La reconciliación política y las víctimas

Se trata de una cuestión legítima y urgente. Y aunque no existen procesos de reconciliación política perfectos, la consideración de lo ocurrido, por ejemplo, en la Sudáfrica de la década de los noventa, en la España de 1977 y 1978, en Chile a partir de 1990 o en Irlanda del Norte en 1998, por ejemplo, arrojan pistas sobre el tipo de esfuerzos sociales, educativos, políticos, legales y de otra índole, que pueden realizarse para facilitar unas condiciones básicas de convivencia.

Antes de seguir con el razonamiento de este artículo, toca aclarar a qué llamo ‘reconciliación política’. Me refiero a la tarea colectiva que nos toca afrontar a los venezolanos para que, superada la narco dictadura, en Venezuela se establezcan las condiciones necesarias para una convivencia en libertad que haga posible una nación democrática, productiva y digna.

Estoy entre los que asumen que este proceso de reconciliación es necesario, que la viabilidad de la próxima Venezuela pasa por acordar los mecanismos que permitan convivir y gestionar las diferencias. Desde hace años se viene produciendo una corriente política y de opinión, en las calles y en todo el territorio, que consiste en la configuración de una mayoría indiscutible que rechaza al régimen de forma categórica, realidad que, hay que reconocerlo, facilita las cosas. El número de personas que todavía mantienen algún apego a la dictadura es exiguo y en declive, tal como lo señalan y ratifican las encuestas claramente desde 2014. Al contrario, el número de quienes aspiran a un estatuto de convivencia democrática es cada vez mayor. Este escenario autoriza a pensar que avanzar en la reconciliación social de Venezuela es ciertamente factible.

Sin embargo, hay en el poder actual una pretensión, que debe ser observada con rigor y cuidado: que la agenda de la reconciliación incorpore una especie de política de perdón universal a los funcionarios civiles y militares que han protagonizado toda clase de delitos (corrupción, narcotráfico, contrabando), lo que incluye a los responsables de crímenes de lesa humanidad: asesinatos, torturas, persecución, violencia sexual, prisión injustificada, deportaciones y otros afines. El régimen pretende mezclar las dos dimensiones -la dimensión social y ciudadana de la reconciliación política, con la dimensión de justicia que deben encarar los responsables de los delitos cometidos-, para así alcanzar un estatuto generalizado de impunidad.

¿Pero es posible que las instituciones -a través de leyes y otros mecanismos- establezcan políticas de no castigo a narcotraficantes, corruptos y torturadores, es decir, políticas de impunidad, sin escuchar a las víctimas, sin incorporarlas al debate sobre cuál debe ser el futuro inmediato de los perpetradores de los delitos cometidos?

No es posible. Y no lo es, no solo porque la sociedad está en el deber moral y político de escuchar a las víctimas, de atender a cada palabra de los innumerables testimonios sobre sus padecimientos, sino porque tampoco los autores de los delitos pertenecen todos a una misma categoría: también los delitos son clasificables, son más o menos graves, de menores y mayores consecuencias, han afectado las vidas de los inocentes en mayor o menor medida. No solo es fundamental crear las condiciones y escenarios para que las víctimas hablen y sean escuchadas, también es necesario, por difícil de aceptar que sea para muchos, escuchar a los perpetradores que quieran explicarse, confesar sus motivaciones y acciones, narrar los hechos en que participaron, explicar el contexto en que ocurrieron los delitos.

Como sabemos, el perdón no es una práctica excepcional. El que ha sido por más de dos milenios uno de los ejes esenciales de la civilización judeocristiana, constituye uno de los engranajes de la vida en comunidad. El perdón se ejerce en las parejas, en las familias, en las relaciones entre maestros y alumnos, en las relaciones laborales, en los intercambios económicos, en disputas y conflictos de todo orden, en la cotidianidad y en los grandes asuntos de la Justicia y el Estado. Pedir perdón y concederlo son requisitos ineludibles de la vida en común.

Si lo comparamos con el estatuto que las víctimas tenían hace unas décadas o hace uno o dos siglos, podremos constatarlo fácilmente: las víctimas han adquirido una preponderancia, un protagonismo, un reconocimiento que no tenían en otros tiempos. De hecho, las víctimas tienen una relevancia pública cada vez más consolidada. Todavía más, hay expertos que denuncian a menudo el victimismo reinante en los tiempos que corren.

Pero lo que no podría ocurrir en Venezuela es que las víctimas no reciban la consideración que merecen; que se las obvie por el deseo de algunos de imponer una estrategia de “pasar la página”; que no se diseñen herramientas para que se expresen; que no se inventen mecanismos para su representación: sostengo que estas omisiones resultarían inaceptables y harían muy accidentado y casi imposible un proceso sostenible de reconciliación.