No hay soberanía en un país donde el hambre mata niños, la represión encarcela periodistas, la justicia es un títere y las instituciones maniatadas del estado son postradas ante el narcotráfico y el terrorismo internacional
Antonio Ledezma, líder de la oposición y exalcalde en Venezuela.
EuropaPressEl concepto de "Estado de Conmoción Exterior", una modalidad de "Estado de Excepción", contemplada en diversas legislaciones para enfrentar amenazas externas que comprometan la seguridad nacional, se ha convertido en una herramienta potencialmente manipulable en contextos donde el Estado de Derecho ha sido desmantelado.
En Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, hablar de un Estado de Conmoción exterior resulta no solo redundante, sino profundamente irónico, dado que los derechos fundamentales de los ciudadanos —libertad de expresión, propiedad, libre tránsito— han sido sistemáticamente vulnerados durante años, sin necesidad de un decreto formal que los suspenda.
En Venezuela, el régimen de Maduro ha consolidado un sistema de control autoritario que opera como un estado de excepción permanente, sin necesidad de invocarlo explícitamente.
La libertad de prensa ha sido asfixiada: decenas de periódicos, estaciones de radio y canales de televisión han sido clausurados o confiscados, mientras periodistas languidecen en prisión por el simple acto de informar.
La persecución de la disidencia política es una práctica cotidiana, con partidos políticos judicializados, detenciones arbitrarias, torturas y un sistema judicial en donde desfila un elenco de Fiscales, Jueces, Magistrados y Defensores Públicos que no son tales, sino marionetas subordinadas al poder ejecutivo.
En este contexto, un supuesto "Estado de Conmoción Exterior" no sería más que una formalidad para justificar lo que ya es una realidad: un régimen que reprime cualquier voz crítica para perpetuarse en el poder, tal como lo acaban de exponer con lujo de detalles en su sexto informe, expuesto ante el Consejo de Derecho Humanos de la ONU, los integrantes de la Misión Independente de determinación de los Hechos ocurridos en Venezuela entre julio de 2024 y septiembre de 2025.
La verdadera conmoción en Venezuela no proviene de una amenaza externa, sino de una crisis humanitaria compleja que ha devastado a la población. Millones de niños están fuera del sistema escolar, acusando desnutrición y condenados a un futuro sin oportunidades. Los trabajadores, atrapados en la precariedad del empleo informal, luchan por sobrevivir en una economía colapsada, donde el salario mínimo no alcanza para cubrir necesidades básicas, y fustigados a la vez por una altísima inflación.
Los servicios públicos, como electricidad, agua y salud, están en ruinas, castigando diariamente a las familias venezolanas. Este escenario no es el resultado de una conspiración extranjera, como Maduro insiste en proclamar, sino de políticas deliberadas que han destruido el tejido social y económico del país.
Maduro justifica sus acciones invocando una supuesta defensa de la soberanía nacional frente a "los gringos" o potencias extranjeras. Sin embargo, la soberanía que Simón Bolívar, José Antonio Páez y el Negro Primero conquistaron en la Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821) fue rendida y entregada, no por efecto de una invasión externa, sino por la subordinación del régimen chavista a intereses foráneos, particularmente a Fidel Castro, el caudillo de Cuba.
Desde los tiempos de Hugo Chávez, el país ha cedido control sobre sectores estratégicos, como el petróleo, servicios de identificación y la seguridad, a sus aliados extranjeros, mientras la población sufre las consecuencias de esta traición disfrazada de patriotismo.
Medidas y Decretos Autoritarios en Venezuela: El Legado de Chávez y Maduro para Controlar y Engañar al Pueblo
Estas acciones responden a un mecanismo de uso recurrente, tanto por Hugo Chávez y radicalizadas por Maduro. Siempre con el mismo parloteo con que han sido presentadas como "defensas de la soberanía" o "respuestas a emergencias", pero en realidad sirven para someter al pueblo venezolano, erosionar el Estado de Derecho y distraer de la crisis humanitaria que ellos mismos han provocado.
A lo largo de más de dos décadas, ambos dictadores han utilizado decretos, leyes habilitantes y estados de excepción no para proteger a la nación, sino para engañar a los ciudadanos con narrativas de "guerra económica" o "imperialismo", mientras consolidan un poder que asfixia libertades y profundiza la miseria.
Hugo Chávez, desde sus primeros años en el poder, recurrió a las "Leyes Habilitantes", para gobernar por decreto sin control parlamentario, un mecanismo constitucional que él manipuló para legislar a su antojo. En 2001, obtuvo su primera habilitante para reformar más de 49 leyes en materia económica y social, incluyendo expropiaciones masivas de tierras y empresas privadas bajo la excusa de "justicia social" Esto sentó las bases para un modelo rentista petrolero insostenible, donde el Estado controlaba todo, desde la distribución de alimentos hasta los medios de producción, generando escasez crónica y dependencia total del petróleo.
Maduro heredó y amplió esta táctica. En 2013, apenas asumiendo el cargo, solicitó y obtuvo una "Ley Habilitante" para "combatir la corrupción y arreglar la economía", pero la usó para nacionalizar industrias y restringir importaciones, exacerbando la hiperinflación que hoy supera el 1.600% anual en proyecciones. En 2015, ante la pérdida de mayoría en la Asamblea Nacional, Maduro dictó la "Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz", alegando amenazas de EE.UU., lo que le permitió decretar estados de excepción en zonas fronterizas para perseguir opositores y abusar de detenciones arbitrarias. Seguidamente declararon en «desacato» a la legitima Asamblea Nacional. Estas leyes no resuelven crisis; las perpetúan, engañando al pueblo con promesas de "soberanía" mientras el régimen acumula poder sin rendir cuentas.
Maduro ha elevado la emergencia económica a un ritual anual, declarándose más de 12 veces desde 2016 sin aprobación real del Parlamento opositor, violando la Constitución. El primero, en enero de 2016, invocó una "guerra económica", para justificar intervenciones en empresas privadas, control de precios y racionamiento de divisas, lo que generó colas interminables por alimentos y medicinas, y una recesión que contrajo el PIB en un 4.5% este año.
En mayo de ese mismo año, extendió el "Estado de Excepción y Emergencia Económica" por 60 días (prorrogable indefinidamente), prohibiendo protestas y restringiendo la libertad de expresión, bajo el alegato de un "golpe de Estado" orquestado por EE.UU. y Álvaro Uribe.
En 2025, el decreto del 8 de abril —aprobado por la Asamblea chavista el 10 de abril— responde a aranceles estadounidenses, permitiendo a Maduro suspender impuestos, intervenir en el comercio y "combatir la evasión fiscal" de manera discrecional, lo que analistas ven como una profundización de la concentración de poder y la erosión de garantías económicas. Estas medidas no combaten la crisis; la usan para chantajear a importadores y justificar la corrupción, mientras el pueblo sufre hambre y el régimen culpa al "imperio"
Chávez usó versiones precursoras, como decretos de emergencia por lluvias en 2010, para requisar bienes y movilizar fuerzas armadas, pero Maduro las ha hecho sistémicas, convirtiendo la «emergencia» en norma para que su dictadura no conozca límites.
"Reformas Constitucionales y Control Judicial": El desmantelamiento Institucional (Chávez como pionero, Maduro como ejecutor).
Fue Chávez quien inició el camino autoritario con la "Reforma Constitucional de 2007", que buscaba eliminar los límites de reelección presidencial y expandir el poder ejecutivo, que le permitiera gobernar indefinidamente bajo el disfraz de "democracia participativa". En 2009, reformó la "Ñey de Conscripción Militar"para alistar obligatoriamente a civiles, creando las Milicias Bolivarianas como herramienta de represión interna.
Maduro completó la faena en 2015-2017 con la disolución efectiva de la Asamblea Nacional opositora, creando una «Asamblea Nacional Constituyente» paralela en 2017 para legislar sin oposición, bajo el pretexto de "paz y estabilidad". Esto incluyó el control total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha avalado todos los decretos de excepción, y la persecución de jueces independientes, como el caso de la magistrada María Lourdes Afiuni en 2009 bajo la dictadura de Chávez. El resultado: un sistema donde el «pueblo» es invocado para legitimar la dictadura, pero sus derechos —a la protesta, a la información— son suspendidos rutinariamente.
Tanto Chávez como Maduro han usado decretos para expropiar cientos de empresas, desde el Banco de Venezuela en 2008 hasta siderúrgicas y ferreterías en 2010, alegando "emergencia nacional" por la crisis alimentaria que ellos crearon con controles de precios. Bajo Maduro, esto se extendió a viviendas en 2014, obligando a dueños de propiedades de alquiler a venderlas al Estado o enfrentar multas, exacerbando la escasez de 3 millones de hogares inadecuados.
Estas acciones, similares a las requisas en estados de excepción, han hundido la economía: dependencia del petróleo, hiperinflación y pobreza al 75% de los hogares, todo culpando a los "oligarcas" o a las «sanciones», mientras el régimen saquear los dineros de la nación y perpetra crímenes de lesa humanidad.
Las medidas de Chávez y Maduro —desde leyes habilitantes hasta decretos de emergencia— forman un entramado diseñado para someter al pueblo venezolano bajo ilusiones de «revolución» y «defensa nacional». No hay soberanía en un país donde el hambre mata niños, la represión encarcela periodistas, la justicia es un títere y las instituciones maniatadas del estado son postradas ante el narcotráfico y el terrorismo internacional. La comunidad internacional, incluyendo la CPI, debe presionar por el fin de esta impunidad, revocando estos abusos y apoyando la transición democrática. El verdadero Estado de conmoción es el de un pueblo traicionado, pero su resistencia es la esperanza de libertad. ¡Venezuela no se rinde
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