El día del estallido social, el joven Elías Rizo alzó su bandera y se convirtió en icono de las protestas.
AFPMIAMI.-El Tribunal Provincial de La Habana sentenció con penas que van desde los cuatro años de "libertad limitada" hasta los 13 años de cárcel a 15 manifestantes del 11J, entre ellos el adolescente Jonathan Torres Farrat.
DIARIO LAS AMÉRCIAS tuvo acceso al documento (sentencia correspondiente al EFP 833/2021) este 25 de enero y pudo comprobar que a estas personas se les acusó y procesó por "sedición", que forma parte de la sección de delitos contra la llamada Seguridad Interior del Estado.
La iniciativa ciudadana Justicia 11J, un grupo integrado por investigadoras independientes que monitorea desde el estallido social las detenciones por motivos políticos en Cuba, declaró que según había sido anunciado en juicio, los delitos comunes iniciales de atentado, desacato, desórdenes públicos e incitación a delinquir fueron modificados por el delito político de sedición.
Esta modificación definitiva de delito, consideró Justicia 11J, supone que 204 personas han sido procesadas por sedición, en relación con manifestaciones en el contexto de #11JCuba, lo cual representa el 13.4% de las personas detenidas (1527) de acuerdo con el subregistro de esta organización de la sociedad civil.
Para expertos como la abogada Laritza Diversent, el mencionado delito ha sido incorporado por el régimen en los procesos contra los manifestantes como mecanismo de intimidación tras las mayores protestas de la historia reciente de Cuba.
La sentencia, que no es firme y por tanto aún puede ser recurrida, se corresponde con un juicio realizado en noviembre último y que provocó una gran atención mediática dentro de la Isla, puesto que entre los juzgados se encontraba Jonathan Torres, de solo 17 años en el momento de los hechos.
Su madre, Bárbara Farrat, explicó a través de su página de Facebook que la semana previa al juicio, la Fiscalía del régimen cambió los cargos contra él: "de atentado y desorden público a sedición".
"A mi hijo le acaba de bajar cuatro años sin internamiento, gracias a Dios. Pero hay una cosa que me tiene bastante disgustada: a partir de hoy a mi hijo lo van a tener chequeado todas las semanas con un juez de ejecución y tendrá que ir a firmar todas las semanas. Es una forma de seguir el atropello y seguir arriba de uno, que ellos no dejan vivir", cuestionó.
"Son tres nada más los que van a campamento", lo que las autoridades denominan "régimen de menor severidad", agregó y enfatizó que "esto empezó el 11 de julio y no se ha terminado", subrayó Farrat.
En declaraciones a EFE, Orlando Ramírez, esposo de Bárbara, calificó el proceso como un "show" y, aunque consideró como una "victoria" el fallo, añadió que "realmente el juicio contra su hijastro es un error, porque él no hizo nada".
Entre todas las sentencias individuales, se dictaron 75 años de prisión para los 15 manifestantes recogidos en este expediente. Las sentencias fueron: 13 años de privación de libertad para: Richard Jorge Hierrezuelo (36 años al momento de la detención) 12 años de privación de libertad para: Maykel Arnaldo Reyes Álvarez (40)*; 10 años de privación de libertad para: Hansel Felipe Arbolay Prim (28)* Omar Bravo Cruzata (22) Alejandro Flores Rubio (22)* Yuniel Blanco Jiménez (35)* Rudyelis Ulloa López (36)*; 5 años de trabajo correccional con internamiento para: Andro Ledesma Prieto (18) Kevin Lázaro Pimentel Oduardo (19) Luis Daniel Carrillo Urquiola (18)* Kelvin Edwuard Charles Matos (18); 5 años de trabajo correccional sin internamiento para: Dayana Camejo Ramos (34) Ernesto Brieva Sempé (48)* Manuel de Jesús Rodríguez Santiesteban (51)*; y 4 años de limitación de libertad para: Jonathan Torres Farrat (17).
Justicia 11J expresó especial preocupación por el elevado número de personas hasta los 22 años sancionadas con hasta 10 años de privación de libertad, así como por los bajos niveles de escolaridad (entre sexto y noveno grados) de algunos de ellos, lo que atribuyó a los accesos limitados a la educación a que se ven sometidos los sectores más empobrecidos de la sociedad cubana, justo los que salieron mayoritariamente a las calles en reclamo de derechos.
El tribunal consideró como hechos probados que los condenados se movilizaron en el habanero municipio de Arroyo Naranjo con "el propósito de generar la desestabilización del orden social y político establecido en la República de Cuba" aunque se refirió en el documento al delito de sedición en términos de "presunto".
Además los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra el mandatario Miguel Díaz-Canel.
El juicio se desarrolló con testigos presentados por la Fiscalía, en su mayoría policías, que fueron censurados por la defensa por sus titubeos y cambios en los testimonios, según reportó la agencia EFE a partir de su contacto con de una fuente que estuvo dentro de la sala.
El cambio de la acusación de "atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir" por el delito de "sedición", aseguró la agencia en su reporte, provocó molestia entre al menos dos de los letrados, porque este tipo penal implica "una intención de desestabilizar el orden del Estado", de acuerdo con el Código Penal vigente en Cuba. Uno de ellos, no identificado por EFE, habría dicho: "Es hora de que el país empiece a sanar las heridas, es hora de que el país se siente a dialogar, es hora de que el país cree espacios públicos para que todas aquellas personas que no piensen igual puedan manifestarse de forma segura y legal sin que se les impute un delito".
Según datos de las organizaciones independientes Justicia 11J y Cubalex, hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias contra manifestantes del 11J. De estos casos, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición.
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