No somos realmente parte de la familia. No contamos para decidir. No tenemos voz en las reuniones familiares ni aparecemos en las fotos oficiales. Pero, cuando llega la hora de pagar la cuenta, descubrimos que siempre fuimos miembros queridos, indispensables y, sobre todo, deseados de vuelta por el padre que nos desterró.
El último recordatorio de esta relación familiar viene de un grupo de trabajo de la Universidad de Harvard, que acaba de publicar un documento sobre la crisis cubana. El informe concluye que Cuba no podrá superar su situación sin cambios políticos inmediatos.
Muy bien.
Los autores proponen una transición pacífica que incluya amnistía para los presos políticos, derogación de leyes represivas, descriminalización de la protesta y libertad de expresión.
Magnífico.
Pero ahí no termina el asunto.
El documento analiza la crisis económica y política de la isla y señala las erradas políticas económicas del régimen, poniendo la responsabilidad sobre Miguel Díaz-Canel, “el presidente” que, naturalmente, ningún cubano eligió. Curiosa precisión en un país donde la responsabilidad, al menos en teoría, pertenece a un sistema colegiado: Consejo de Estado, Consejo de Ministros, Comité Central del Partido Comunista, Asamblea Nacional del Poder Popular y toda la arquitectura institucional que durante décadas ha funcionado como una enorme máquina colectiva para gobernar sin que nadie, aparentemente, sea responsable de nada. Pero hay algo todavía más interesante.
La propuesta de amnistía para los presos políticos no parece estar concebida únicamente como una medida de justicia para quienes están encarcelados por pensar, protestar o expresarse libremente. Según el documento, la misma debería provocar una “respuesta inmediata, positiva y contundente” del gobierno de Estados Unidos. Tal parece que esa es la motivación de este selecto grupo.
Es decir, el preso político cubano sale de la cárcel y, casi simultáneamente, Washington tiene que darlo todo. ¿Cuántas veces hemos visto presos salir de sus injustos y prolongados encierros por miles, decenas o individualmente y nada ha cambiado? Es aquí donde aparece la parte verdaderamente novedosa de la propuesta: Estados Unidos tendría que proporcionar “los recursos iniciales necesarios” para contribuir a estabilizar la economía cubana. ¡A los mismos que les confiscaron sus propiedades y les dijeron “Yankee go home”!
También se requiere la ayuda de quienes la revolución confiscó sus negocios, sus casas, sus tierras, sus fábricas, sus cuentas bancarias y sus propiedades y que luego tuvieron que comenzar de cero en otro país, y son ahora los llamados a aportar los recursos para estabilizar la economía del sistema que los despojó de todo bajo el amparo de la Constitución socialista. Las víctimas financiando la recuperación del victimario. ¡Vaya concepto revolucionariamente conveniente!
El informe considera que Cuba debe entenderse como una nación transnacional que incluye a los cubanos de la diáspora. Me encanta la idea. Después de más de seis décadas diciéndonos gusanos, apátridas, traidores, escoria, terroristas y cuanto calificativo produjo el vocabulario revolucionario, finalmente descubrimos que ahora somos cubanos. Bienvenidos a casa los hijos pródigos listos a invertir. Pero, por favor, no olviden la chequera.
Otro aspecto de nuestra nueva misión, según el documento, sería utilizar nuestra influencia para conseguir que Estados Unidos flexibilice las políticas comerciales y crediticias hacia Cuba, obtenga ayuda económica para enfrentar la crisis y ponga fin a la Ley Helms-Burton. Ahora vamos a cabildear para el régimen. Estoy, como dicen en España, “flipada”. Le vamos a entregar todo a los que destruyeron el país para que sean ellos y su incompetencia los que solucionen el problema que crearon. Los hijos relegados debemos utilizar la influencia que logramos fuera de Cuba, en una sociedad democrática, capitalista y plural, para ayudar a eliminar las sanciones que se impusieron a un régimen criminal que no ha mostrado intención de reformarse.
Esa ley Helms-Burton que quieren que ayudemos a derogar no habla solamente de economía. Habla también de libertades, derechos, elecciones, pluralismo político, libertad de prensa y expresión y liberación de presos políticos. Se basa en que primero los cambios políticos y después, la normalización económica. Pero parece que algunos tienen la misma prisa del régimen por invertir el orden de los factores. Y eso recuerda demasiado al viejo argumento que ya hemos escuchado: cambien las condiciones económicas, entreguen créditos, levanten sanciones, permitan inversiones y después, algún día, cuando la revolución tenga tiempo, quizá hablamos de democracia. Los cubanos conocemos ese cuento. Llevamos 67 años escuchándolo.
Por eso tampoco deja de resultar curioso quiénes participan en la elaboración de esta propuesta. Algunos andan enseñando en la misma universidad, financiada por el capitalismo, predicando sobre los males del capitalismo; otros asesoraron al régimen de Raúl Castro y orgullosamente se llamaron revolucionarios mientras defendían el proceso; algunos aún mantienen posiciones socialistas y otros que no son cubanos estuvieron asociados a la política de acercamiento de la administración Obama hacia Cuba, aquella etapa en la que parecía perfectamente posible hablar de apertura mientras Raúl Castro continuaba ejerciendo el poder. Quizás por eso muchos cubanos leemos estas propuestas con una mezcla de desconfianza y aburrimiento. Porque no somos ni nosotros ni Estados Unidos los que tienen que cambiar, es el régimen comunista de Cuba.
Los cubanos del exilio ya sabemos lo que ocurre cuando se confía en promesas de cambio sin garantías. También sabemos lo que significa reconstruir una vida después de que un régimen socialista te lo ha quitado todo. Por eso resulta difícil aceptar que ahora se nos convoque como “nación transnacional” para salvar económicamente aquello mismo de lo que nuestros padres, abuelos y nosotros tuvimos que escapar. Y mucho menos para que utilicemos nuestra influencia en Washington para eliminar las condiciones que exigen cambios políticos. El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez Oliva Fraga ya hizo una invitación parecida: que los cubanos del exilio inviertan en Cuba. Una inusual oferta a nuestro dinero en un país donde no existen garantías jurídicas para proteger esa inversión.
El informe del grupo de Harvard lo presenta con ropaje académico, aunque pide lo mismo que una vulgar dictadura. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿Por qué tienen las víctimas que rescatar al victimario? Cuba necesita ayuda. Necesita inversión. Necesita reconstruir sus hospitales, sus escuelas, sus viviendas, sus industrias y su infraestructura. Necesita desesperadamente recuperar su economía. Pero antes necesita algo mucho más elemental: libertad y que el cubano tenga derechos. No se puede pedir al exilio que vuelva a ser familia solamente cuando hacen falta inversiones e influencia política.
Los cubanos que vivimos fuera somos parte de una Cuba que sobrevivió precisamente porque salimos de ella. Y si algún día regresamos a esa casa familiar, no será para pagar las deudas de quienes la destruyeron. Será para ayudar a reconstruirla en libertad y democracia. Trabajando hombro con hombro. Con las puertas abiertas, no por lo que valemos, pero porque somos cubanos o descendientes de cubanos. Sin rejas para encerrar a quienes discrepan y, sobre todo, con el derecho de todos sus hijos, sin que un régimen determine quiénes pueden entrar o salir. Porque después de 67 años de la más feroz de las dictaduras, aprendimos la lección más importante:
No basta con remodelar la casa ni cambiar los muebles si los antiguos dueños siguen teniendo la llave.
