El pasado 17 de junio se llevó cabo la audiencia oral por la masacre de Oscar Pérez y seis personas más, en la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica.
En todo este proceso las víctimas han estado representadas por la ONG Foro Penal cuyo director Alfredo Romero intervino en representación de las víctimas.
Ahora solo queda esperar que la Corte se pronuncie sobre la responsabilidad extrajudicial, la responsabilidad del Estado por haber usado la fuerza ilegítima y desproporcionada con armas de guerra aun cuando las víctimas se habían rendido y aceptaban un proceso de negociación, y sobre el objetivo planificado de masacrarlos y eliminar con su muerte una influencia moral en los venezolanos, aniquilando a un líder y político, haciendo desaparecer su discurso y su pensamiento.
Quienes tuvieron acceso en esa época a inteligencia policial aseguran que fue el mismo 27 de junio de 2017 cuando el inspector del CICPC, Oscar Pérez, fue sentenciado a morir por la élite del régimen de Nicolás Maduro. La reacción se produjo apenas vieron las imágenes del intrépido funcionario sobrevolando Caracas, luego de apoderarse de un helicóptero de ese organismo policial desde donde desplegó una pancarta que decía “350 Venezuela… libertad”. Ya antes Oscar había difundido un video declarándose parte de una coalición de militares, policías y civiles contra el gobierno.
Por esos días el país estaba agitado por protestas que eran salvajemente reprimidas y que dejaron un saldo de 134 muertos.
Poco después del evento del helicóptero, Oscar Pérez se fue a la clandestinidad hasta que el 15 de enero de 2018 fuerzas militares y policiales atacaron con complejos equipos de guerra una vivienda en la vía hacia El Junquito, donde el policía se alojaba junto a otras seis personas, identificadas como Abraham Agostini, Lisbeth Ramírez, Daniel Soto, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos y José Díaz Pimentel.
Contra ellos fueron desplegados 600 efectivos de tropa, apertrechados con gran variedad de armas y municiones de guerra junto a dos tanquetas blindadas y un helicóptero.
Fue una masacre claramente diseñada.
Además, nadie debía contarlo. Por eso se bloqueó el acceso a los medios de comunicación en un radio de 2 kilómetros, mientras miembros del régimen como Iris Varela y Diosdado Cabello anunciaban en sus redes sociales que Oscar Pérez y sus acompañantes habían muerto.
Sin embargo, no pudieron evitar que antes de la consumación del crimen, Oscar Pérez enviara por redes sociales tres videos en los que ratificaba su disposición de entregarse. El primero fue a las 7 y media de la mañana cuando reportó que ninguno estaba herido pero que los estaban atacando. Y efectivamente a las 10 de la mañana, Oscar Pérez con su cara sangrando, denunció que les estaban disparando a pesar de que se querían entregar.
Evidencia forense en manos de la Corte prueba que todas las víctimas además de ser ajusticiadas con tiros de gracia fueron salvajemente golpeadas y acuchilladas.
Luego de la masacre la escena del crimen fue pulverizada en un intento de hacer imposible el hallazgo de evidencias.
Este proceso judicial se inició ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2019 cuando el Foro Penal introdujo la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Alfredo Romero, insiste en que el primer objetivo es determinar la verdad de lo que ocurrió lo que permitirá hacer justicia, reivindicando a las víctimas asesinadas.
Pero, además, para Romero es urgente establecer que el sistema judicial ha sido cómplice encubridor de todo este proceso; que hay un sistema represivo que el régimen viene utilizando para perseguir, para intimidar.
En esta audiencia que duró más de 6 horas, se ratificó el uso de la fuerza y una actuación ilegítima, pero también se logró demostrar cuánto se ha visto afectada la dignidad de los familiares de las víctimas, a quienes para su mayor dolor les impidieron hacer un entierro decente, en un lugar apropiado. Todos han sido amenazados, perseguidos, algunos incluso, apresados. Y hasta, en el mejor estilo del régimen, se metieron en sus casas.
El director del Foro Penal insiste en precisar el hecho de que los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Oscar Pérez y sus compañeros, son los mismos que destruyeron evidencias y obstaculizaron la investigación, y que ahora, aún en el poder, están planteando reformar la justicia penal para amarrar el poder judicial y las fuerzas represivas.
Porque este régimen, es igual que el régimen anterior; solo ha cambiado de manos. Por eso pretende prolongar la violación de los derechos humanos, el uso ilegítimo de la fuerza, y utilizar el sistema de justicia como arma de persecución política para castigar a víctimas y dar impunidad a victimarios.
