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Cuando los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil recorrían los 3.156 metros de extensión de “Orinoquia”, la imponente estructura del segundo puente sobre el río Orinoco durante su inauguración, el 13 de noviembre de 2006, Chávez, con gran euforia, le dijo a su aliado del sur que desde ya le entregaba la construcción del tercer puente.

No perdió tiempo el mandatario venezolano y en el mismo acto anunció la construcción del tercer puente que igualmente sería encargado a la constructora brasileña Odebrecht, la misma que pocos años después sería el centro de numerosos escándalos de corrupción, financiamientos de campañas electorales, sobornos e incumplimiento de contratos, como la llamada “Operación Lava Jato” que reveló un complejo esquema de corrupción en todo el continente, en el que Venezuela figura como su principal socio.

Tales operaciones condujeron a que el presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, fuera sentenciado a 19 años de prisión, en marzo de 2016, por cargos de corrupción y lavado de activos. Sin embargo, consiguió una significativa reducción de la pena a cambio de delatar a quienes recibieron sobornos de la empresa.

Asimismo otros 77 empleados están dispuestos a declarar ante la Fiscalía de Brasil sobre el complejo sistema de sobornos que la constructora realizó en 12 países latinoamericanos a cambio de condenas menos severas, conocida como “delación premiada”.

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Alianza Da Silva-Chávez

La alianza entre Lula Da Silva y Chávez comenzó a operar desde 2003, con negocios de Gobierno a Gobierno, sin licitación, y evadiendo mecanismos de control, cuando Lula Da Silva asume el poder en Brasil y se extiende durante los años en la presidencia hasta 2010, según revelan las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Brasil, conjuntamente con Estados Unidos y Suiza.

La amistad y los negocios convenidos entre ambos mandatarios se consolidaron a través de 16 visitas que hiciera Lula Da Silva durante los años que fungió como mandatario, mientras que Chávez correspondió a la provechosa amistad con 20 visitas a Brasil, en el mismo período.

Pero Lula Da Silva, a diferencia de Chávez, en sus visitas a Venezuela no viajaba solo. Aunque asumía su afecto con el “socialismo del siglo XXI”, promovido por Chávez, siempre estaba acompañado por importantes empresarios e industriales de su país, abiertos a participar en cualquier proyecto que se presentase en tan favorable alianza. Decía Lula Da Silva: “Yo sé de la importancia de las empresas brasileñas, porque cada vez que una empresa se torna brasileña, se torna multinacional; ella es una bandera de nuestro país”.

Es así que durante esos años las empresas brasileñas, de la mano de su presidente, obtuvieron del Gobierno venezolano unas 40 obras de gran magnitud en territorio venezolano, pero de ellas, Odebrecht tuvo a su cargo 32 que hoy son parte de la investigación que realiza por sobornos la Fiscalía de Brasil.

A diferencia de Lula Da Silva, Chávez desde que llegó al poder marcó distancia frente al sector industrial y el empresariado venezolano, considerados como “enemigos” por la revolución, salvo algunos sectores que se plegaron al proyecto socialista. De allí que Chávez inició desde el primer momento un proceso de estatización de empresas, expropiaciones y buscó en los países aliados a empresas y constructoras para que se ocuparan de las más importantes obras que se requerían, desplazando así a las venezolanas.

Entre el año 2005 y hasta septiembre de 2009, el Gobierno de Chávez entregó en obras de infraestructura, energía y transporte más de 100.000 millones de dólares a empresas y gobiernos extranjeros, desde el asfaltado de una calle en Quibor hasta la construcción de los grandes embalses en el país, de acuerdo con la información recopilada por el Centro de Investigaciones Económicas (CIECA). El presidente venezolano demostró así su preferencia por tecnologías exógenas y las multinacionales, igualmente privadas, pero de otros países.

Un estudio realizado recopiló con precisión cómo el Gobierno de Venezuela favoreció a consorcios extranjeros en la realización de numerosas obras, correspondientes a las líneas de desarrollo más importantes. Fueron obras como construcción de viviendas, autopistas, plantas de energía y petróleo, industria y las grandes obras de infraestructura. Todas ellas tienen el sello de las más grandes empresas de Brasil, Rusia, Cuba, Argentina, China o Irán, entre otras. A esas cifras de contrataciones en el exterior se agregó una cantidad similar en obras realizadas o donadas a países aliados.

Estado propietario

La ONG Transparencia Venezuela, que monitorea casos de corrupción, identificó que el Gobierno es propietario de 505 empresas, de las cuales 353 (70%) fueron creadas a partir del año 2001 cuando Hugo Chávez era presidente.

Mercedes De Freitas, directora de la ONG, indicó que al comparar el número de compañías estatales venezolanas con las que poseen otros países, encontraron que el Gobierno de Brasil, con más de 210 millones de habitantes, casi 7 veces la población nacional de Venezuela, controla solo 130 compañías, un 25,7% respecto a las empresas venezolanas en manos del Gobierno.

Mientras, en Argentina, con más de 44 millones de habitantes, el Gobierno posee 52 empresas, es decir, un 10,3% de las empresas en manos gubernamentales, en comparación con las controladas en Venezuela por los Gobiernos de Chávez y Maduro. Los hallazgos corresponden al proyecto Empresas Propiedad del Estado, en Venezuela, que lleva adelante Transparencia Venezuela y que se obtuvieron después de 8 meses de investigación y análisis de informes de la Contraloría General, memoria y cuenta de los ministerios, gacetas oficiales y portales de los ministerios.

Otro hallazgo fue el hecho de que 110 empresas son filiales de Petróleos de Venezuela, lo que representa 22% de las organizaciones creadas en los últimos 10 años. Además, se pudo establecer la fecha de creación o expropiación de 84% de las empresas, el período de mayor estatización estuvo entre 2006 y 2010, cuando el Ejecutivo se apoderó o fundó 185 empresas. Le siguió el lustro comprendido entre 2011 y 2016 con 128.

Los sobornos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el pasado mes de diciembre un comunicado en el que señalan que Odebretcht, el conglomerado internacional de construcción con sede en Brasil y Braskem, una compañía brasileña de petroquímica, se declaró culpable y acordó pagar 3,5 millones de dólares para resolver su disputa con autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, al utilizar un esquema para pagar cientos de millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de gobiernos de todo el mundo.

El anuncio hecho por el procurador de la División Penal del Departamento de Justicia de EEUU, Robert Capers, procurador federal del Distrito de Nueva York, indica que ambas empresas poseían un departamento que operaba de manera oculta para “coimas” en el que pagaban millones de dólares a funcionarios de gobiernos corruptos, de manera sistemática. “Estas resoluciones son el resultado de un gran esfuerzo multinacional para identificar, investigar y enjuiciar un esquema de corrupción altamente complejo y de todos los niveles en varios países que resultó en pagos cercanos a 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de diversos gobiernos”.

La información no da cuenta aún de los nombres de los funcionarios de 12 países latinoamericanos quienes presuntamente recibieron dichos sobornos. Venezuela figura como el segundo país, después de Brasil, con más dinero recibido con 98 millones de dólares. Durante el proceso judicial, en el que se encuentran 77 empleados de la constructora, la empresa solicitó un tiempo de gracia o silencio en cuanto a esos nombres que posiblemente serán revelados en el mes de junio. Esa revelación se negoció a cambio de una reducción de la pena.

Investigaciones en Venezuela

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela que preside Juan Guaidó desarrolla una investigación sobre el caso de los sobornos y se ha concentrado en 5 obras emblemáticas que a su juicio se emprendieron con un sobreprecio de hasta siete veces su valor original. Solamente por esas cinco obras se cancelaron 16.000 millones de dólares, la mayoría de ellas están sin terminar.

Por su parte, el diputado opositor Julio Montoya estima que los sobornos y sobreprecios de Odebrecht en Venezuela podrían ascender a unos 1.000 millones de dólares. Montoya quien lleva más de un año investigando las actividades de la constructora brasileña en Venezuela, asegura que 80% de las obras contratadas con Odebrecht están inconclusas y ha denunciado que especialmente en las obras como las del Metro y ferrocarriles, el costo de cada kilómetro ha sido 300 veces superior a lo que cuesta en otros países.

Desde la presidencia de la República, Nicolás Maduro declaró: Doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht y vayan a la cárcel los responsables de haber recibido sobornos. Mano dura con eso".

Seguidamente, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público investiga si funcionarios venezolanos recibieron por parte de Odebrecht sobornos y el destino de ese dinero. Asimismo informó de la solicitud de aprehensión contra una persona presuntamente vinculada. El viernes 17 de febrero la fiscal Ortega viajó a Brasil para participar en las investigaciones, tras una convocatoria que hiciera la Fiscalía de Brasil a los fiscales de la región de los países involucrados en el caso de los sobornos a fin de intercambiar información. Durante su estadía se reunió con el procurador general, Rodrigo Jonet y fiscales de otros 10 países quienes acordaron su colaboración para aclarar el escándalo de corrupción en la región.

Hasta el momento, en Venezuela la Fiscalía 57 Nacional ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, por los escándalos de corrupción de la llamada operación “Lava Jato”, quien está en la lista de los 77 acusados de Odebrecht. El pasado 14 de febrero el Ministerio Público y la División General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas de Odebrecht en Venezuela, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este en Caracas.

Segundo Puente del Orinoco

Un ejemplo que puede servir para medir el sobreprecio en obras que pudieron devenir en el pago de sobornos es el segundo puente sobre el Orinoco. Esa construcción fue inaugurada en 2006 y ha sido considerada la obra de ingeniería más importante de los últimos años en Venezuela. Inició su construcción desde 2001 mediante un acuerdo de gobierno a gobierno entre Brasil y Venezuela. Por parte de Brasil la obra fue asignada a la constructora Odebretht que, como señalamos, ha obtenido importantísimas obras de infraestructura y transporte en Venezuela.

El segundo puente sobre el Orinoco tiene una longitud de 3,5 kilómetros, cuatro canales para vehículos y una vía férrea. La obra tuvo un costo final de 1.284 millones de dólares, faltando inaugurar el tramo ferroviario.

Si por ejemplo comparamos esta obra con el puente Donghai de China encontramos una diferencia de costos elevadas a pesar de que se trata de obras de similar complejidad tecnológica.

El puente Donghai conecta al puerto Luchao, en Sahngai, con el puerto de aguas profundas Yangshan. Fue construido sobre el río Yangzi a lo largo de 32,5 kilómetros de extensión y seis canales para vehículos. Esa obra que comenzó a construirse en 2002 y se inauguró en 2005 tuvo un costo final de 1.200 millones de dólares, poco menos de lo que costó el puente venezolano. Esto quiere decir que el puente chino tuvo un costo aproximado de 37,5 millones de dólares por kilómetro de construcción, en tanto que el puente sobre el Orinoco tuvo un costo aproximado de 400 millones de dólares por cada kilómetro construido.

Ambos puentes guardan características similares. El puente sobre el Orinoco está compuesto por cuatro torres de 120 metros cada una, 39 pilas sencillas que alcanzan hasta 87 metros de profundidad, dos canales de navegación de 300 metros de longitud y una superestructura metálica, conformada por 272 módulos, que es la encargada de soportar los canales de circulación y está reforzada por un tramo atirantado de 1200 metros.

Mientras que el Donghai, uno de los más grandes del mundo, tiene dos puentes para el paso de barcos oceánicos de gran tonelaje, y calzada de tres canales viales de circulación por sentido, pero sin ferrocarril.

La construcción del segundo puente sobre el Orinoco se había proyectado desde 1990 con dos vías férreas y una pendiente menos elevada. Para ese entonces la obra se había estimado en unos 300 millones de dólares.

Otros puentes

El puente Incheon en Corea del Sur, cuya construcción se inició hace cuatro años y fue recientemente inaugurado, está considerado como el séptimo puente más largo del mundo. Fue construido sobre el mar para unir la isla Yengjong, frente a la costa occidental y la península coreana, con una extensión de 21, 3 kilómetros. Esta obra tuvo un costo final de 2.076 millones de dólares. Cuenta con un tramo atirantado que le permite el tránsito de buques de 100 mil toneladas hacia el puerto de la ciudad, con dos grandes pilares de 250 metros de altura. Cuenta con un sistema operativo digital con funciones de última generación que lo convierte en un éxito mundial en el campo de las tecnologías arquitectónicas de primer nivel.

Cabe destacar que el tercer puente sobre el Orinoco, llamado también Puente Mercosur, que comenzó a construirse en 2006 aún no se ha concluido y según el Ministerio de Transporte ya ha completado 60% de avance. Esa obra asignada a Odebrecht está ubicada entre las poblaciones de Caicara del Orinoco, Estado Bolívar y Estado Guárico con una extensión de 11,125 kilómetros, más 29 kilómetros de carretera. Es una estructura de tipo carretero-ferroviario y su construcción se estima en 2.400 millones de dólares. La obra fue prometida para ser entregada en el año 2012, luego se postergó para 2015 y más tarde para 2016. Varios créditos adicionales han sido necesarios para continuar la obra.

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