El Departamento del Tesoro los acusa de sostener el aparato de represión, censura y control económico en Nicaragua
Departamento del Tesoro de EEUU.
SAUL LOEB/ AFP El matrimonio dictatorial de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo desataron una ola represiva durante el segundo aniversario de las protestas de abril.
INTI OCON / AFP Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.
JAIRO CAJINA / EL 19 DIGITAL / AFPWASHINGTON - El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, a quienes acusa de permitir y ejecutar la represión sistemática, el espionaje interno y la persecución contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua.
Las medidas, anunciadas por el Departamento del Tesoro, alcanzan a la ministra de Trabajo, Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, el mayor general Leonel José Gutiérrez.
Según Washington, estos funcionarios forman parte del aparato represivo y de control que sostiene al régimen sandinista y contribuye a la violación sistemática de derechos fundamentales en el país centroamericano.
El Departamento del Tesoro señaló que la ministra Flores, en el cargo desde agosto pasado, ha permitido la explotación de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de competencia desleal, derivadas de condiciones laborales impuestas por el régimen.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera —dirigida por oficiales militares— ha sido utilizada, según EEUU, para instrumentalizar los mecanismos contra el lavado de dinero con fines políticos, persiguiendo y asfixiando económicamente a opositores y críticos del régimen.
El mayor general Gutiérrez encabeza el directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, descrito por Washington como una de las estructuras más opacas del Ejército, encargada de monitorear a manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.
Por su parte, TELCOR es considerado un componente clave del aparato de vigilancia y espionaje estatal. Su directora general, Nahima Janett Díaz, ya había sido sancionada en 2022, y ahora se suma su número dos, Celia Margarita Reyes, por su rol en el control de las comunicaciones y la censura.
Las sanciones implican la prohibición total de transacciones financieras y comerciales en Estados Unidos, así como el bloqueo de activos y el acceso a servicios financieros bajo jurisdicción estadounidense.
“Este gobierno seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para enfrentar a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
Washington reiteró además su exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua, muchos de ellos detenidos tras procesos sin garantías judiciales.
Las nuevas sanciones se suman a otras medidas recientes. La semana pasada, el Departamento de Estado prohibió el ingreso a Estados Unidos de Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, donde permanece recluida la mayoría de los presos políticos del régimen.
Con estas acciones, Estados Unidos mantiene la presión diplomática y financiera contra una de las dictaduras más cerradas y represivas de la región, cada vez más aislada internacionalmente junto a los regímenes de Cuba y Venezuela.
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