La miembro de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional Soranib Hernández de Deffendini considera que hay argumentos válidos para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, pues el informe de la misión independiente de la ONU es una fuente fiable y creíble y existen antecedentes jurídicos que respaldarían dicha investigación.

Destacó que de acuerdo al informe, que fue divulgado el pasado 16 de septiembre, los cargos que conforman la cadena de mando del Estado venezolano han cometido graves violaciones de derechos humanos, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, reseñó El Nacional.

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Recordó que el documento de la misión de la ONU reveló que Nicolás Maduro y sus ministros "tenían conocimiento de los crímenes".

Además, el informe sostuvo que esas prácticas violatorias de derechos humanos por parte del Estado venezolano constituyen “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado" y que "son parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”, lo cuales están tipificados y codificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, destacó Hernández de Deffendini.

“El Estado venezolano ha incumplido con las obligaciones internacionales para procesar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales, a fin de acabar con la impunidad”, agregó.

La experta indicó que la justicia universal es un principio que pueden activar los Estados "de conformidad con sus ordenamientos internos", aunque advierte que la inmunidad de jurisdicción penal de los jefes de Estado limita la aplicación de este principio. No obstante, aclaró que si el jefe de Estado en cuestión cesa en sus funciones o si se le levanta la inmunidad por el Estado, los tribunales de terceros países pueden juzgarlo. Sin embargo, se pregunta ¿estaría el gobierno de Venezuela dispuesto a hacerlo? Por lo pronto no parece ser la vía más factible”, indicó.

Por ello, considera que la opción más viable en el caso de Venezuela es activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Resaltó que en la Oficina de la Fiscalía (OTP) reposa la documentación de innumerables casos de violaciones graves de derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad y que ya hay un examen preliminar sobre Venezuela desde febrero de 2018.

FUENTE: REDACCIÓN
 

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