El pasado 19 de mayo fue oficialmente inaugurado con bombo y platillo el túnel que conectará el Puerto de Miami con las autopistas de la Ciudad.
Fue el gobernador Rick Scott, rodeado de otras autoridades, quien presidió el evento en el que se descubrió la flamante obra pública que componen dos túneles con vías de entrada y salida del puerto, de cuatro pisos de altura, unos 4.200 pies de largo y 40 pies de diámetro. n
A pesar de tanta publicidad y boato, ayer conocíamos que su apertura a la circulación ha sido aplazada.
Más de 1.000 millones de dólares se han invertido en la obra pero aún no se ha recibido el u201ccertificado de ocupación u201d que avalaría que su seguridad está garantizada. n
El pasado lunes, DIARIO LAS AMÉRICAS publicó en exclusiva que un grupo de trabajadores que ha participado en la construcción ha iniciado acciones legales contra la empresa francesa Bouygues, contratista del proyecto, a la que acusa de haberles obligado a realizar sus funciones bajo un régimen cercano a la esclavitud. n
El retraso en la apertura está derivando en una multa diaria de 115.000 dólares hasta que se autorice el acceso a los vehículos pero tanto el aplazamiento como la denuncia de los trabajadores provoca una gran inquietud entre la ciudadanía.
Es perfectamente lógico, legítimo y habitual que nuestras instituciones de Gobierno contraten una empresa privada para la realización de un proyecto de esta envergadura. Pero por otro lado, es también exigible a estas autoridades que controlen e investiguen el trabajo desarrollado.
Está en juego el futuro económico de la ciudad y el condado pero también la vida de miles de personas que van a utilizar los túneles a diario. Es momento de culminar el trabajo con todas las garantías.