Al mismo tiempo, los comisionados aprobaron una resolución que permite al alcalde contratar una firma de abogados para su defensa.
De hecho, la mayoría de los comisionados consideran que el alcalde López viola la Constitución municipal e ignora las resoluciones dictadas por la Comisión.
No obstante, el alcalde niega las acusaciones y alega que no puede gobernar con resoluciones que violan las leyes establecidas.
El voto sorpresa fue el de la comisionada Isolina Maroño que aprobó la contratación de la firma de abogados, que tendrá la tarea de iniciar el trámite legal contra el alcalde López.
La comisionada Maroño alegó que las partes en conflicto, los seis miembros de la Comisión y el alcalde, no logran ponerse de acuerdo y esta situación afecta seriamente el bienestar de los residentes de la municipalidad.
“Todavía no sé con qué dinero se va a pagar (el proceso de la demanda). Esto está en una situación que se tiene que ir a un juez. Esto no va para ningún otro lado. Lo mejor es que la Corte decida cuál de las partes está en desacato o no”, subrayó.
Luego añadió: “Creo que los comisionados están pensando que de los ingresos de los impuestos se va a pagar la demanda. Ellos todavía no creen que la ciudad esté en bancarrota. Creen que el alcalde está exagerando”.
Por otra parte, la comisionada Maroño dijo no estar a favor de ninguno de los bandos, sino a favor de los intereses de la ciudad. A su juicio la mayoría de los comisionados no tienen la voluntad de llegar a un arreglo.
El alcalde Lopez asegura no temer ir a juicio. (ÁLVARO MATA)
“Esto va a costar muchísimo dinero. Esto se podría evitar si los comisionados se pusieran de acuerdo. Creo que se pudiera hablar y llegar a un acuerdo, no llegar a este gasto por gusto. Esto no va a costar 50 dólares. Es una situación que desgastará a los residentes”, recalcó.
Por su parte, el presidente de la Comisión, el exalcalde José Díaz, dijo que el alcalde tiene derecho a que le otorguen un abogado, que no sea el que tiene la ciudad.
“Si tiene necesidad de utilizarlo que lo utilice, pero a pesar de los comentarios que ha hecho, él mismo, en su mensaje de veto, dijo que de la única manera que el operaría con el presupuesto enmendado por la Comisión sería con una orden de la Corte. Por eso he pensado que si él no acaba de regirse por las instrucciones de la Comisión, respecto al presupuesto, habrá que llevarlo a la corte”, sostuvo Díaz.
Sin embargo, Díaz señaló que la resolución no determina acusar al alcalde, sino contratar la firma de abogados “para que esté disponible”.
El presidente de la Comisión dijo que en el transcurso de la semana se reunirá con el alcalde López y el jefe de despacho, Ralph Ventura, para “ver si definitivamente llegamos a un acuerdo y eliminamos esta situación de tener que gastar fondos de la ciudad, que a fin de cuentas son fondos públicos, para someterlo a que cumpla con lo que tiene que cumplir. No quisiera ponerle ese peso a la ciudad, al menos que el alcalde no nos deje otra alternativa”, indicó Díaz.
Asimismo, la comisionada Llanios dijo que la Comisión tendrá que esperar 10 días, el período que exige la ley municipal.
“La firma de abogados está contratada. Así es como funciona esto, los abogados tienen que evaluar el caso antes de tomarlo”, señaló la representante municipal.
Hace apenas una semana el alcalde Lopez manifestó a DIARIO LAS AMÉRICAS, durante una entrevista que fue publicada el 30 de noviembre, que no teme ir a juicio.
Crónica de una demanda anunciada
La ciudad de Sweetwater ha sido escenario de una serie de escándalos, desde agosto de 2013, tras la captura del exalcalde Manny Maroño, sentenciado a 40 meses de prisión por delitos de corrupción.
Investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) indican que Maroño recibió 40.000 dólares, producto de sobornos durante una operación encubierta realizada a través de la corporación ficticia, Sunshine Universal, que fue el anzuelo para atrapar a oficiales electos corruptos.
El presidente de la Comisión José M. Díaz, fue electo alcalde interino y concluyó el periodo de Maroño por el termino de 21 meses, tiempo que salió a luz una serie de supuestos actos irregulares cometidos durante la administración Maroño, como nepotismo, robos en el llamado cuarto de evidencias de la Policía, despilfarro de fondos en el centro de ancianos de la ciudad, entre otros.
Durante la gestión de Díaz, el comisionado Orlando López fue el principal crítico de Díaz, alegando mala administración y acusándolo de traidor porque tomó distancia de Maroño, luego que el exalcalde cayó en desgracia.
En medio de agrias disputas, Díaz y López se postularon para la alcaldía de Sweetwater en mayo de 2015.
Pero semanas antes de las elecciones la aspiración de Díaz por convertirse en alcalde electo se esfumó, luego que su rival político lo demandó, en una Corte Civil de Miami-Dade, por incumplir la ley estatal conocida como "renunciar para aspirar" y su equivalente en la carta constitutiva municipal, que establece que "ningún funcionario puede presentarse como candidato en otro estado, distrito, condado o cargo público municipal, si los términos o cualquier parte del mismo se contradicen entre sí, sin renunciar al cargo que ocupa actualmente”.
La jueza Bárbara Areces desestimó la candidatura del entonces alcalde interino, José M. Díaz, tras considerar que violaba los estatutos de la Florida en materia electoral. Un tribunal de apelaciones ratificó la sentencia de Areces.
Díaz acusó al entonces abogado de la ciudad Ralph Ventura, actual jefe de despacho del alcalde López, de no haberle proporcionado la información adecuada para renunciar a su cargo como comisionado.
El abogado de Díaz, Juan Carlos Planas, defendió a su cliente argumentando que el alcalde ya habría automáticamente renunciado como comisionado al ocupar la alcaldía, y recalcó que su bacante en el puesto habría sido ocupada.
La eliminación de Díaz de la contienda dejó el camino libre a López para ser electo sin dificultad. Sin embargo, tres comisionados que ganaron la contienda respaldaban a Díaz.
Desde su llegada al cargo López ha acusado a Díaz de mala administración, supuesto desvío de fondos y acabar con los fondos de reservas de la ciudad. También le acusa de haber hecho un mal negocio con el sindicato de la Policía con fines políticos, un convenio que fue aprobado por la Comisión.
El alcalde López sostiene que la ciudad está a las puertas de una bancarrota, luego de solicitar a la Comisión un aumento de impuestos a la propiedad, una medida que no le fue aprobada.
López pidió intervención del estado de la Florida, pero aun las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto.
Díaz se ha defendido alegando que recibió una administración con deudas, producto del despilfarro del exalcalde Maroño.
Díaz y miembros de la Comisión acusan a López de incumplir con las ordenanzas de la ciudad, despedir personal y contratar a otros fuera de presupuesto.
Todo indica que el conflicto será resuelto ante un juez, mientras los contribuyentes tendrán que pagar una demanda legal, cuyo costo se desconoce.
