La Procuraduría Especial de Venezuela advirtió que después del 10 de enero de 2019 no tiene validez ningún contrato firmado por petroleras privadas en el país con el régimen de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado la Procuraduría Especial advirtió a inversionistas privados e internacionales que dichos acuerdos son inconstitucionales y por lo tanto al margen de la ley, por lo que podrían enfrentarse ante la justicia internacional.

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En el escrito, aclara que es necesario la aprobación de la Asamblea Nacional, de lo contrario, ningún acuerdo tiene validez para el Estado venezolano, informó el Centro de Comunicación Nacional.

"De conformidad con los artículos 150, 302 y 303 de la Constitución, y 9 y 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las empresas privadas solo pueden participar en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el marco de los contratos de empresas mixtas previamente autorizados por la Asamblea Nacional. El régimen de Maduro ha venido violando esas normas, al suscribir contratos de servicios petroleros y modificar las condiciones de operación de las empresas mixtas sin el control de la Asamblea Nacional, como ha denunciado la Asamblea Nacional en Acuerdos de 18 de abril de 2017 y 8 de enero de 2019", dice el comunicado.

Agrega que "a todo evento, después del 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro, y quienes usurpan la Presidencia de la República y demás entes del Ejecutivo, no pueden celebrar válidamente ningún tipo de contrato".

Advierte además que las empresas pretroleras privadas no pueden suscribir contratos con "la supuesta autorización de quienes participaron en esa toma militar para imponer por los hechos a una ilegítima Junta Directiva". Se refiere el texto a los diputados que se autoproclamaron como junta directiva de la AN el 5 de enero sin seguir el reglamento interno del Parlamento.

"Todos esos contratos, de existir, serían nulos e inexistentes, pues ellos pretenden trasladar derechos de exploración, explotación y comercialización a empresas privadas como resultado de la usurpación de la Presidencia de la República y al margen de los controles que corresponde ejercer a la Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por lo tanto, ninguno de esos contratos será un compromiso válidamente adquirido del Estado venezolano".

FUENTE: Redacción / Nota de prensa / Centro de Comunicación Nacional

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