jueves 31  de  octubre 2024
VENEZUELA

Acuerdos en vilo y represión en cuarteles, mientras Maduro busca inversiones con China

Nicolás Maduro tiene hasta abril para cumplir con Acuerdos. Por su parte, Alex Saab, ahora presidente del Centro de Inversión Productiva, se reúne con China

Por Sofía Nederr

CARACAS. - El régimen de Nicolás Maduro cerró enero con un balance álgido.

Esto incluye señalamientos por incumplir los Acuerdos de Barbados, la ratificación de la inhabilitación contra algunos opositores, la asignación de un cargo estratégico al empresario colombiano Alex Saab, canjeado en diciembre con el Gobierno de EEUU por la liberación de varios presos en cárceles venezolanas, y la represión a civiles y militares en medio de acusaciones sobre cinco presuntos planes conspirativos.

Tras la firma de Barbados, en el último trimestre de 2023 Estados Unidos relajó algunas sanciones para permitir las operaciones petroleras. Sin embargo, en los últimos días puso un nuevo ultimátum a Maduro hasta abril de este año y reimpuso algunas limitaciones.

“El estatus de los Acuerdos es que el gobierno (régimen) va en contravía a su cumplimiento, principalmente con la persecución política que inició en contra de miembros del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado, incluyendo arrestos arbitrarios”, expresa Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales y asesor de Crisis Group.

Añade que no se ha avanzado en la implementación de las garantías electorales: definición del cronograma, actualización del Registro Electoral, invitación a misiones internacionales de observación electoral y mayor equilibrio en los medios de comunicación para la oposición.

Puntualiza que los acuerdos prevén la revisión de las inhabilitaciones, pero no el levantamiento de todas las inhabilitaciones. Sin embargo, de Alba refiere que Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en la negociación, denunció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) [controlado por el oficialismo] hizo una decisión sumaria cuando todos los procesos deben garantizar el derecho a la defensa.

El analista cree que aún hay margen para las garantías electorales. Califica como positiva la posibilidad de que se instale la Comisión de Seguimiento y Verificación como han planteado tanto el régimen, en la voz de su representante Jorge Rodríguez, como la oposición.

Agrega que el mecanismo de seguimiento es una instancia con representación de los jefes negociadores y en algunos casos con la facilitación de Noruega. “Si no hay coincidencia, el mecanismo no tiene forma de avanzar o dar resultados. La falta de efectividad demuestra lo urgente de comenzar discusiones para reconstruir una institucionalidad imparcial que pueda dirimir conflictos entre actores de distinto signo político”, destaca Mariano de Alba.

¿Los Acuerdos están desahuciados?

Para el internacionalista de Alba, lo fijado en la negociación podría fenecer si llega abril y el régimen no ha cumplido “y si vuelve a obstaculizar la posibilidad de que haya un candidato presidencial genuinamente opositor”.

Tras ratificar la inhabilitación contra María Corina Machado y Henrique Capriles, el 29 de enero EEUU reimpuso sanciones a MINERVEN, empresa estatal de oro, que debe cerrar sus operaciones a más tardar del 13 de febrero.

“En respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, los Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector minero de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con su compromiso”, enfatizó el Departamento de Estado el 30 de enero.

El analista de Alba expresa que la mayoría de las concesiones del Gobierno de Biden han sido un incentivo para que el régimen cumpla con Barbados.

“Sin embargo, el gobierno (régimen) de Maduro ha otorgado algunas concesiones como podría ser la liberación de presos políticos, incluyendo algunos estadounidenses, permitió la celebración de las elecciones primarias sin desplegar la represión y habilitó el procedimiento especial para la revisión de las inhabilitaciones”, indica.

El peso de Saab

Uno de los aspectos de los que el régimen ha sacado provecho tras Barbados es la liberación del empresario colombiano Alex Saab, quien el 15 de enero fue designado por Maduro como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela (CIIP).

Cuando fue detenido en Cabo Verde en 2020 era solicitado por la Interpol por delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países. En 2018, investigaciones del medio venezolano Armando.info señalaron que Saab, con el empresario colombiano Álvaro Pulido, se habrían beneficiado de contratos millonarios con el régimen de Maduro mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de subsidio de alimentos.

Hace tres años, el régimen le concedió a Saab el estatus de diplomático cuando fue extraditado a EEUU y en 2022, pausó la negociación con la oposición en México bajo la exigencia de que Alex Saab fuese incorporado.

El 25 de enero, un grupo de senadores republicanos, encabezados por el senador Chuck Grassley, pidió al Departamento de Justicia de EEUU publicar la investigación sobre Saab. Puntualizaron que “el Gobierno cerró el caso contra Alex Saab cuando el presidente Biden perdonó sus crímenes. No hay base para ocultar las pruebas contra Saab al público estadounidense”.

Recordaron que informes señalan a Saab como un “intermediario” de Maduro ante Irán y de colaborar para que ambas naciones evadieran sanciones.

Las solicitudes de miembros del Partido Republicano tienen un peso importante, especialmente en un año electoral donde los republicanos tratarán de criticar enfáticamente a Biden para tratar de recuperar el poder ejecutivo en las elecciones de noviembre”, apunta Mariano de Alba.

Añade que Biden usó la figura de la clemencia con Saab, con lo cual no cree probable que EEUU diga algo más sobre el canje o publique pruebas del Departamento de Justicia.

El internacionalista destaca que la tarea de Alex Saab como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela tiene un claro objetivo: “No sé cuál será el estatus de la relación entre Maduro y Saab. Le dan esa responsabilidad porque a los ojos del gobierno (régimen) tiene cierta efectividad en conseguir oportunidades comerciales y de inversión en países no-occidentales y también por su experiencia en esquemas de evasión de las limitaciones que imponen las sanciones internacionales”.

Según las informaciones del CIIP, Saab ha efectuado varios encuentros comerciales con autoridades de China, Turkia, Vietnam, Argelia y empresarios internacionales. El 27 de enero Saab recibió al embajador de China, Lan Hu, con quien evaluó “las oportunidades de inversión en Venezuela”.

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Maduro dijo el 30 de enero: “Después de pasar tres años y medio secuestrado y torturado, ha visto el renacer y además dedicado por entero a trabajar por la inversión”.

Mariano de Alba subraya que, ante los riesgos de los Acuerdos, el régimen trata de aumentar sus lazos económicos con países no occidentales.

“En ese ámbito la apuesta con China es fundamental. Sin embargo, el problema en los últimos años es que China y sus empresas han sido muy cautelosas y renuentes a acometer nuevas inversiones luego de que durante el gobierno de Chávez desembolsó grandísimas cantidades de dinero; producto de la mala administración, Venezuela ha tenido enormes dificultades para re-pagar ese financiamiento y una parte importante de los proyectos nunca fueron ejecutados”, indica.

Persecución a los militares

Con 2024 arreciaron las acusaciones del régimen contra la disidencia, lo cual pasa por acciones de inteligencia que condujeron a develar cinco presuntos planes conspirativos. En uno de los planes que el fiscal general, Tarek William Saab, denomina “Brazalete Blanco” se han librado, hasta el 31 de enero, varias órdenes de captura y detenido a 36 personas, civiles y militares.

Según expresa el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar (FIM), la represión llegó a la Fuerza Armada y el régimen de Maduro envía una advertencia para toda la organización. Repudia “la forma ofensiva” como fueron degradados 33 militares y expulsados de la institución señalados de “conspiración”.

En este grupo, el régimen fueron incluidos algunos que ya estaban de retiro, comenzando por el general Tomás Enrique Martínez Macías, quien egresó de la Academia Militar de 1983 y es compañero del mayor general Clíver Alcalá Cordones. Este último espera sentencia en EEUU por varios delitos.

“Esto ha caído muy mal al interior de la Fuerza Armada, sobre todo en los grados subalternos, de teniente coronel hacia abajo. Ha sido humillante y no se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa, además estas medidas de degradación y expulsión se dan como penas accesorias cuando hay una sentencia firme y ante un gran delito. No fue un hecho cumplido porque ninguno se ha sublevado en armas”, puntualiza el general Herrera Betancourt.

Por su parte, la ONG Control Ciudadano exigió al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, que se publique en la prensa nacional la sentencia “de los actos de traición a la patria que hayan podido cometerse”. Desde la Fuerza Armada, en las últimas dos semanas se han incrementado los llamados de los mandos a la lealtad y se subraya que no tolerarán “traiciones”.

El general Juan Herrera Betancourt resalta que en los cuarteles “el gran quiebre es la falta de liderazgo” y que la familia castrense sufre las penurias que el resto de los venezolanos: “Hay una desatención y eso se aprecia en las deserciones”.

@snederr

FUENTE: Redacción Diario Las Américas

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