El apoyo a la destitución o la renuncia de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aumentó entre febrero y marzo, según reveló una encuesta del Instituto Datafolha divulgada este sábado.
El porcentaje de personas que considera que la presidenta debe ser destituida a través de un juicio político en el Congreso aumentó del 60 al 68 por ciento, y el de las que opinan que debería renunciar subió del 58 al 65 por ciento.
A su vez, cayó del 33 al 27 por ciento el porcentaje de los que son contrarios a su salida anticipada del poder.
El índice de reprobación de su gestión, que abarca a los que califican su Gobierno como "malo o pésimo" llegó al 69 por ciento.
El nivel de rechazo es comparable al 71 por ciento alcanzado en agosto de 2015, el punto más alto de reprobación a Rousseff y el mayor desde que la consultora privada, vinculada al diario "Folha de Sao Paulo", inició la serie histórica, en 1989. Esto porque el margen de error de la encuesta, realizado entre el miércoles y el jueves, es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.
El apoyo al fin del Gobierno de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT), sea por renuncia o por juicio político en el Congreso, creció en todos los segmentos de la población considerados en el estudio.
Los grupos en los que se registró un aumentó de mayor intensidad son el que incluye electores de entre 45 y 59 años -franja en la que pasó del 52 al 68 por ciento-; entre los que tienen 60 años o más, -donde aumentó del 48 al 61 por ciento; y entre los de mayor poder adquisitivo, donde creció del 54 al 74 por ciento.
El Gobierno de Rousseff atraviesa el auge de la crisis política que comenzó a gestarse en 2015.
La mandataria enfrenta dos procesos que pueden derivar en su salida anticipada de la Presidencia: el que puede resultar en su destitución, que tramita en el Congreso, y la eventual anulación de su elección y la de su vice, Michel Temer, que está en manos del Supremo Tribunal Electoral, que sospecha que la campaña por la reelección, en 2014, recibió fondos desviados de Petrobras.
Además, contribuyó con el descontento popular la designación como jefe de Gabinete de su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva, denunciado y con arresto preventivo pendientes, por sus presuntos nexos con la trama ilegal en la petrolera estatal.
La sospecha de que el nombramiento tuvo como objetivo proteger al ex presidente con el privilegio de los fueros -lo que lleva todos los procesos en su contra al Supremo Tribunal Federal- se vio reforzada tras la divulgación de audios con conversaciones telefónicas entre Rousseff y Lula, autorizadas por la Justicia.
Los diálogos sugieren, aunque aún no fue confirmado, que efectivamente Lula fue investido con el fin de evitar su prisión.
A raíz de las sospechas, y tras algunos vaivenes, la investidura está suspendida ahora por orden del juez Gilmar Mendes, de la Suprema Corte.
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