BUENOS AIRES.- JUAN IGNACIO IRIGARAY / ESPECIAL
La muerte llena de sospechas del fiscal antiterrorista Alberto Nisman de un balazo en la cabeza sacudió a los argentinos, apenas unas horas antes de que hablara en el parlamento de su acusación a la presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner sobre un supuesto encubrimiento de la mandataria a Irán por el atentado a la mutual judía AMIA, en 1994.
El cadáver del agente del ministerio público, de 51 años, separado y con dos hijas, fue encontrado por su madre y una hermana, más algunos policías, la noche del domingo, echado en el cuarto de baño del piso que habitaba en la torre Le Parc, junto a una pistola automática y un casquillo de munición calibre 22. La bala impactó en la sien y quedó alojada en el cerebro.
"Todos los caminos conducen a un suicidio", sentenció enseguida el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Y detalló que en el piso no había "ninguna puerta violentada" y que la del cuarto de baño estaba trabada desde dentro por el cuerpo de Nisman "lo que hacía muy difícil abrirla".
En tribunales el juez Manuel de Campos y la fiscal Viviana Fein investigaban el suceso. Un anticipo de la autopsia apuntó a la hipótesis del suicidio al señalar que "no hubo intervención de terceras personas". De todos modos, la fiscal dijo que "no descarto que haya habido algún tipo inducción o instigación". Aún quedaban por conocer el barrido microscópico de las manos para detectar restos de pólvora en la piel, lo cual desvelaría que él engatilló la pistola.
Sus miedos
También se supo que el arma le fue suministrada por un empleado de la fiscalía, el domingo por la mañana, y ello quedó registrado en la caseta de seguridad de la torre en que vivía. Nisman había denunciado que una de sus hijas recibió amenazas de muerte. Y alertó sobre su seguridad, pese a que tenía asignados 10 policías de escolta cuando se movía por las calles.
"Yo puedo salir muerto de esto" y "con esto me juego la vida", afirmó la semana pasada durante un recorrido a diferentes medios de comunicación, luego de que trascendiera su denuncia penal, con pedidos de que la presidenta declarase como imputada y un embargo de 23 millones de dólares sobre sus bienes.
Altos cargos
El fiscal fallecido, que investigaba la causa AMIA desde 2005, acusó a Fernández viuda de Kirchner, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y a otros cristinistas de pactar con Irán un presunto acuerdo de impunidad a los altos cargos iraníes acusados de organizar el atentado terrorista a la mutual judía.
La voladura del edificio de la AMIA por un coche bomba, el 18 de julio de 1994, fue el mayor atentado antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. Causó la muerte a 85 civiles y dejó 300 heridos. Aún sigue impune y la Justicia no tiene idea quiénes fueron los autores materiales ni cómo fue ejecutado.
El fiscal había encaminado la pesquisa a la "pista iraní", o sea altos cargos de Teherán como supuestos organizadores. Pero, según sus críticos, relegó otra pesquisa, la "pista siria", surgida apenas perpetrado el ataque pero desechada en la presidencia de Carlos Menem, hijo de sirios.
En enero de 2013, el ministro Timerman, de origen judío, firmó en Adis Adeba un pacto con el entonces régimen teocrático del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, que negaba el Holocausto y proponía eliminar a Israel. Allí acordaron una "Comisión de la Verdad", que revisaría las pruebas presentadas por la Justicia argentina contra los iraníes, algunos de los cuales tenían "alerta roja" de busca y captura por la Interpol.
Primero, los negocios
Nisman se opuso a aquel pacto y respaldó el recurso de inconstitucionalidad que plantearon la DAIA y la AMIA en la Justicia. Finalmente la Corte Suprema dio la razón a esos organismos de la comunidad judía y decretó que el acuerdo Argentina-Irán era ilegal.
Todo se orquestó desde la Casa Rosada con el objetivo de librar de cargos a los iraníes y hacer negocios, según la visión del funcionario judicial. A cambio del memorando se intensificaría el comercio bilateral Buenos Aires-Teherán con mayor flujo de granos y carnes contra barriles del petróleo persa, muy requeridos a raíz del déficit de crudo de Argentina.
El fiscal iba a comparecer en la Comisión de Legislación Penal del parlamento y ampliaría datos y pruebas de su resonante acusación. La oposición quería que todo se desarrollara a puertas cerradas para prensa y público. Y el cristinismo, en cambio, pretendía luces y cámaras de televisión. Pero no pudo ser, antes Nisman se suicidó o lo 'suicidaron'.
