Solidaridad mediática ante la dictadura tecnológica

Tras años de resistencia política y de vacíos legales, los tribunales terminaron por poner límites a una industria que crece más rápido que las leyes.

Además de lo que esto implicará para YouTube, TikTok y otras plataformas, es una lección que la prensa debería examinar de cerca, en especial por el apetito de la inteligencia artificial por los contenidos periodísticos.

Las empresas de IA, como Gemini, ChatGPT y Claude, entre otras, necesitan información nueva y de archivo de los medios para alimentar sus sistemas y atraer usuarios. A esto se suma que los medios vienen perdiendo lectores y publicidad desde la irrupción del internet, algo que ahora se agudizará con el despliegue de publicidad por parte de las plataformas de IA.

El caso Meta muestra a los medios que los tribunales pueden convertirse en una vía única y necesaria. Ya existen demandas de medios contra empresas de IA por disputas sobre derechos de autor y el uso de contenidos, pero son altamente costosas y las libran medios grandes y con recursos.

Diarios como el New York Times pueden contratar abogados, negociar una licencia millonaria o llegar a un acuerdo individual con una empresa tecnológica. Pero un medio pequeño con 5, 10 o 20 mil lectores no tiene billetera para hacerlo ni músculo para enfrentarse a una compañía cuyo valor de mercado supera el de un país entero.

Y ahí está el peligro.

Si los acuerdos con la IA terminan beneficiando solo a los grandes grupos de medios, la tecnología acelerará la concentración que ya está debilitando al periodismo. Los grandes sobrevivirán mejor. Los pequeños desaparecerán más rápido y así se expandirán los llamados “desiertos informativos”.

Los pequeños medios de Argentina, Estados Unidos o México cumplen una función de supervisión democrática. Estudios académicos muestran cómo la desaparición de un medio en una localidad acelera los niveles de corrupción y las injusticias en la comunidad, al tiempo que disminuye la transparencia pública y privada, así como la participación en las elecciones y en asuntos escolares, de salud pública, entre otros.

Si bien es legítimo que los grandes medios busquen acuerdos con las empresas de IA, es un error que negocien por cuenta propia.

Las experiencias de Australia y Canadá ofrecen una pista. La autoridad de competencia permitió que Country Press Australia, que agrupa a 81 editores y 160 periódicos regionales, negociara colectivamente con Google y Facebook. Lo mismo ocurrió en Canadá, donde la Ley de Noticias en Línea obligó a Google a pagar 100 millones de dólares canadienses anuales, indexados a la inflación. Una entidad autónoma reparte ese fondo entre 1.500 medios, en función del número de periodistas que emplean.

Francia sumó su propio precedente en 2022, cuando Google llegó a un acuerdo de derechos conexos con 450 editores agrupados en la Alianza de la Prensa de Información General por 500 millones de euros. Y en España, a fines de 2025, un tribunal de Madrid condenó a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 medios agrupados en la Asociación de Medios de Información, por el uso de datos personales de los usuarios para su publicidad.

El éxito de estos cuatro casos residió en la solidaridad de los medios para alcanzar acuerdos que beneficiaran proporcionalmente a todos, grandes, medianos y chicos.

América Latina debe mirar cada vez más hacia estos antecedentes. La responsabilidad recae en las asociaciones de medios y de periodistas para lograr esta solidaridad. La fuerza corporativa de las instituciones puede llevar a los tribunales reclamos colectivos, negociar licencias colectivas y construir mecanismos para que los medios pequeños y medianos tengan una voz que, individualmente, jamás tendrían frente a Google o las empresas de IA.

Muchos medios ya han firmado acuerdos individuales con Google a través de programas como News Showcase. Pero son pactos negociados a puertas cerradas, sin estándares uniformes ni supervisión pública, y benefician a quien los firma, no al ecosistema informativo en su conjunto.

Si asumen esta responsabilidad, las asociaciones de prensa no solo defenderán a sus asociados, sino que también promoverán la diversidad y la pluralidad de los medios que la democracia demanda.