La prensa e innumerables informes internacionales prueban que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han institucionalizado las violaciones a derechos humanos, no hay Estado de derecho ni separación e independencia de poderes públicos. Hay persecuciones judicializadas, presos políticos y crecientes exilios. Es terrorismo de Estado, esencia de las dictaduras del socialismo del siglo XXI que “utilizan medios ilegítimos para producir miedo y terror en la población civil con el propósito de detentar indefinidamente el poder” y han logrado que el mundo no recuerde que “el terrorismo de Estado se integra por crímenes de lesa humanidad”.

El terrorismo de Estado es “la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por si mismos”.

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El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su articulo 7 determina que “se entenderá por crimen de lesa humanidad: a) Asesinato, c) Deportación o traslado forzoso de población, c) Esclavitud, e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, f) Tortura, h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos….u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional y k) Otros actos inhumanos de carácter criminal que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen como base para detentar el poder el terrorismo de Estado. Está probado que asesinan, deportan, encarcelan, torturan, persiguen y con premeditación y técnicas comunes someten a actos inhumanos de carácter criminal a opositores políticos, líderes civiles y regionales y a la ciudadanía en general. Hay terrorismo de Estado “cuando los gobernantes o detentadores del poder reprimen a la población de modo sistemático para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión”.

La dictadura de Cuba tiene 62 años de ejercer terrorismo de Estado, pero en el siglo XXI ha expandido su metodología y la ejecuta y asesora en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

Cuba practica la “esclavitud” como lo ha certificado las Naciones Unidas en el informe sobre los “médicos esclavos” que la dictadura llama internacionalistas.

El régimen cubano después de las protestas del 11-J ha recrudecido el terrorismo de Estado con anuncio oficial del dictador Díaz-Canel y la represión, muertes, encarcelamientos, torturas y crímenes que se repiten hasta ahora. Centenas de presos políticos, millones de exiliados, miles de informes, testimonios, denuncias y hechos lo prueban.

Venezuela es la más grande escala del proceso criminal cubano de terrorismo de Estado. La judicialización de la persecución política, repetida en Bolivia, Ecuador y Nicaragua se implementa muy temprano el siglo XXI en Venezuela. El asesinato de población civil indefensa, apresamientos, torturas, presos políticos, la instalación de los torturadores cubanos y mas, están ampliamente documentados, informados por las Naciones Unidas y esperan apertura de caso en el Tribunal Penal Internacional. Casi seis millones de exiliados certifican definitivamente el terrorismo de Estado como institución castrochavista.

Bolivia, que continúa presentándose con la falacia de democracia, tiene 45 presos políticos que incluyen lideres juveniles y cívicos, militares, policías, exministros y la expresidenta Añez, que han denunciado y demostrado tortura. La justicia cumple exactamente las funciones de los fiscales y jueces de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La oposición funcional ha sido reducida a la condición de “rehenes” porque todos están enjuiciados y con amenaza de su libertad. Hay mas de 1.700 exiliados y la cifra crece.

Nicaragua sufre ahora mismo la imposición de un proceso criminal que el régimen denomina “elecciones nacionales” para el próximo 7 de noviembre y que es la más clara prueba de “terrorismo de Estado integrado por crímenes de lesa humanidad”. Los candidatos opositores están presos, perseguidos, exiliados o impedidos de participar en las elecciones en dictadura. Hay presos y torturados políticos desde el 2018 y antes. Hay más de 120.000 exiliados y la metodología castrista del siglo XX, perfeccionada como castrochavismo en el siglo XXI en manos de Ortega y Murillo, ejerce terrorismo de Estado a diario.

La crisis migratoria de la región esta causada en gran medida por el terrorismo de Estado.

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