CARACAS.- Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detienen a una estudiante durante las protestas en Caracas de febrero pasado. (Foto EFE)
Liliana Ortega, directora de Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 en Venezuela (Cofavic), aseveró en una entrevista radial desde Washington que en Venezuela la “impunidad y la violencia nos afecta a todos”. Además señaló que “las cifras" de la grave situación que atraviesa el país suraméricano, en un estudio que presenta esta organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "no pertenecen a ninguna ONG”, sino al mismo "Ministerio Público".
Hernández resaltó que es un grave “error que el gobierno de Nicolás Maduro no tenga una política de estado en esta materia, que sea confiable, creíble y que además haya voluntad política para revertir esta situación de crisis en los derechos humanos”.
A su juicio, Venezuela tiene una situación “muy delicada en materia de impunidad y violencia, no hay castigo, el país va en la dirección contraria a la justicia, las victimas pasan a ser acusadas y perseguidas por solamente atreverse a denunciar y a pedir únicamente que se les escuche”
Balance
La organización no gubernamental en derechos humanos presentó un balance de la situación de Derechos Humanos en Venezuela en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
El monitoreo revela que entre enero y septiembre de 2014, se registraron 892 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de los cuales 823 son presuntas violaciones del derecho a la vida; en comparación con 669 casos registrados en el mismo período de 2013.
CICPC en la mira
Dentro de los cuerpos policiales en la nación suramericana mayormente señalados por estas presuntas violaciones se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
El 75% de las víctimas son menores de 25 años y en 98% de los casos de género masculino. Jóvenes que habitan en barriadas son los principales afectados por los abusos policiales, así como por las acciones de grupos parapoliciales, dice el informe.
Venezuela: sentencias de silencio
También el organismo presentó en Washington el informe el informe Venezuela: sentencias de silencio, en el que se documentaron 110 casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, presuntamente ocurridos en Venezuela, durante las manifestaciones de febrero-mayo de 2014.
A través de estos 110 testimonios, recopilados en los estados Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Zulia, Táchira y Barinas, COFAVIC determinó patrones de actuación presuntamente utilizados en el control de las manifestaciones registradas entre febrero y mayo de 2014 en Venezuela.
De estos 110 casos, se registraron 54 casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en personas que estuvieron detenidas, durante las manifestaciones; 36 casos de personas que no estuvieron privados de libertad y 20 casos de personas víctimas de hostigamiento en sus residencias. En todos estos casos, 46% de las víctimas son menores de 25 años de edad.
Patrones
Dentro de los patrones destacan: presunto uso indebido e indiscriminado de perdigones, gases lacrimógenos y cañones de agua a presión, a corta distancia de las personas o en espacios cerrados o residenciales; detenciones ilegítimas, sin órdenes judiciales de aprehensión y sin cumplir con requisitos para determinar flagrancia en la comisión de un delito; así como la presunta consumación de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por organismos de seguridad del Estado al momento de la detención, durante el traslado y en el mismo centro de reclusión.
En la mayoría de los casos, señala el texto, durante las detenciones existió presuntamente una omisión del deber de informar sobre las razones de la detención, así como la negación del derecho del detenido a comunicarse con sus familiares. Por otra parte, las personas detenidas y sus abogados no contaron con el tiempo necesario, ni con el espacio físico adecuado para el ejercicio apropiado del derecho a la defensa.
