MIAMI - El encarcelamiento a siete políticos opositores en la última semana, entre ellos cuatro aspirantes presidenciales, la aprobación de leyes para reprimir a la oposición, el retiro de personerías jurídicas a partidos políticos, e impedir a activistas movilizarse para organizar sus bases de cara a los próximos comicios, tendrá graves consecuencias para el régimen de Daniel Ortega.

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Una de las primeras reacciones a los abusos de Ortega es la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro al Consejo Permanente de ese organismo a convocar a una reunión de “urgencia” para discutir la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, mientras Naciones Unidas pidió la libertad de los opositores y le advirtió al régimen de Ortega que sus acciones “socavan la confianza en las elecciones”.

Siete senadores estadounidenses han solicitado al presidente Joe Biden, retirar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio firmado en 2005 entre Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), que otorga aranceles preferenciales para Nicaragua. El Tratado de ser suspendido afectaría miles de emplos en la Zona Franca y otros sectores económicos dedicados a la exportación de distintos rubros que produce el país.

Mientras tanto, la Unión Europea le advirtió al gobernante sandinista que la ayuda a Nicaragua dependerá del retorno a la senda democrática.

El régimen sandinista acusa a tres de los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga de “traición” y de “atentar contra la soberanía nacional”, así define Ortega a los que denuncian los vejámenes de su régimen. A la precandidata Cristiana Chamorro le acusa de presunto “lavado de dinero” a través de la Fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, de 91 años.

Otros tres políticos detenidos José Adán Aguirre, Violeta Granera y José Pallais, también son acusados por “atentar contra la soberanía nacional”.

Ortega ha desatado una intensa ola represiva tras el estallido social de abril de 2018, que dejó un saldo de más de 325 muertos, 2.000 heridos, centenares de presos políticos y más de 100.000 exiliados, producto de la represión a través de la Policía, fuerzas paramilitares y la complicidad del Ejército de Nicaragua.

Las sanciones

A finales de abril la Asamblea Nacional controlada por Ortega aprobó una “reforma electoral” que afianza el cerco inhibiciones contra la oposición a través de cuatro leyes represivas dirigidas contra aspirantes presidenciales. A ellos se suma la “elección” de nuevos magistrados que son militantes del Frente Sandinista y aliados del régimen.

Almagro reaccionó afirmando que con esas acciones Nicaragua esta fuera de la legalidad interamericana e internacional porque “son acciones contrarias a elecciones libres y justas”.

La OEA dijo que la elección de magistrados y la aprobación de las reformas diseñadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua “claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021”.

Cruz, a quien el régimen dicto tres meses de cárcel para “continuar investigándole”, se reunió con Almagro a inicios de mayo para abordar la crisis de Nicaragua.

“En nuestra reunión con Arturo Cruz, precandidato a la presidencia, Nicaragua, @CxLibertad, sostuvimos que es necesario exigir las máximas garantías para la celebración de un proceso electoral libre y justo”, escribió el representante de la OEA en su cuenta.

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El secrterio general de la Organzación de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro reunido en Washington con el precandidato presidencial Arturo Cruz, uno de los cuatro aspirantes presidenciales que Daniel Ortega ha encarcelado a pocos meses de las elecciones en Nicaragua.

El secrterio general de la Organzación de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro reunido en Washington con el precandidato presidencial Arturo Cruz, uno de los cuatro aspirantes presidenciales que Daniel Ortega ha encarcelado a pocos meses de las elecciones en Nicaragua.

Los atropellos de Ortega y su empecinamiento para permanecer en el poder después de 14 años consecutivos tendrían consecuencias devastadoras para Nicaragua.

Así lo explicó el aspirante presidencial Arturo Cruz, antes de su arresto, durante una entrevista a Radio Corporación en la que declaró que Nicaragua se enfrentaría a tres escenarios.

“Creo que van a venir tres cosas: Nicaragua va a ser suspendida de la OEA próximamente, seis o siete meses, eso va a ser inevitable; segundo, la Ley Renacer va a pasos acelerados [ley de sanciones contra el régimen de Ortega]; y tercero, van a suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio [DR-Cafta], lo que es gravísimo porque Nicaragua es parte del ecosistema económico de Estados Unidos. El 70% de nuestra actividad económica está vinculada a Estados Unidos y al acuerdo de libre comercio”, dijo el economista y catedrático del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

El DR-Cafta fue firmado entre Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana en 2005, y le da un acceso preferencial a Nicaragua al mercado estadounidense que se perdería de ser excluida del Tratado de Libre Comercio. Las empresas de Zonas Francas abandonarían al perder la competitividad.

“Imagínense ustedes lo que es perder los empleos en Zonas Franca que son tan fundamentales, en un momento que se han perdido tantos y empleos y en que la pobreza ha aumentado”, apuntó Cruz.

En la Zona Franca hay más de 130.000 personas empleadas, también afectaría las exportaciones de carne, café, azúcar, queso, entre otros rubros. La Ley Renacer que ya fue presentada en las dos cámaras legislativas en el Capitolio, bloquearía el acceso de Nicaragua a los créditos de los organismos financieros internacionales, una de las principales fuentes de financiamiento de la que depende la nación centroamericana.

El congresista Albio Sires, presidente de subcomité del hemisferio occidental en la Cámara de Representantes, y uno de los principales patrocinadores de la Ley Renacer, condenó las acciones de Ortega, demandó la libertad de los opositores detenidos e instó a la Casa Blanca aplicar sanciones al régimen sandinista.

“Instamos a la administración de Biden a trabajar con nuestros socios en la comunidad internacional para avanzar rápidamente hacia la implementación de un conjunto de medidas económicas específicas y consecuencias diplomáticas. El comportamiento antidemocrático y desestabilizador no debe pasarse por alto. Seguimos comprometidos con ayudar al pueblo nicaragüense a salvar sus instituciones y recuperar la democracia”, dijo Sires a través de un comunicado.

Para Sires, las acciones de Ortega son una evidencia que teme a quienes se atrevan a correr contra él en las elecciones programadas de noviembre.

Ortega sabe a dónde va

El activista de origen nicaragüense Rafael Cárcamo, afirmó que “Ortega está destruyendo a todo lo que represente un peligro para su permanencia en el poder, aunque muchos estemos frustrados con el proceder que ha tenido la oposición, entendemos que es la oposición que hay y que como nicaragüenses tenemos que apoyar. Creo que aquí Ortega está bien claro a dónde va, nunca he creído que Ortega iba a dejar el poder y lo está demostrando. Rosario Murillo sentenció que los iba a echar presos a todos y ahí está cumpliendo su amenaza”.

Las armas del Ejército

El sostén de Ortega para permanecer en el poder son las armas del Ejército, la Policía y los cuerpos paramilitares. El dictador mantiene al frente del Ejército por más de 10 años al general Julio César Avilés, un incondicional; y en la Policía a su consuegro, el comisionado Francisco –“Paco”- Díaz.

Para Cárcamo las acciones de Ortega “están acuerpadas por el Ejército, la Policía, por una clase política zancuda y por un 15% de sus fanáticos. También se siente respaldado por China, Irán, Cuba y Venezuela, y por un sector de los empresarios que se han hecho millonarios”, al amparo del poder.

Apuesta a que no va a suceder nada porque las acciones de la comunidad internacional no han sido contundentes. “Eso es muy peligroso porque si permitimos que se siga burlando no solo del pueblo de Nicaragua, sino de la comunidad internacional, pues va haber orteguismo para rato”.

Sanciones, lenguaje que entiende Ortega

Ortega a través de su canciller Denis Moncada Colindres solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken suspender las sanciones contra una treintena de familiares, funcionarios del régimen, y empresas de los Ortega Murillo, obtenidas al amparo de la ayuda venezolana y fondos públicos.

“Toda acción tiene una reacción. Las sanciones les duelen, la respuesta de Blinken respondió que deben tener un cambio en la dirección opuesta a lo que está haciendo (el régimen) porque están complicando las cosas y que sus acciones acelerarían más sanciones”.

“Las sanciones tienen una finalidad, promover la rendición de cuentas de aquellos que violan derechos humanos, hacen actos de corrupción y socavan la democracia, eso vemos en Venezuela y Nicaragua”, respondió el secretario de Estado.

Judith Flores
Jflores@diariolasamericas.com
@FloresJudith7

 

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