Alerta: "cierre del espacio cívico" si aplican ley sobre ONG

La Misión alertó sobre "requisitos adicionales" que impone la regulación como exigencia para la creación y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones sin fines de lucro, y cuyo incumplimiento acarrea fuertes sanciones para éstas que incluyen su disolución de oficio.

"La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas", afirmó Francisco Cox, experto de la Misión, que agregó que la ley vulnera derechos porque "está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación".

El equipo de la Misión realizó un análisis preliminar del proyecto que concluyó que varias de sus disposiciones afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión contenidos en la Constitución de Venezuela y en normas internacionales de derechos humanos suscritos por este país.

Uno de los aspectos que más preocupa a la Misión es que la ley otorga al Ejecutivo la facultad de implementar mecanismos de control que el permitirán supervisar y sancionar las "desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional".

"Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia", dijo la Misión.

Asimismo, consideró que de acuerdo al discurso de autoridades del régimen de Maduro, de las cuales la Misión ha tomado nota, las ONG que reciben financiamiento internacional, ya sea de instancias de derechos humanos y otras organizaciones, quedarán expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.

En ese sentido, la Misión alertó que "sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer".

Además, la Misión expresó preocupación por la "falta de precisión" en la prohibición de realizar "actividades políticas" o que "atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República". Explicó que el concepto "actividades políticas" no está definido con claridad en la ley.

"Esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones", remarcó.

Para la Misión, el proyecto se enmarca en un "patrón amplio de restricciones al espacio cívico, a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al libre funcionamiento de organizaciones y medios de comunicación independientes".

FUENTE: Nota de Prensa /ONU