Los principales gobiernos del continente han fijado una suerte de línea roja para determinar nuevas acciones sobre el régimen chavista. El 06JUL17, el secretario General de la OEA Luis Almagro solicitó al presidente del Consejo Permanente, el brasileño José Luiz Machado e Costa, la convocatoria urgente de una sesión del organismo, amparada en la Carta Democrática, para analizar la “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático” en Venezuela. El pedido de Almagro aún no ha sido atendido, mientras los miembros de la OEA estarían en espera del 30JUL17, la fecha fatídica para la cual está prevista la elección de una asamblea constituyente en Venezuela. El 21JUL17 los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay solicitaron que el 26JUL17 la OEA revise nuevamente la situación de Venezuela.

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Las elecciones para la Asamblea Constituyente se realizarían bajo el estado de excepción y suspensión de garantías constitucionales que impera en Venezuela desde enero del 2016 y que fue confirmado por un decreto emitido por Maduro el 13JUL17. Las elecciones han sido militarizadas al extremo que los centros de votación fueron declarados “zonas de seguridad” con perímetro de 500 metros donde aplicará la legislación castrense. El régimen chavista, mediante la constituyente, pretende disolver la Asamblea Nacional, destituir funcionarios electos opositores, gobernar con base en “actos constituyentes” sin control legal y emitir una nueva Constitución de inspiración cubana.

Los países que han impulsado el tratamiento del “tema Venezuela” en la OEA han descartado insistir por ahora en ese escenario, mientras la opción de sanciones unilaterales o grupales contra el Gobierno Maduro gana cuerpo en conversaciones diplomáticas que han incluido a varios gobiernos europeos. En paralelo, estarían corriendo varias iniciativas que intentan crear algún mecanismo para promover una negociación entre el Gobierno y la Oposición en Venezuela, la cual dependería de la suspensión de las elecciones para la asamblea constituyente.

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Diversos gobiernos del Continente y de Europa han solicitado públicamente que Maduro suspenda la convocatoria a la Constituyente, El 17JUL17, la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU emitieron comunicados en los cuales anunciaron que el gobierno de Donald Trump tomaría “fuertes y rápidas acciones” contra el gobierno chavista en caso de que Maduro ejecutara su plan de la asamblea constituyente. En esa misma dirección de inclinarían los gobiernos de España y Alemania así como los miembros del Mercosur.

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El 21JUL17 se reunieron en Mendoza, Argentina, los presidentes de los cuatro países miembros natos y fundadores de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a quienes se sumaron el boliviano Evo Morales (en proceso de afiliación), la mandataria chilena Michelle Bachelet así como enviados de Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam que son “países asociados”. México, que busca proyectar su comercio hacia Suramérica, asistió como país invitado. El gobierno Maduro no fue invitado a esta cumbre del Mercosur y la bandera de Venezuela no fue colocada en los salones donde se realizaron las actividades. Luego de la crisis provocada durante el año 2016 por la suspensión de Venezuela, los mandatarios del Mercosur se reunieron para normalizar el funcionamiento del organismo. El “tema Venezuela” estuvo en la agenda tratada por los gobiernos, los cuales emitieron un comunicado que no contó con el apoyo de Bolivia ni Surinam y que debió ser edulcorado para lograr la aceptación del gobierno del uruguayo Tabaré Vázquez que mantiene una posición blanda ante el régimen venezolano. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay coinciden en que la realización de las elecciones para la constituyente de Maduro, será el motivo para la expulsión definitiva de Venezuela del esquema de integración suramericano y ya Paraguay se ha pronunciado a favor de sanciones económicas. El documento aprobado en Mendoza exhorta “al Gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”. Esa fue la forma aceptada por Uruguay para referirse a la constituyente de Maduro. Mercosur pidió el cese de toda violencia en Venezuela y “la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional”. El mandatario brasileño Michel Temer, al recibir la presidencia semestral del organismo de manos del argentino Mauricio Macri, afirmó que durante la reunión se produjo “un primer consenso sobre Venezuela para que haya un diálogo positivo entre Oposición y Gobierno de modo que haya una pacificación”.

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El 20JUL17, mientras en Venezuela se cumplía un paro nacional convocado por la alianza opositora MUD, en la lejana Moscú el vocero alterno del Ministerio de asuntos Extranjeros de Rusia, Artyom Kozhin, ofrecía el briefing diario a la prensa. En su larga exposición sobre Venezuela, Kozhin reiteradamente atacó a la Oposición venezolana incluso acusándola de realizar “provocaciones armadas” y “pogromos”. El vocero ruso calificó como ilegal y puso en tela de juicio la veracidad de la consulta popular realizada el 16JUL17, con la cual más de siete millones manifestaron su rechazo a la asamblea constituyente convocada por Maduro. La cancillería rusa igualmente atacó a la Oposición por la decisión de la Asamblea Nacional de proceder a designar un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

El mismo día que Moscú ratificaba su respaldo al gobierno Maduro, la agencia Reuters revelaba las negociaciones que el régimen chavista estaría adelantando con la petrolera rusa Rosneft. A finales del año 2016, el gobierno de Maduro recibió un préstamo por US$ 1.500 millones de Rosneft para lo cual colocó como garantía el 49,9% de las acciones de la empresa Citgo Petroleum propiedad de Pdvsa. La operación abrió la posibilidad para que el gobierno ruso comience en breve a controlar una estratégica empresa petrolera en territorio estadounidense, opción vista con preocupación por sectores políticos y de inteligencia de EEUU. El temor ruso a una eventual medida legal en EEUU contra el acuerdo de Pdvsa y Rosneft, la amenaza de sanciones económicas contra el gobierno Maduro asomadas por la Casa Blanca, el manifiesto interés ruso por fortalecer su presencia política y de negocios en Latinoamérica y, el desespero del régimen venezolano por obtener dinero fresco a cualquier costo para financiar su ingente gasto, estaría empujando un nuevo acuerdo que aumentaría los derechos rusos sobre recursos naturales venezolanos. Según la nota de Reuters del 20JUL17, suscrita por las periodistas Alexandra Ulmer y Marianna Parraga, Pdvsa habría ofrecido a Rosneft la entrega de dos campos petroleros en el estado Zulia, dos campos gasíferos frente a las costas orientales venezolanas, además de mejores condiciones contractuales para las operaciones petroleras rusas en zonas ya adjudicadas en territorio venezolano. De esta manera Rusia, según la versión de Reuters, obtendría nuevas garantía por el dinero ya adelantado a Maduro.

Rusia se ha comprometido a proveer trigo a Maduro, a fortalecer militarmente al gobierno de la familia Ortega en Nicaragua y, a suministrar crudo a Raúl Castro para complementar los ahora irregulares envíos desde Venezuela. Ya no cabe duda que el gobierno de Vladimir Putin intenta incorporar a Venezuela en su cartera de activos geoestratégicos para sus forcejeos globales con Washington. Putin suele quejarse por la presencia de las tropas de la OTAN en las cercanías de las fronteras rusas, mientras las petroleras de su país se asientan en las márgenes del rio Orinoco y en aguas del Caribe, a cambio de cobijar al régimen chavista que se muestra huérfano de apoyos políticos. Salvo Rusia, sólo los gobiernos de Cuba, El Salvador, Bolivia, Surinam y Nicaragua han emitido pronunciamientos respaldando la constituyente de Maduro.

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Evo Morales, a bordo de uno de los jet ejecutivos adquiridos durante su mandato para uso de la Presidencia de su país, partió el 18JUL17 desde la ciudad boliviana de Cochabamba con destino a Nicaragua. Su agenda en Managua el 19JUL17 incluía participar en la reunión anual del Foro de São Paulo, la alianza de partidos castrochavistas del Continente, donde se aprobaría una resolución respaldando un nuevo mandato presidencial de Morales pese a estar vedado constitucionalmente en Bolivia. Morales también viajó a Managua para formar parte del presídium del acto organizado por el gobierno de Daniel Ortega para festejar el 38 aniversario de la “revolución sandinista”. Al final del día, Morales voló a La Habana donde oficialmente cumpliría una “agenda de trabajo”. Según los medios oficiales cubanos y bolivianos, la única actividad oficial que Morales realizó en La Habana fue reunirse en la mañana del 20JUL17 con el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, con quien ya había coincidido el día anterior en Managua. El encuentro de Morales con el vicepresidente cubano fue de carácter informal, en las instalaciones del aeropuerto habanero, donde Díaz-Canel escoltó al boliviano hasta la escalerilla de su Dassault Falcon 900. El objeto real de la visita de Morales a Cuba fue guardado en secreto por ambos gobiernos. El avión presidencial boliviano partió rumbo a Cochabamba donde Morales pernoctó hasta que en horas de la madrugada partió hacia Mendoza, Argentina, para participar en la reunión presidencial del Mercosur donde pidió que no expulsen a Maduro “por ser comunista”. Durante el almuerzo, Morales compartió mesa y chocó su copa de vino espumante mendocino con el brasileño Michel Temer (a quien el castrochavismo tilda de “presidente de facto” y “golpista”) y con Michelle Bachelet blanco usual de sus agrias arengas antichilenas.

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