Pese que la Constitución de 1999 afirma que todos los venezolanos pueden expresarse, protestar y disentir del Gobierno, como en cualquier país que se precie de ser democrático, en las cárceles y calabozos del país hay decenas de hombres y mujeres detenidos por ejercer esos derechos y dichas personas son utilizadas por las autoridades como elementos de presión en el proceso de diálogo que se desarrolla con la oposición venezolana.

El señalamiento lo formuló el abogado Alfredo Romero, directivo de la organización Foro Penal Venezolano, quien aseguró: “El Gobierno usa a los presos políticos como fichas de negociación". “El Gobierno usa a los presos políticos como fichas de negociación".

"En procesos de diálogo como el actual, el Gobierno pide a la oposición que disminuya las acciones de calle o que rebaje la confrontación a cambio de liberar algunas personas y otras veces simplemente las libera para mejorar su imagen internacional y restarle importancia o credibilidad a las denuncias de represión”.

Para sustentar su señalamiento el activista de Derechos Humanos recordó que en los últimos años el número de personas consideradas presos políticos o de conciencia jamás ha estado por debajo de los 80. “Un preso político es un instrumento de presión o negociación muy grande”, dijo, al tiempo que agregó: “Cuando un Gobierno detiene a personas como Leopoldo López o Antonio Ledezma lo hace porque considera que son una amenaza para él y los quiere sacar del juego político, pero cuando lleva la represión a estudiantes que simplemente participaron en una marcha lo que busca es intimidar a un grupo o colectivo social”.

Romero atribuyó a la necesidad de seguir teniendo control sobre la dirigencia opositora y sobre determinados sectores del país el hecho de que la cantidad de personas en esta situación no disminuya ni siquiera pese al diálogo. “Desde que se comenzó a hablar de diálogo 44 personas han sido detenidas y solamente siete liberadas”, apuntó, al tiempo que indicó que, según su organización, la cifra de presos o detenidos por razones políticas en la actualidad de 108.

En regímenes totalitarios como el de la extinta Alemania del Este las autoridades liberaban disidentes a cambio de ayuda económica. Por su parte, Cuba los ha utilizado también como moneda de cambio para conseguir acuerdos con la Unión Europea y más recientemente para normalizar las relaciones con Estados Unidos.

Baile de cifras y rostros

Desde la Asamblea Nacional, por su parte, elevaron el número de presos políticos existente en el país hasta 150, pues incluyeron en la lista a los 14 funcionarios de la Policía del Municipio Chacao señalados de participar en el asesinato del exjefe de prensa de la Asamblea Nacional, Ricardo Durán, ocurrido a principios de este año en Caracas. ¿La razón? “La Fiscalía no los acusó y pidió su liberación, pero el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) se niega a cumplir esa orden y todo porque quieren construir unos nexos políticos con este caso”, explicó la presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano.

Aunque desde el Gobierno siempre han negado tener presos políticos y por el contrario afirman que lo que hay es “políticos presos” por cometer delitos comunes o actos de corrupción, hasta en el oficialismo hay quienes ya comienzan a reconocer su existencia y ejemplo de ello es el exalcalde Metropolitano de Caracas, Juan Barreto, quien admitió que López era uno.

“Es un preso de conciencia, político, porque él está preso por un conjunto de acciones que desataron sus pensamientos fascistoides”, declaró en mayo de 2015.

Sin embargo, el diputado Diosdado Cabello hace dos semanas dejó en claro que la aspiración de la oposición de liberar a todos los presos políticos no se materializará, al menos en el diálogo. “Ellos tienen que estar fundidos. Pasaron una lista de 140 personas que son presos políticos para que los liberen de manera inmediata (…) Una locura de esta gente. Ellos quieren convertir el diálogo en la Ley de Amnistía (…) Y les voy a decir algo: Leopoldo López seguirá preso por asesino”.

¿Pero para ser preso político hay que ser un político? No, de acuerdo a los estándares internacionales, aunque ciertamente es lo más lo común. Sin embargo, Romero precisó que “pueden ser todas aquellas personas están detenidas por razones políticas o que en sus expedientes no figuran motivos de peso para mantenerlas tras las rejas”.

En el caso venezolano López o Ledezma se ganaron ese puesto, por su condición de acérrimos rivales del chavismo, pero personas como los cinco policías metropolitanos condenados por los sucesos del 11 de abril o la suspendida jueza María Lourdes Afiuni son incluidos en la lista porque, según el Foro y la AN, no hay pruebas que los incriminen con los hechos de los que se les señalan, en el caso de los primeros; y en el de la segunda porque el fallecido presidente Hugo Chávez pidió pena máxima contra ella cuando las investigaciones aún comenzaban.

“Cuando hay dudas sobre la independencia de los jueces o cuando altos funcionarios emiten pronunciamientos contra una persona y acto seguido contra esa persona se adoptan medidas judiciales ya hay sospechas de que estamos ante un preso de conciencia”, afirmó el profesor de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Lusverti.

Para el catedrático “en un contexto democrático no debería perseguirse a nadie por sus ideas u opiniones, porque eso es un atentado contra la libertad de expresión”. Más contundente se mostró Solórzano, quien tras asegurar que la liberación de los presos políticos es una prioridad para la oposición, sentenció: “Ningún Gobierno que se dice democrático puede tener presos políticos”.

5 CASOS EMBLEMÁTICOS

Leopoldo López. El dirigente opositor está detenido desde febrero de 2014 señalado de buscar derrocar al Gobierno mediante una ola de protestas, aunque oficialmente fue procesado por asociación para delinquir, incendio, instigación y daños. En septiembre de 2015 fue condenado a más de 14 años de cárcel por llamar a manifestarse, pese a que nunca dijo que fuera de manera violenta.

Daniel Ceballos. El exalcalde de San Cristóbal (Táchira) fue detenido y destituido en mayo de 2014 por el Tribunal Supremo de Justicia, por supuestamente no acatar una orden suya para levantar las barricadas instaladas por opositores en la localidad andina. Tras varios meses de arresto domiciliario en septiembre fue llevado a otra cárcel, donde espera ser enjuiciado por rebeldía.

Iván Simonovis. El exsecretario de Seguridad Ciudadana de Caracas se encuentra en su casa cumpliendo una condena a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002, pese a que en el juicio no se mostraron pruebas que demostraran que ordenó dispararle a nadie.

María Elena Uzcátegui. Esta abuela fue detenida en Barquisimeto por permitirles a unos estudiantes, que protestaban, resguardarse en su casa de los gases lacrimógenos lanzados por la Guardia Nacional. Estuvo tres meses en una cárcel y ahora está bajo arresto domiciliario.

Víctor Ugas. Este joven se encuentra detenido desde finales de 2014 señalado de difundir por Twitter las fotos del cadáver del asesinado diputado oficialista Robert Serra. Pese a que un juez ordenó su excarcelación en 2015 sigue preso.

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