Resulta agria la celebración dado el reordenamiento práctico de las prioridades establecidas, por quienes tienen ahora en sus manos los hilos del poder bruto sobre el territorio venezolano – más allá de que fuese inevitable tal reordenamiento – y por obviarse, en su conjugación, el valor eminente de la experiencia viva de la democracia. Ha sido palmariamente postergada o subordinada.
Las vías de escape, falaces y a la mano, para justificar lo ética y moralmente insostenible, como el omitir la opinión de quienes representan legítimamente a los venezolanos – el presidente electo, Edmundo González Urrutia, y la líder fundamental, María Corina Machado – son variadas. Las han impulsado, desde antes, actores internos y externos, empresas petroleras, sujetos del mismo régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, y los llamados normalizadores. De conjunto y presumiendo de fatal el desenlace del pasado 3 de enero, apenas les interesó sobrevivir. Evitar que el tsunami no se los lleve por delante en el instante. Eso piensan. Los expedientes del Distrito Sur hablarán luego.
Desde entonces, el orden de las acciones ha quedado atado a una premisa que, paradójicamente, junta a la izquierda marxista retrógrada con la derecha extrema iliberal, emparentándose ambas con el dogma que ha dado origen histórico a la tragedia venezolana a saber, creer que el pueblo no está preparado para el bien de la libertad. Que necesita de ser tutelado. Que, si cede la tutela, el pueblo se vuelve violencia. Y que, antes de deliberar, para que lo haga libre y serenamente el pueblo ha de tener lleno el estómago. No es el dueño, siquiera, de su misma pobreza. Esa falsa premisa o mito perverso, por cierto, es el que han inoculado en sus pueblos todas las dictaduras y dictablandas conocidas por América Latina y en Venezuela. Aún conspira contra su libertad.
Se afirma que transitará el país por tres fases, su estabilización, su sosiego en lo económico, y después el logro de una concordia democrática entre todos. Entre las víctimas y sus victimarios, según parece. Indudable es, tal como lo dicta la experiencia, que el sólo discernimiento democrático no es bastante para resolver sobre las urgencias vitales, en contextos de quiebre absoluto en las líneas del bienestar y de crisis humanitaria. Pero, en estos asuntos y por respeto a la dignidad racional de las propias víctimas, hay que mascar chicle y caminar al mismo tiempo.
Eso fue lo que hicieron, cabe recordarlo, el Contralmirante Wolfgang Larrazabal y Edgar Sanabria, que tomaron las riendas del país al caer la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958. Mientras se rompían los candados de las mazmorras, para atemperar la desesperación de los empobrecidos del campo llegados a la capital, entre las opciones puestas sobre la mesa, plata o plomo, aquellos crearon un Plan de Emergencia. Mas a la par los exilados y actores políticos armaban el andamiaje democrático y constitucional que igualmente urgía, para restablecer un orden de libertad gobernable. Tanto que este duró cuatro décadas. No se negoció con los prohombres del régimen entonces derrocado, sino entre sus víctimas y los exilados.
Qué la caída del régimen actual de suyo implicaba, sin más, la posibilidad de una guerra civil. Afirmarlo es una cínica falacia. Era el argumento que ayer le vendía Hugo Chávez Frías al Departamento de Estado y lo han recogido los normalizadores del triángulo del poder venal del narco dictador: el de la familia Maduro-Flores, los hermanos Rodríguez, los hermanos Cabello. La verdad es inconmoviblemente distinta.
El pueblo venezolano, astuto y resiliente, sin dejar de ser osado no arrebató sobre las calles tras la muerte del general Juan Vicente Gómez (1935), sino cuando se le convenció – lo hizo su sucesor, el general Eleazar López Contreras – de que era cierto su fallecimiento. Tampoco lo hizo en 1958, más allá de la literatura épica. Esperó a que el dictador, Pérez Jiménez, ya estuviese en República Dominicana para expresarse tumultuariamente. Lo hizo sin violencia, sin mengua de uno que otro linchamiento de algún «seguranal». Cuando Chávez renunció en 2002, que sí lo hizo y sólo devolvió las páginas recorridas durante la crisis del 11 de abril, cuando los militares no logran entenderse entre ellos sobre el destino de aquel y faltaron a su promesa de permitirle viajar al extranjero, el pueblo salió de sus casas sólo al percatarse que se encontraba de vuelta en el Palacio de Miraflores.
Durante las elecciones primarias y presidenciales de 2023 y 2024, aquí sí, el pueblo tomó las riendas de su destino directamente, acompañado por María Corina Machado. Contó con el apoyo de los militares subalternos y la tropa que cuidaba del proceso electoral, y con pacifismo «gandhiano» derrotó a Nicolás Maduro Moros y a los normalizadores de la oposición funcional. El 90% y el 70% de los electores, en las primarias y en las presidenciales, de manera contundente le fijaron un rumbo a la nación. No se limitaron, como siempre, a sufragar pasivamente sobre unas urnas, como lo acostumbraban – sino que, con ejemplaridad inédita, marcaron un derrotero para asegurarse a sí mismos la gobernabilidad del país.
La violencia, en suma, sólo anida en las logias o en los aparatos de la represión que siguen en pie dentro de Venezuela. No son una parte o un porcentaje de los venezolanos – tanto que cayeron en la refriega del 3 de enero pasado unos 32 cubanos entre los que cuidan o tienen bajo su control a dichos aparatos – y menos son, unos y otros, los representantes de Venezuela.
De modo que, la hipótesis de la posible violencia social o la guerra civil es un mero comodín. Busca encubrir, cabe insistir en esto, lo que realmente importa a los que han transado el porvenir de Venezuela de espaldas a la soberanía popular, con desprecio de la moral democrática. De allí el giro «gattopardiano» en el que se empeñan. Esperan ver redimidos o purificados a tiempo los crímenes en los que han coludido o de los que se han beneficiado.
Liberar a todos los presos políticos y concertar sobre el futuro de Venezuela con los legítimos representantes de la nación – Edmundo González Urrutia y María Corina Machado – es lo obligante, en términos realistas y por razones morales. Ha de ser la manifestación crucial que, más allá de saciar el hambre, que apenas dura 24 horas, pueda sostener la esperanza entre los venezolanos y ofrecerles una gobernabilidad duradera, en paz concordada. No hay paz posible sin democracia verdadera, lo ha dicho desde Oslo el Comité Nobel.
Que desbordarán sobre Venezuela inversiones e insumos de todo género en modo de ofrecerles bienestar a todos los venezolanos, bienvenidos sean. Se lo merecen mis compatriotas, como un acto de justicia. Y que los dineros del petróleo permanezcan, en lo inmediato, lejos de quienes se los han robado – Tarek El Aissami malversó 21.000 millones de dólares de PDVSA – es lo preferible, en el momento. Empero, salvo los capitales golondrina, ningún inversionista serio e importante arriesgará sus dineros bien habidos sobre realidades volátiles; menos en una, en la que el Estado constitucional y democrático de Derecho brilla por su total ausencia. Así de simple.
Post scriptum
Ninguna referencia hemos hecho al Derecho internacional o al Derecho constitucional a lo largo de estas líneas y sobre las realidades a las que se contraen, que son realismo puro y explicable. El Derecho internacional nacido de la Segunda Gran Guerra, en 1945, se encuentra derogado en los hechos, no ahora sino desde cuando los Estados, a mediados de los años ’60 del pasado siglo dejaron de privilegiar el respeto universal de la dignidad humana.
Decididos a borrar la memoria del Holocausto judío, retomaron los principios anteriores que dieran origen a la misma conflagración, a saber, el del poder soberano y absoluto de los Estados y de los príncipes, por sobre el señalado principio ordenador e imperativo, fundamento racional de los derechos humanos. La pérdida de vigencia de dicho orden se hizo protuberante, desde el instante en que las potencias encargadas de sostenerlo optaron por romper sus entendimientos mínimos al respecto. Estamos en el parto de otro orden, global.
La ONU es hoy una franquicia irrelevante. Es un nombre registrado en las redes, a disposición de su burocracia supérstite, desde las que lanza narrativas fútiles e ideologizadas. Sus últimas omisiones la dejaron muy mal parada. Favoreció el genocidio de Ruanda, con 800.000 víctimas, en 1994. No contuvo el denunciado «genocidio oculto» de Yemen, con 377.000 muertos sin dolientes, a partir de 2014. Nada pudo hacer para contener el Covid-19, salvo para contabilizar los muertos, o evitar la agresión rusa contra Ucrania, que igualmente se inició en 2014. Tampoco, salvo el grito silenciado del Vaticano y de USA, nada ha hecho respecto de los 200 cristianos asesinados y quemados vivos en Nigeria al apenas iniciarse el pasado año, que se suman a los 167 católicos de la masacre de Pascua en Sri Lanka.
Sobre la constitucionalidad en Venezuela, afirmarla o debatirla es un mal chiste. La desmaterialización constitucional arrancó en 1999, cuando Chávez Frías y su constituyente secuestraron y tomaron bajo su férula dictatorial el control de todos los poderes constituidos, deviniendo en una dictadura que hace ficción circense del voto democrático. Tanto que, muerto el causante, le sucedió Maduro Moros, incapacitado constitucionalmente para ser candidato presidencial por ser su vicepresidente. Pero el Tribunal Supremo forjado por ambos ha estado allí, antes como ahora, para legalizar sus ilegalidades y las tropelías de sus áulicos. Sus jueces, casualmente, de espaldas a la Constitución, son los que nombran y remueven a los titulares de esas cajas vacías que llaman y conforman el Poder Popular. Son los que nombraron a Maduro y han nombrado a su causahabiente.
