Según el letrado, la defensa de Carvajal está dispuesta a agotar todas las instancias para impedir el envío de su representado a EEUU.
“Es falso que el general será entregado a EEUU en unas semanas o meses, y menos que ha negociado [con el Gobierno estadounidense]. Peleará hasta el último minuto, y si hace falta iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo”, aseguró Oliver, quien representa al general venezolano en España, donde está detenido desde hace cuatro meses.
El caso de Carvajal encierra polémica por las circunstancias que lo envuelven.
De acuerdo con un documento de la defensa presentado a la justicia española al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS, el militar y diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) -del que hace filas el dictador Nicolás Maduro- llegó a Madrid por sugerencias del propio servicio de inteligencia de España.
El exjefe de la Dirección General de Inteligencia Militar fue detenido el 12 de abril en Madrid por una orden de aprehensión de EEUU, que lo requiere desde 2011 por cuatro cargos, entre los que están vínculos con el narcotráfico y la cooperación con la hoy desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Carvajal ha negado las acusaciones y sostiene que su vínculo se debió a su “función como jefe de los espías venezolanos”.
Sin embargo, las evidencias dicen otra cosa. "El Pollo", como se le conoce desde sus tiempos en la milicia, habría facilitado las operaciones de narcotráfico de al menos una docena de prominentes capos de la droga que tenían actividades en Venezuela entre 2005 y 2011, muchos de los cuales fueron posteriormente extraditados a EEUU, como reveló en julio una investigación de DIARIO LAS AMÉRICAS.
Una de las tres acusaciones públicas contra Carvajal alega que apoyó a miembros del Cártel del Norte del Valle para que movilizaran cientos de toneladas de droga que sabía tenían como destino final EEUU. Beto Marín, un lugarteniente del fallecido líder de esa organización, es ahora uno de los mayores testigos contra el general.
Carvajal se rebeló públicamente contra Maduro en febrero y respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado. En marzo, al fragor de acusaciones contra el régimen, huyó de Venezuela y, según la prensa española, a finales de ese mes llegó a Europa.
“A este hombre [Carvajal] le quieren por lo que creen que él sabe”, enfatizó Oliver, un prominente jurista español conocido por los casos polémicos que ha defendido en su país en los últimos años.
El 27 de junio, el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional -la máxima instancia judicial de España- denegó a Carvajal la solicitud de libertad provisional que su defensa interpuso. La decisión ha sido apelada y está ahora en revisión.
Entre los alegatos de la defensa para respaldar que el diputado debía recibir libertad provisional están que “no corre riesgo de fuga” por razones familiares y técnicas, además de “su negativa a ser extraditado versus su actitud de no avenirse a la extradición sin someterlo al juicio de la Audiencia Nacional”, según documentos judiciales del caso.
“El procedimiento ‘extradicional’ no tiene como finalidad asegurar la entrega del reclamado, la finalidad de esto es verificar si se cumplen o no los requisitos de la Ley de Extradición Pasiva y los tratados internacionales suscritos”, alegó Oliver para amparar que su cliente permanecerá en España y agostará todas las instancias.
En la evidencia que el Departamento de Estado presentó a Madrid para la extradición, el 10 de mayo, hay copiosa información sobre los supuestos delitos que cometió durante al menos un lustro el exoficial en su paso por el poder. Es la relación con distintos capos de la droga lo que más pesa y se reitera.
Oliver dijo en su apelación por la libertad condicional de su cliente que en esa documentación de EEUU para solicitar la extradición “no hay una mínima narrativa de hechos”, y observó “defectos formales graves que producen indefensión y desconfianza de las intenciones reales del país reclamante”.
Según el letrado, “no se cumplen los requisitos del tratado de extradición entre España y EEUU a la luz de la documentación ‘extradicional’ remitida”.
No hubo una respuesta inmediata del Departamento de Estado para explicar detalles de esta demanda de extradición. Entre ambos países existen cuatro tratados de extradición que datan de 1970 y dejan casi sin margen la posibilidad de impedir que Carvajal sea extraditado.
Desde 1999 cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, Carvajal, hoy con 59 años, ostentó cargos clave en la nomenclatura de la llamada “revolución bolivariana”.
Con Maduro en la presidencia volvió al control de los servicios de inteligencia militar, por lo que ahora, enemistado con el actual dictador, es un diamante en bruto en información sensible para EEUU contra el régimen.
De ser transferido a la custodia de las autoridades estadounidenses, los fiscales de Miami y Nueva York, de donde parten las acusaciones en su contra, podrán no solo interrogarlo sobre las irregularidades que él cometió sino las que denunció acerca de los funcionarios que rodean el círculo íntimo de Maduro.
El doble juego
El hecho de que Hugo Carvajal esté hoy detenido en Madrid y no en otro país rebatiendo una potencial extradición a suelo estadounidense, tiene –según fuentes conocedoras del caso- un trasfondo estratégico en el que convergen las leyes y el derecho con alianzas entre colegas de la comunidad de inteligencia española, con las que tuvo contactos por su trabajo.
Según los citados documentos, fue por sugerencia directa de los servicios secretos españoles que el “nuevo enemigo” de Maduro decidió partir a España con la garantía de que sería protegido.
El mismo día que Carvajal llegó a España desde el lugar donde estaba oculto tras huir de Venezuela en marzo (no se revela el punto de partida), agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) lo recibieron en la puerta del avión. Incluso tras desembarcar, no pasó el control de pasaportes.
Posterior a esto un vehículo sin identificación del servicio secreto lo condujo a la vivienda de su hijo quien lleva tiempo residiendo en Madrid, según el texto. Carvajal, además, tiene una hija de poco menos de dos años nacida en suelo español y es padre de otros cuatro niños, menores de edad en España, con lo que avalaría su arraigo a ese país.
Los documentos constan que hasta ese entonces la embajada de EEUU en Madrid y el Departamento de Estado no habían remitido la solicitud de extradición a su contraparte española, por lo que Carvajal llegó a reunirse sin complicaciones en un hotel cercano a la sede del CNI con agentes del servicio secreto, según los documentos oficiales revisados. “Tras los encuentros, los miembros del espionaje español le expresaron su intención de sostener otras reuniones”, afirmó.
Con su detención el 12 de abril y posterior ida a prisión, el caso Carvajal puede alargarse en la Audiencia Nacional hasta por un año o dos, indican abogados. Más allá de que sea una decisión judicial, al final el Gobierno español puede tener la última palabra.
“Si el órgano judicial no accede a la extradición, esta decisión vinculará al Gobierno. Por el contrario, si la decisión judicial concluye que procede la entrega, el Gobierno podría denegar, en última instancia, la extradición”, explicaba desde Madrid la abogada penalista Eva Gimbernat, experta en leyes de extradición española.
Si bien Oliver se muestra dispuesto a llevar hasta el Tribunal de Estrasburgo el proceso del exjefe de los espías venezolanos, de acuerdo con expertos, recurrir a esta máxima instancia judicial de los derechos humanos y libertades en Europa exige haber agotado la vía interna de impugnaciones en España, que implica el propio Tribunal Supremo. En ese escenario, la disputa se dilataría más.
