En fecha reciente, el fiscal general de EEUU, William Barr anunció cargos criminales relacionados con narcotráfico contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y más de una docena de funcionarios de su régimen autoritario. Además de ofrecer una recompensa de $15 millones por información que conduzca al arresto de Maduro, los cargos fortalecen los esfuerzos de Estados Unidos de evitar que el cartel de Maduro lave sus ganancias ilícitas a través de bancos estadounidenses.
Los cargos alegan que durante más de 20 años, Maduro y miembros de alto rango de su gobierno corrupto conspiraron con terroristas colombianos para traficar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, contribuyendo al sufrimiento de millones de estadounidenses y financiando el régimen represivo y brutal de Venezuela.
Bajo Maduro, grupos terroristas antiamericanos han convertido a Venezuela en un "estado mafioso" con estrechos vínculos con los regímenes autoritarios en Cuba e Irán. Afortunadamente, el presidente Trump ha aprovechado la pausa en la actividad comercial para aumentar los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe. En conjunto con las iniciativas de seguridad fronteriza de la administración, cada día los narcotraficantes tienen menos oportunidades para introducir su producto mortal en nuestro país.
Las implicaciones de estos pasos son grandes, porque el régimen de Maduro depende de efectivo ilícito para perpetrar innumerables crímenes contra el pueblo venezolano. Más de una quinta parte del pueblo venezolano se está muriendo de hambre debido a la corrupción y la mala gestión económica del régimen socialista, que continúa utilizando la violencia contra disidentes y manifestantes, y ha asesinado, herido y detenido a miles de personas inocentes.
El presidente Trump actuó rápidamente al reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela cuando Maduro manipuló descaradamente las elecciones nacionales y luego se negó a aceptar los llamados por su renuncia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el objetivo de la política estadounidense hacia Venezuela siempre ha sido garantizar la libertad el pueblo venezolano, no dictar un resultado político específico. Por eso la administración Trump acaba de anunciar un Marco de Transición Democrática basado en los conceptos que Guaidó y sus aliados han apoyado anteriormente.
La propuesta requiere elecciones libres y justas para que el pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino. También exige la creación de un consejo electoral nuevo e independiente en Venezuela para garantizar la equidad, así como una Corte Suprema nueva e imparcial. También insiste que el gobierno venezolano se abstenga de censurar a los medios.
Aún cuando el presidente Trump moviliza a Estados Unidos para combatir el coronavirus, su administración sigue comprometida con defender los derechos humanos y la democracia, tanto en nuestro país como en el extranjero. Al aumentar la presión sobre el régimen socialista de Venezuela, el presidente Trump le recuerda al mundo, y sobre todo al pueblo venezolano, que los Estados Unidos nunca dejarán de luchar por la justicia y la libertad.
John Pence (@JePence) es un asesor de la campaña del presidente Trump. Es graduado de The College of William & Mary; esta graduado en Leyes, de la Facultad de Derecho Maurer de la Universidad de Indiana; también está graduado en Negocios de la Universidad de Nueva York.
