Fiscales, investigadores, jueces y la prensa de Brasil, han realizado un gran trabajo develando la red de corrupción política transnacional conocida como “Lava Jato”. Han mostrado al mundo como por decisión política Lula Da Silva, Dilma Rousseff y sus gobiernos, armaron una trama de corrupción con fondos de Brasil, empresas constructoras brasileras y gobiernos del Foro de Sao Paolo, castristas, socialistas, afines y los que querían subordinar. Pero, ante la arremetida de los corruptos que aún gobiernan en Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y otros países, los nombres de quienes recibieron sobornos siguen sin publicarse y los fiscales brasileros que tienen toda la información corren el riesgo de convertirse en cómplices o encubridores de los poderosos corruptos.

Recordemos que el “Lava Jato” comenzó investigando lavado de activos y llegó a Petrobras que licitaba obras a grandes empresas constructoras de Brasil como parte de un programa impulsado por Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff. Para favorecer la contratación pedían sobornos de más o menos el 3%, que distribuían entre políticos y empresarios. La fiscalía de Brasil estima que solo “entre 2004 y 2012 cerca de 8.000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal”. Este mecanismo de corrupción fue internacionalizado mediante obras de construcción con empresas brasileras y casi todos los gobiernos de países latinoamericanos del 2003 en adelante entraron en la red que recibió mas de 3.000 millones de dólares en sobornos.

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Marcelo Odebrecht (tercero de derecha a izquierda) aparece en primera fila junto al gobernante cubano Raúl Castro, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el vicepresidente cubano Ramiro Valdés y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el 27 de enero de 2014, durante la inauguración de la ampliación del Puerto de Mariel, en Cuba.
Marcelo Odebrecht (tercero de derecha a izquierda) aparece en primera fila junto al gobernante cubano Raúl Castro, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el vicepresidente cubano Ramiro Valdés y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el 27 de enero de 2014, durante la inauguración de la ampliación del Puerto de Mariel, en Cuba.

Conocido públicamente el escándalo, procesado Lula da Silva y destituida Dilma Rousseff, al trabajo del sistema de justicia brasilero sobrevino la acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de inmediato los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Cuba y otros se movieron oficialmente, como “acciones de estado” para evitar que se conozcan los nombres de los políticos implicados en la recepción de sobornos de la empresa Odebrecht y otras. Han logrado hasta ahora tanto éxito que por ejemplo Rafael Correa pudo pasar las elecciones en Ecuador sin que se conozcan –ni desde Brasil ni desde Estados Unidos- los nombres de los corruptos, entre los que estarían él mismo y su entorno que sigue en el gobierno de Lenín Moreno. Ni los pedidos de congresistas de EEUU han logrado que las autoridades brinden la información. La reserva se ha convertido en FALTA DE TRANSPARENCIA.

Para evitar que se conozcan oficialmente los nombres de los gobernantes, políticos y funcionarios que recibieron las coimas, los gobiernos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI han tapado el asunto con el control de todos los poderes del estado y de la prensa como sucede con Cuba y Venezuela; otros como Ecuador han simulado perseguir la corrupción implicando sus delitos a chivos expiatorios y en algunos casos a inocentes con ruidosas operaciones, manipulando sus sistemas de justicia y tapando los nombres de los principales; Bolivia y Nicaragua pretenden pasar desapercibidas ya que el asunto se ha concentrado en Odebrecht cuando en verdad se trata de contratos con casi 15 empresas brasileras de las que varias han hecho negocios con los regímenes de Evo Morales (Odebrecht, Quiroz Galvao, OAS, Camargo Correa) y los Ortega (Odebrecht, Quiroz Galvao).

Para que se conozca la verdad es necesario que los miles de folios y expedientes sean públicos y accesibles a la prensa libre del mundo. Pero permanecen tapados y secretos hasta ahora por las acciones de presión diplomática, política y jurídica que son simplemente de encubrimiento, en las que los gobiernos castristas y sus aliados de corrupción de otros países han puesto todo su esfuerzo. Por eso los mayores avances en el conocimiento de la verdad se han concentrado en los países con democracia, prensa libre y nuevos gobiernos no comprometidos con los sobornos, como Argentina y Perú.

Las acciones para evitar que se sepan oficialmente los nombres de los corruptos latinoamericanos van desde acciones políticas y de publicidad hasta acciones delictivas. Están tratando de mostrar “que todos los políticos brasileros estuvieron metidos en la corruptela”; profundizar al máximo la crisis política brasilera; usar mecanismos relativos al “secreto de investigación” para tapar los nombres; emplear falsamente el principio de “soberanía” para reclamar el monopolio de la información en manos de los propios corruptos para que la laven y manipulen a su gusto; hacer “convenios de colaboración” entre los estados con el mismo fin; contratar costosos grupos de influencia, lobbies y de abogados para ahogar la información; buscar sobornar y amenazar a investigadores, fiscales y jueces con amenazas incluso contra su vida…. ¡Es la mafia, no podría ser de otra manera!

Por eso la tremenda responsabilidad de fiscales, jueces y prensa libre de Brasil es ahora la INFORMACIÓN TOTAL, la transparencia y la apertura varias veces ofrecida de TODA LA DOCUMENTACIÓN SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. NO hay pretexto válido, ya que no hay riesgo alguno a la investigación. La gente sabe quiénes son los corruptos y solo necesitan confirmarlo. Se trata de un asunto de orden público internacional donde alegatos de soberanía, estabilidad, no intervención o colaboración interinstitucional se han convertido en pretextos de los corruptos para protegerse y seguir reteniendo el dinero mal habido que debe ser restituido a los pueblos.

La reticencia a entregar la información total de parte de investigadores, fiscales y jueces que la poseen son malas señales, dan impresión de colaboración pero para la impunidad, pueden interpretarse como favores a los corruptos, un apoyo a gobernantes como los Castro, Maduro, Morales, Ortega y…… a quienes sus pueblos empobrecidos y robados piden cuentas. Los luchadores por la justicia, los buenos fiscales y jueces no merecen quedar convertidos en encubridores y menos en cómplices de la corrupción.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchez.berzain.com

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