Vista panoramica de El Helicoide, sede del SEBIN, policía política del régimen venezolano
AP/Ariana Cubillos, ArchivoCARACAS.- Amnistía Internacional lanzó una denuncia contundente, destacando que las detenciones por motivos políticos en Venezuela siguen siendo empleadas como una herramienta de control y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
En el informe presentado por la organización humanitaria este martes, se establece que estas detenciones son parte de una estrategia generalizada y sistemática dirigida contra la población venezolana, lo que podría llevar a la consideración de que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país.
Uno de los aspectos resaltados en el informe es la utilización de tribunales especiales con competencia en casos de terrorismo para llevar a cabo los arrestos. Estos tribunales han impuesto penas severas con un nivel de evidencia notablemente bajo, lo que ha generado preocupación sobre la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Amnistía Internacional no solo señala que estas detenciones afectan a activistas políticos, sino también a defensores de los derechos humanos, sindicalistas y trabajadores que buscan reivindicar sus derechos laborales. La organización advierte que, en algunos casos, las detenciones tienen un trasfondo político más amplio y están diseñadas para atacar a personas asociadas con el objetivo principal de silenciar, lo que crea un efecto de retaliación y coacción en la sociedad.
El informe también destaca nueve casos "emblemáticos" de detenciones por motivos políticos en Venezuela, incluyendo el caso del director de FundaREDES, una organización no gubernamental de derechos humanos. Tarazona fue detenido en 2021 después de denunciar acoso y persecución por parte de las fuerzas de seguridad. Su arresto se produjo poco después de que FundaREDES denunciara supuestos vínculos entre funcionarios del gobierno venezolano y grupos armados ilegales en Colombia.
Amnistía Internacional instó al régimen venezolano a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos y solicitó a la comunidad internacional que exija garantías a Venezuela para evitar futuras detenciones arbitrarias. Además, la organización respalda la labor de la Corte Penal Internacional (CPI), que en junio determinó que los fiscales internacionales deben reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad bajo la dictadura de Maduro.
En respuesta a estas acusaciones, el régimen venezolano negó enfáticamente la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. La situación sigue siendo motivo de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, y se espera que la presión sobre Venezuela para abordar estas preocupaciones se intensifique tras la publicación de este informe impactante.
FUENTE: Con información de AP
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