Durante la década de 1790, el primer gobierno federal estadounidense, encabezado por George Washington, tuvo que lidiar con grandes retos como el caos financiero creado por la Revolución Americana, pues los estados tenían enormes deudas amén de una inflación desbocada.
Washington eligió a Alexander Hamilton, quien había servido junto a Washington durante la guerra, para dirigir la política económica como secretario del Tesoro.
Hamilton se convertiría en el principal defensor de una economía capitalista moderna y sus innovadoras políticas financieras ayudaron a superar los problemas fiscales sin olvidar a la élite económica con la que tenía estrechos vínculos.
Para suerte del presidente Washington, dado que su agenda no representaba a ningún partido político en especial, sino a los intereses de la nación, su plan de recuperación económica se pudo implementar con éxito.
Sin embargo, la situación ahora es diferente porque dada la polarización existente en el país, la política se ha convertido más en parte del problema que de la solución.
El presidente Joe Biden lo sabe por experiencia propia, ya que su proyecto de ley Construyendo Mejor, o Build Back Better en inglés, de $1.9 billones, permanece estancado en el Senado y sin posibilidad de aprobación para lo que queda de año.
Con está legislación, La Casa Blanca esperaba “poner a Estados Unidos en el camino para cumplir sus objetivos climáticos, crear millones de empleos bien remunerados, permitir que más estadounidenses permanezcan en la fuerza laboral e impulsar la economía”, según explica la página web de la Administración.
Pero, a pesar de que el Partido Demócrata es mayoría en el Congreso y el plan de Biden podría aprobarse por mayoría simple, la oposición de uno de los suyos ha puesto el programa en un callejón sin salida.
Los centristas, encabezados por el senador demócrata Joe Manchin, de West Virginia, están preocupados por los costos del programa y su impacto en la inflación, mientras que los progresistas liberales sienten que es el momento de impulsar sus causas sociales.
En un universo político ideal, ambas partes llegarían a un consenso, pero, como también descubrió el expresidente Barack Obama con su proyecto de ley de salud Obamacare, cuando la legislación es tan detallada, compleja y costosa, el compromiso es difícil de alcanzar.
Ahora y a pesar de sus 36 años en el Congreso sirviendo como senador, Biden, que esperaba con optimismo que su proyecto se convirtiera en ley antes de Navidad, ahora se encuentra decepcionado.
Desafortunadamente en Washington nunca hay una vía fácil para ninguna administración, especialmente cuando cuentan con una pequeña mayoría que hace posible que la oposición de una sola persona dentro del propio partido ocasione innumerables obstáculos.
Por ejemplo, con el programa que se aprobó en marzo pasado para enfrentar los efectos de COVID-19, el crédito fiscal se elevó de $2.000 a $3.000 por niño y $3.600 para niños menores de seis años, pero este acuerdo vence a fin de mes y Biden propone una extensión de un año.
Manchin no quiere eliminarlo, por el contrario, quiere que se extienda por diez años porque así reflejará su verdadero costo fiscal.
Sin embargo, se estima que una extensión de 10 años costaría alrededor de 1.5 billones de dólares. Además, Manchin, al querer restringir el programa Build Back Better a $1.75 billones, no deja mucho espacio para invertir en otros rubros.
Básicamente, las matemáticas no cuadran, pero para Manchin los números de las encuestas están de su lado en su estado de West Virginia. Un tradicional bastión republicano cuya economía se apoya principalmente en el carbón para la producción de electricidad, lo cual iría en contravía con las políticas de transformación a energías limpias contenidas en el megaproyecto de Biden para la protección del medio ambiente.
En todo caso, el nudo gordiano provocado por Manchin llevó a Goldman Sachs a disminuir rápidamente la perspectiva económica estadounidense, dado que ya no piensa que la legislación propuesta por el presidente Biden será aprobada por un Congreso estrechamente dividido.
"No aprobar el proyecto tiene implicaciones negativas para el crecimiento", según opinan economistas de la firma de Wall Street, que ahora esperan que el PIB crezca a un ritmo del 2% en el primer trimestre, por debajo del 3% que habían anticipado.
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