El 15 de diciembre de 1791, el Congreso de los Estados Unidos ratificó las 10 primeras enmiendas a la Constitución, conocidas en conjunto como la Ley de Derechos. La primera de esas enmiendas dice: “El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión, o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios.”
En consecuencia, parece ir en contravía de la Constitución la iniciativa de la administración del presidente Joe Biden en el sentido de crear una oficina cuya función sería la de regular qué tipo de información puede ser divulgada y cuál deberá ser censurada, una agencia que ya está siendo conocida popularmente como el ministerio de la verdad, pero que bien podría ser el de la propaganda, al mejor estilo de instituciones similares que existieron en el bloque soviético y sobreviven en la Cuba castrista.
Una característica intrínseca e inevitable de todos los regímenes autoritarios, independientemente de su orientación ideológica, es el establecimiento de una interpretación oficial de los hechos, de un suministro de información “oficial,” y de un aparato de censura que condene al ostracismo los intentos de divulgación de cualquier narrativa que no sea la que convenga al régimen de turno, o que pueda convenir a quienes se le oponen.
Una vez se establece cuál es la “verdad oficial,” y se criminaliza la divulgación de cualquier otra versión de los acontecimientos, el régimen utiliza entonces su poder para encarcelar periodistas, perseguir medios de comunicación y bloquear a los usuarios de las redes sociales, y ejerce sus influencias persuasivas para asfixiar económicamente a los que no comulgan rigurosamente con sus posiciones. No solamente se desconocen así los derechos de los profesionales del periodismo y de los medios de comunicación, sino que se viola el sagrado derecho de los ciudadanos a informar y estar debidamente informados, a recibir una reseña cabal de los hechos, desde distintos puntos de vista, y la mayor cantidad posible de elementos de juicio, para que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones.
La administración Biden y los demócratas vienen argumentando, desde hace tiempo, que existen campañas orquestadas de desinformación que podrían haber perjudicado el libre ejercicio democrático en los Estados Unidos. Y puede ser cierto, durante los años del gobierno del presidente Donald Trump, cuando ya ellos controlaban la casi totalidad de los grandes medios que aún dominan, esos medios emprendieron en contra del entonces presidente la más implacable campaña de descrédito de que haya sido objeto funcionario alguno en la historia de los medios masivos de comunicación de este país. A Trump lo condenan por denunciar un presunto fraude en las elecciones del 2020, los mismos que olvidan convenientemente que Hillary Clinton hizo lo mismo luego de ser derrotada en las del 2016, y que públicamente desconoció la victoria de su contrincante, declarando a los cuatro vientos “ese no es mi presidente.”
Ocultar intencionalmente información es una de las más deplorables maneras de desinformar. Resulta totalmente inaceptable que los grandes medios de comunicación en este país continúen ignorando las evidencias incontestables de que el hijo del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, traficó con influencias de su padre para beneficio de sus clientes internacionales, y que el hoy presidente Biden se benefició financieramente de esas maniobras. Como resulta también inaceptable que los mismos medios que dedicaron tiempo y espacio para divulgar noticias sobre una presunta colusión entre Trump y los rusos en favor de su campaña, ahora se abstengan de informar que, de acuerdo con evidencias presentadas ante la corte, fueron los demócratas y la campaña de la Sra. Clinton quienes montaron tan condenable patraña.
A Biden y a los demócratas no les interesa la verdad. Lo único que quieren con esta monstruosidad antidemocrática y antiamericana es condenarnos a asimilar exclusivamente la versión de los hechos que a ellos les conviene, al tiempo que nos niegan nuestro inalienable derecho a ver las cosas desde cualquier otro ángulo. Fue justamente ese derecho el que quisieron garantizarnos los fundadores de esta nación, cuando promulgaron la primera enmienda de nuestra sagrada Constitución.
