La toma de posesión presidencial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, como presidente y vicepresidente respectivamente, es la crónica de una destrucción anunciada a la institucionalidad en Nicaragua, y es la instauración oficial de una dictadura dinástica, que ahora encabeza un izquierdista populista que participó en el derrocamiento de la dictadura somocista y gobernó durante el primer régimen sandinista en los 80.
La frágil democracia y el avance institucional logrado en Nicaragua durante los 16 años de gobiernos elegidos democráticamente (1990-2006), han sido destruidos por Daniel Ortega, tras su retorno al poder gracias al pacto (libero-sandinista) realizado en 1999, entre el entonces presidente de Nicaragua y líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Arnoldo Alemán, y Ortega.
A través de ese pacto hubo Reformas a la Constitución y a la Ley Electoral, entre ellas la reducción al 35% del porcentaje mínimo para ganar las elecciones, evitando así una segunda vuelta electoral cuando la primera fuerza superara en 5 puntos a la segunda fuerza política. Eso le facilitó la presidencia a Ortega en 2006, debido a que en las tres elecciones anteriores no pudo superar el 45% que entonces era necesario para imponerse por la vía rápida.
Con su retorno al poder, Ortega fue tomando control de cada una de las instituciones del estado, y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que hoy sin el menor rubor se declaran al servicio de la nueva dinastía.
Ese control le permitió a Ortega reelegirse de manera inconstitucional en el 2011, luego que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia judicial declarando inaplicable para Ortega y solo para él, el artículo 147 de la Constitución de la Republica. Ese artículo establecía la reelección solo por un término y no de manera consecutiva.
La Reforma a las leyes y la Constitución es competencia exclusiva de la cámara legislativa. Ortega logró reelegirse de manera consecutiva y para su tercer periodo.
En el 2014 la Cámara legislativa, con mayoría sandinista a través del fraude electoral en el 2011, reformó la Constitución despejando el camino para que Daniel Ortega se pueda reelegir de manera indefinida, logrando imponerse para su cuarto periodo presidencial, esta vez oficialmente de la mano de su mujer.
La pareja ha logrado no solo el control de los poderes del estado comprando voluntades con los miles de millones de dólares del petróleo venezolano, que también le ha permitido tener el control del 90 por ciento de los medios de comunicación.
Ortega asumirá su cuarto mandato producto de un alto abstencionismo en las elecciones, en medio de un descontento popular fundamentalmente en la zona rural, un movimiento que avanza y que podría ocasionar derramamiento de sangre y muerte, un escenario conocido, el mismo que llevó a Ortega al poder en 1979, junto a un grupo de guerrilleros que encabezaron la guerra contra Somoza, y el mismo escenario que derrocó al primer régimen sandinista en 1990.
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