Bolivia, entre "vendetta" política y pedidos de NO intervención

El Departamento de Estado de EEUU instó a "amigos, vecinos y bolivianos" a "defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso" instaurados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta Democrática Interamericana: "Nuestra preocupación se suma a la expresada por líderes cívicos, políticos y religiosos de Bolivia, así como por los de la comunidad internacional", indicó Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado.

Áñez fue arrestada el fin de semana pasado, al igual que sus ministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). La orden de la Fiscalía alcanza también a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).

Entretanto, desde Brasil, la administración del presidente Jair Bolsonaro, que apoyó y reconoció el gobierno transitorio de Áñez (2019-2020), aseguró que "espera que el Estado de derecho sea plenamente respetado en Bolivia en el proceso contra la expresidenta y otras autoridades…la posesión de la presidenta Áñez se dio de manera constitucional, reconocida por las instituciones bolivianas"

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, llamó a los políticos bolivianos a “consolidar la paz” y pidió un “debido proceso” tras la detención de Áñez. El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó, a su vez, por el “diálogo y la reconciliación” en Bolivia y pidió resolver los conflictos “en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.

Los llamados de la ONU y la UE ponen énfasis en la actuación de la justicia boliviana, que ha estado en la mira internacional por décadas. Numerosos estudios la han cuestionado por lo que consideran una falta de independencia y subordinación al poder político.

La secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA dijo que "el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo" y pidió la liberación de los detenidos. Como denominador común y atrincherados en los discursos miméticos, la cancillería boliviana consideró las declaraciones de Almagro como "provocaciones malintencionadas”

La detención de Áñez y de sus excolaboradores y la orden para aprehender a otros líderes de la oposición han reactivado las tensiones políticas en la nación andina y generado críticas internacionales. La cancillería boliviana, no obstante, y fiel a los discursos de la izquierda radical, elaboró dos comunicados donde anunció que había tenido reuniones separadas en La Paz con diplomáticos de Estados Unidos y Brasil para supuestamente asirse a los acuerdos internacionales de no intervención en materias de "jurisdicción interna" de otras naciones.

Pero, no son EEUU o Brasil. El caso de Áñez, deja, para muchos, al descubierto la verdadera naturaleza de la izquierda boliviana. Según Carlos Sánchez Berzain, en un artículo de DIARIO LAS AMERICAS, la persecución y los presos políticos prueban que Bolivia es régimen totalitario: “Es una dictadura del sistema castrochavista bajo control de Cuba, integrado por Venezuela y Nicaragua, con el respaldo activo del Gobierno de Argentina. Para quienes creyeron la exitosa falacia de disfrazar una dictadura como democracia con las fraudulentas elecciones de Bolivia, octubre 2020, la simulación ha terminado con la repetición de la persecución política judicializada para encarcelar, exiliar y garantizarse impunidad”.

La exmandataria cumple prisión preventiva de cuatro meses en una prisión de mujeres de La Paz, donde el miércoles sufrió una descompensación de la que fue tratada en el interior del presidio.

Áñez reemplazó en noviembre de 2019 al izquierdista Morales, quien dimitió en medio de violentas protestas sociales de opositores que lo acusaron de fraude en las elecciones presidenciales de un mes antes y con las que buscaba continuar en el poder hasta 2025.

Líderes opositores calificaron los arrestos como una vendetta política y acusan a Morales de alentarlas. El presidente Arce no se ha pronunciado.

Tanto Morales como Arce han calificado el hecho como un “golpe de Estado”, pero el dirigente opositor y expresidente boliviano Carlos Mesa ha dicho que ese argumento busca "encubrir el monumental fraude” en los comicios del 2019.

Áñez argumenta que no fue golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Ella era la única senadora en la línea de sucesión tras la renuncia de legisladores partidarios de Morales.

En su gestión de un año, Áñez impulsó ocho juicios contra Morales por fraude electoral, sedición y terrorismo, entre otros, pero todos quedaron archivados por la Fiscalía tras la asunción de Arce, quien ganó las elecciones en octubre del 2020. El mandatario también amnistió a sus partidarios que estaban investigados.