La posible activación del estado de conmoción amenaza con detenciones arbitrarias, censura de medios, restricciones de tránsito y mayor vulnerabilidad de los ciudadanos ante el poder del Ejecutivo
Esta fotografía muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
AFP
La amenaza del dictador Nicolás Maduro de activar un estado de conmoción en Venezuela como respuesta al cerco naval de Estados Unidos en el Caribe por el llamado Cartel de los Soles abre un nuevo capítulo de incertidumbre política y social. Aunque no se ha aplicado en más de dos décadas de chavismo, su sola mención deja entre ver la intención del régimen de blindarse a costa de mayores restricciones a los derechos ciudadanos.
Por Reyes Ureña
“Un estado de conmoción exterior es una medida excepcional prevista en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela que permite al Ejecutivo suspender garantías constitucionales cuando el país enfrenta una amenaza externa grave. Se decreta por hasta 90 días (prorrogables) y otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para actuar en defensa de la nación, incluyendo movilización militar, control de medios y restricciones a derechos civiles”, dijo en contacto con DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado constitucionalista Carlos Sarmiento Sosa.
El experto analizó la coyuntura actual y señaló que “en caso de que fuera decretado un estado de conmoción exterior como respuesta a las acciones de EEUU en el Caribe en combate contra el narcotráfico, es difícil de predecir porque se trataría de avanzar hipótesis sin suficiente fundamento. Sin embargo, una vez decretado, en lo interno podría usarse para concentrar aún más el poder en el Poder Ejecutivo, en desmedro de la ya debilitada separación de poderes”.
Y lo más delicado, añadió es que el experto es que “bajo el pretexto de una amenaza externa, se podría incrementar la persecución de opositores civiles y militares considerados incómodos, como han advertido algunos analistas. Desde el punto de vista de los efectos para el exterior, podría aumentar la tensión geopolítica y justificar acciones militares preventivas de las fuerzas militares norteamericanas en el Caribe”.
Por su parte, el también abogado constitucionalista Nelson Chitty puso el foco en la erosión institucional que vive el país sudamericano.
“En Venezuela, si somos serios, diremos que no se cumple con la Constitución. Venezuela vive la hora de la desconstitucionalización, de la desrepublicanización, de la desinstitucionalización y de la desconvencionalización, que en términos sencillos te dicen que en Venezuela se usa y se abusa de las vías de hecho”.
Chitty también alertó sobre los riesgos concretos para los ciudadanos si la dictadura activa el estado de conmoción.
“Él (Maduro), como presidente de facto puede decretar, él puede instruir la constricción forzosa. ¿Qué significa eso? Bueno, es salir a la calle. Aquella recluta de otros tiempos puede adelantarla. Puede incluso hacerse de los haberes de las personas jurídicas (…)”.
Las voces de Sarmiento Sosa y Chitty coinciden en un punto clave: aunque el estado de conmoción exterior está previsto en la Constitución, su aplicación en este escenario podría ser la excusa perfecta para un nuevo ciclo de concentración de poder, persecución política y mayor aislamiento internacional.
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