Cuando por fin se anunció, que las primeras vacunas para combatir al virus COVID-19 estaban a disposición del público, la noticia fue recibida como un nuevo triunfo de la comunidad científica pues, aunque se desarrollaron más rápido de lo normal, las pruebas realizadas por los laboratorios habían demostrado un alto nivel de protección.
En base a las buenas nuevas, Estados Unidos lanzó un ambicioso programa nacional para persuadir a todos de que reciban su dosis, para hacerle frente a la crisis sanitaria que estaba causando numerosas muertes y debilitando la economía.
De acuerdo con los últimos datos proporcionados el 13 de octubre de 2021 por la Agencia Nacional para el Control de Enfermedades Infecciosas o CDC, por sus siglas en inglés, el número de nuevos casos diarios ha disminuido en un 12,5% en comparación con semanas anteriores, gracias a las inoculaciones.
Y aun con la prometedora píldora antiviral de Merck para tratar el COVID-19 que ya viene también en camino, aún no podemos cantar victoria porque es muy posible que el coronavirus y sus mutaciones se queden con nosotros por mucho tiempo.
Si bien es cierto que estamos volviendo lentamente a una cierta normalidad, hay todavía un gran porcentaje de la población que no confía en la efectividad del método profiláctico.
Muchos escépticos luego contrajeron el virus y algunos murieron, pero el mensaje de que las vacunas están salvando vidas no ha logrado permear en todos los sectores de la sociedad.
Frustrado porque todavía para el mes de septiembre, alrededor de 80 millones de personas en el país no se habían vacunado, el presidente Joe Biden anunció que todas las empresas que empleen a más de 100 trabajadores deberían introducir vacunas o pruebas semanales obligatorias.
Esta iniciativa gubernamental se ha convertido en una batalla campal entre la Administración, que insiste en que una vacunación al 100 por ciento marcará una gran diferencia y aquellos que se han aferrado a la idea de que el verse obligados a recibirla, va en contra de sus derechos constitucionales y de la esencia misma del espíritu estadounidense.
Es un argumento imposible de ganar.
Por supuesto, es médicamente correcto decir que, de acuerdo con la evidencia, la mejor forma de proteger a las personas de los peores efectos del COVID-19 es vacunarla, pero la idea de obligar a cada individuo a recibir una vacuna porque la Casa Blanca dice que es conveniente, representa para un grupo importante, una inaceptable intromisión del Estado en su sacro santo derecho de poder decidir por ellos mismos.
Por lo pronto, a todos los militares se les ha ordenado recibir la vacuna antes del 28 de noviembre, a menos que estén exentos por razones de salud o religiosas.
Al personal en servicio activo de la Marina se le dijo la semana pasada, que cualquier persona que no se vacune antes de esa fecha enfrentará una “separación” de sus obligaciones y podría ser despedida.
Un mensaje que no ha sido bien recibido.
En otro caso, decenas de trabajadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, introdujeron una demanda alegando que las excepciones a la vacunación obligatoria habían sido desestimadas sin justificación alguna.
De estas situaciones se desprende que, muchos empleados y trabajadores federales están indignados de que se les ordene una vacunación obligatoria que consideran va en contra de los principios de la Constitución.
La politización del tema ha complicado las cosas aun mas, al lanzar un manto de dudas sobre las instituciones encargadas de lidiar con la crisis sanitaria y sus verdaderos objetivos para lanzar una campaña de vacunación masiva.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe a todas las organizaciones, incluidas las empresas privadas, hacer cumplir la obligatoriedad de las vacunas impuesta por Biden.
Si Estados Unidos va a estar alguna vez libre de esta pandemia, la batalla actual entre un programa de vacunación obligatorio por un lado y el derecho ciudadano para tomar sus propias decisiones por el otro no debería tener que resolverse en los tribunales.
Es un tema en el que la seguridad de toda la población debe prevalecer.
Por ahora, es imposible aventurar cómo esta o cualquier otra administración, pudiera ganar este argumento sin exigir la vacunación, pero está claro que el mandatario aún no ha logrado persuadir a todos los miembros de la sociedad de que lo que está en juego es la salud de la nación.
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