A 17 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana (CDI), la región soporta cuatro dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, en caída y crisis, pero aún con poder suficiente para causar mucho daño con los crímenes que cometen a diario para mantenerse el poder. Son regímenes de delincuencia organizada que por su naturaleza no están en el ámbito de la actividad política sino en el del crimen. Por eso, es necesario que los políticos y líderes de las Américas se diferencien con claridad de los criminales que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, bajo riesgo de ser sus cómplices y encubridores.

Los países en los que el castrochavismo o sus aliados han perdido el poder, como la Argentina de los Kirchner, Brasil de Lula da Silva y Rousseff, Ecuador de Correa, Colombia y otros, soportan hoy la resaca de corrupción que ha dejado crisis económicas, problemas políticos y confrontación social. Pero además los actuales gobiernos democráticos de esos países, están bajo la presión de sostenidas y bien financiadas acciones de desestabilización, ejecutadas por los autores de graves delitos que siguen usando la política como medio de impunidad.

La política es una actividad de orden público en la que los ciudadanos tienen el derecho de participar como electores o como elegidos. A quienes optan por aspirar y ocupar funciones públicas, la democracia les señala que se trata de posiciones sujetas al mandato popular nacido de elecciones libres y limpias, al cumplimiento de la ley en el marco del estado de derecho, esencialmente temporales y con obligación de rendir cuentas.

Por eso, entre los elementos esenciales de la democracia proclamados por el Art. 3 de la CDI están el “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho”, las “elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, la “separación e independencia de los poderes públicos”.

Porque la política es una actividad inherente a la democracia, la CDI establece en su Art. 4 que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión publica, el respeto por los derechos sociales y la libertad de prensa”.

Por la ausencia y/o violación de los elementos esenciales de la democracia y de los componentes del ejercicio de la democracia para perpetuarse indefinidamente en el poder, los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son dictaduras. No sirve ya el argumento de haber llegado al poder la primera vez por elecciones, pues luego han falsificado y suplantado el orden legal con una cadena de delitos para imponer un nuevo sistema de “leyes infames” que les permite detentar ilegitima e ilegalmente el poder.

Los Castro en Cuba, Maduro Venezuela, Morales en Bolivia y Ortega/Murillo en Nicaragua son dictadores en el sentido literal del término, ya que “por la fuerza o violencia concentran todo el poder en una persona o en grupo u organización y reprimen los derechos humanos y las libertades individuales”. Dictaduras con la agravante de que no se trata de una posición ideológica o política, sino del ejercicio puro y duro de delitos -desde corruptela, asesinatos, torturas, falsificaciones, hasta narcotráfico y terrorismo- que los configuran como organizaciones de “delincuencia organizada”, de crimen común y no de actividad política.

La política es sustancialmente diferente de lo que hacen los Castro/Díaz-Canel apaleando y apresando Damas de Blanco cada semana, administrando su sistema de médicos esclavos o falseando una reforma constitucional sin libertad en Cuba.

La política es todo lo contrario a los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, torturas, persecuciones, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad que comete Maduro y su régimen en Venezuela, creando la crisis humanitaria que afecta a toda la región y al mundo.

La política no tiene nada que ver con los asesinatos, torturas y terror que ejecutan impunemente Ortega/Murillo en Nicaragua.

No es política la enésima masacre cometida por Evo Morales esta semana contra los cultivadores legales de coca de los Yungas, ni su reunión con el Presidente del Gobierno Español en un nuevo acto de entreguismo a cambio de simulación democrática.

Esto y más es lo que los pueblos de las Américas ven y cuestionan. Por eso los políticos y los lideres están emplazados a tomar acciones concretas para diferenciarse de los delincuentes de las dictaduras de crimen organizado.

Carlos Sánchez Berzaín. Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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