MANAGUA.- La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia abogó hoy por la reanudación del diálogo para superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado, tras la sanción impuesta por Estados Unidos a la vicepresidenta y primera dama de este país, Rosario Murillo.

"Esperamos que las funestas consecuencias del aislamiento internacional que sufrirá Nicaragua haga reflexionar a los gobernantes para que, deponiendo sus egoísmos personales, piensen en la patria y se reinstale a la brevedad posible el diálogo", señaló esa coalición opositora que agrupa a sectores estudiantiles, campesinos, empresariales y civiles de Nicaragua.

La Alianza Cívica es la contraparte del Gobierno en un diálogo para superar la crisis que fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.

Según ese grupo, los responsables de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Murillo, y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente, Daniel Ortega, son los mismos gobernantes nicaragüenses.

"La reacción internacional tiene su origen en la desmedida represión gubernamental que lleva más de 400 muertos, casi 600 presos políticos, detenciones arbitrarias y más de mil heridos", argumentó esa Alianza.

Advirtió que el Gobierno de Ortega "ha respondido con más represión y supresión de derechos" a los reiterados llamados de la comunidad internacional a buscar una solución dialogada a la crisis.

"Las sanciones no son el resultado del intervencionismo extranjero, argumento que Ortega ha repetido por más de cuatro décadas. Son respuestas de una comunidad internacional que no puede quedarse indiferente ante tanta represión y muerte", valoró.

Agregó que "esas sanciones son medidas extremas ante acciones extremas de injusticia perpetradas por Ortega y Murillo, esta última señalada directamente por las sanciones como importante responsable".

Las sanciones, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier "propiedad o intereses en propiedades" de Murillo o Moncada que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense.

Además, se prohíbe a cualquier estadounidense que realice negocios con los designados, y la Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados en el país ha quedado suspendida.

"Reiteramos que el único responsable de este conflicto y de las consecuencias futuras es el Gobierno que ha violentado la Constitución, las leyes, la institucionalidad, los derechos humanos, que ha fomentado la corrupción, que ha pretendido instaurar una dinastía basada en el abuso de la autoridad, la violencia y el miedo", indicó la Alianza Cívica.

El Gobierno de Nicaragua rechazó "con contundencia" esa decisión de Estados Unidos.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

FUENTE: EFE

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