otro punto que destacó fue la corrupción. El programa se caracteriza por el uso de sobreprecios obscenos, la falta de transparencia en el manejo de recursos y la ausencia de contraloría tanto estatal como municipal.
Se estima un costo por unidad de vivienda significativamente superior a los estándares internacionales, sin justificación técnica. En el ámbito mundial, una vivienda social está por los $ 50.000 incluyendo el urbanismo (escuelas, vialidad, zonas verdes y etc.) y en Venezuela, ese costo hoy en día es de $100,000.
Como tercer punto, subrayó la falsificación de cifras. Las metas de construcción anunciadas por el régimen carecen de sustento estadístico. “Un análisis elemental revela que, de ser ciertas las cifras de viviendas construidas, casi la totalidad de la población venezolana viviría en unidades de la Gran Misión, lo cual es falso”.
El oficialismo había declarado la construcción de cinco millones de viviendas sociales y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en una vivienda, en promedio, habitan cuatro personas, si se cruza con el número de habitantes de Venezuela, cerca de 30 millones, entonces, la mayoría de los venezolanos estarían en la Misión Vivienda.
Por último, señaló la desprofesionalización. Los proyectos (planos) carecen de la firma obligatoria de un profesional responsable (arquitecto o ingeniero residente) debidamente colegiado.
El funcionario destacó que la Misión Vivienda fue una forma de control social, porque los habitantes eran adjudicatarios de la vivienda y no propietarios,
¿Y qué pudo pasar con los privados?
La mirada no debe recaer solo en la Misión Vivienda, sino también en las edificaciones nuevas privadas en la parte este de La Guaira luego del deslave del 99.
Varios expertos, entre ellos el ingeniero Vernet, observó daños estructurales que pudieran ser de columnas, resistencia al concreto o baja cantidad de acero. Puede que no se hayan hecho las inspecciones necesarias, por presunta corrupción
“No quiero pensar que quieran meter la basura debajo de la alfombra. Ahora, hablando de las responsabilidades civiles, tendría que empezarse por los municipios, los concejos municipales, que son los que dan la permisología”, afirmó.
Nueva Misión Vivienda
La solución del régimen ante esta tragedia, vuelve al patrón de 1999, en la que “el Ejecutivo se convierte en una gran empresa constructora” que nadie fiscaliza. En los años posteriores al deslave, la reconstrucción de la zona Chávez la dejó en mano de los militares y no acogió las recomendaciones de los expertos en un afán de presentar cuentas rápidas.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la actual jefa encargada del régimen, sobrevoló en helicóptero La Guaira y ubicó 40 terrenos para la construcción de nuevas viviendas. No informó quién elabora los estudios de suelos.
Los expertos abrigan la esperanza de que esta vez sí se tomen en cuenta las observaciones técnicas para la reconstrucción de La Guaira y no pase como con el informe elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, junto con especialistas venezolanos y Funvisis, entregado a Hugo Chávez en 2005, que se ignoró.
Dicho informe advertía que el subsuelo de zonas de Caracas y La Guaira podía amplificar las ondas sísmicas, aumentando significativamente el poder destructivo de un terremoto. Además, recomendaba reforzar las normas de construcción, ordenar el crecimiento urbano y aplicar políticas de prevención, que reducirían drásticamente las pérdidas humanas y materiales.
