Ese descontento social capitalizado en la denuncia, caminatas o vigilias, amenaza con reconfigurar la radiografía política de Guatemala y Honduras, cuyos Gobiernos se encuentran contra la pared salpicados por sonados escándalos de abusos al dinero público. Una peste que también corroe a Nicaragua, se presume en El Salvador y Panamá, mientras que Costa Rica ya vivió lo suyo con dos presidentes detenidos bajo cargos de corrupción.
Guatemala se hartó
Guatemala vive una oleada de protestas inéditas, que comenzaron hace más de un mes con la revelación de un esquema de contrabando organizado desde el propio Estado y conocido como La Línea, que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, al ser parte de una red de defraudación aduanera.
Baldetti se ha convertido en el símbolo de la corrupción en Guatemala, un país que se hastió de agachar la cabeza cuando ocurrían escándalos parecidos o la opresión del poder. El país también ha visto caer al ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, otrora hombre fuerte del debilitado presidente Otto Pérez Molina.
El exministro renunció tras el señalamiento de liderar una red de sobornos en el sistema penitenciario. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la misma entidad que ha destapado todos los escándalos de robo, descubrió un fraude de más de 15 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, solo por el cual están detenidas 17 personas.
En Guatemala en total hay 44 detenidos por tales casos, entre funcionarios y civiles, a la espera de que se ventilen sus casos judicialmente.
Por primera vez se unieron sectores de clase media urbana, indígenas, estudiantes universitarios y otros grupos más, quienes impulsados desde las redes sociales presionan por la renuncia del mandatario y exigen cambios en el sistema político, económico y social; después de estar viviendo durante décadas bajo la permisividad al abuso y el miedo.
A este caldeado escenario, se suma un ambiente político crispado por el acribillamiento a tiros de Francisco Palomo Tejada, abogado del exmilitar golpista y expresidente Efraín Ríos Montt (1982 - 1983) y del también expresidente Alfonso Portillo (2000 - 2004). Ríos Montt tiene pendiente ser procesado por genocidio en Guatemala, un país que vive el panorama más difícil a tres meses de desarrollarse elecciones generales, y pone además en entredicho las políticas de inseguridad aplicadas por el debilitado Gobierno de Pérez Molina.
Honduras despierta
En Honduras la población también ha perdido el miedo. Inspirados en las protestas guatemaltecas, los hondureños han salido a las calles del país a denunciar la corrupción y pedir la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández.
Miles de hondureños piden crear una comisión internacional contra la impunidad para investigar la serie de casos de corrupción relacionados con funcionarios públicos y miembros del actual Gobierno. Una comisión legislativa confirmó que empresarios vinculados con un fraude a la seguridad social contribuyeron al financiamiento de la campaña electoral del Partido Nacional, que llevó al poder a Juan Orlando Hernández.
El propio mandatario Hernández, presionado por denuncias públicas y la presión social en las calles, reconoció la semana pasada que su partido recibió dinero del desfalco a la seguridad social para financiar la campaña que le permitió ganar la presidencia en el año 2013. "Mi partido (el Partido Nacional) me ha informado que la suma es por unos 147,783 dólares (…). Fueron diez cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)", dijo el mandatario.
Según la Fiscalía, Mario Zelaya, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010 – 2014) y del mismo partido de Hernández, lideró una red para desviar de manera fraudulenta 320 millones de dólares de la entidad, fondos inicialmente destinados a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pagar pensiones de vejez e invalidez.
El fraude se dio en el suministro de medicamentos adulterados, limpiaron el dinero de las contribuciones de los trabajadores asegurados, sobrevaloraron precios hasta en un 400% y se dejaron de ofrecer productos de primera necesidad.
Los acusados, 23 hasta el momento, desviaron dinero para la campaña de Hernández, crearon empresas de maletín para pagarse fiestas, viajes de placer y comprar carros de lujo y mansiones en su propio país, Chile y Estados Unidos.
En la financiación ilegal hacia la campaña de Hernández están implicados Ricardo Álvarez, su actual vicepresidente; Hilda Hernández, ministra de Estrategia y Comunicaciones, y hermana del presidente; Óscar Álvarez, jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso, y Yolani Batres, titular de la cartera de Salud.
“El pueblo hondureño está despertando del letargo en el que lo han tenido; ahora tenemos la voz de mando. Esto solo es el principio”, asegura Gabriela Blen, una de las organizadoras de las marchas que presionan por el cambio: provocar la renuncia de Hernández, a quien además señalan de debilitar el sistema judicial por haber impulsado cambios de altos cargos en la Corte Suprema cuando fue presidente del Parlamento, previo a su mandato, y de respaldar la reelección presidencial.
Esta reciente ola de protestas en Guatemala y Honduras no preocupa a Estados Unidos, país que ve en ella un reflejo del ejercicio de una “democracia sana”.
La impunidad frente a la violencia, la corrupción, la inseguridad misma y la pobreza han sido el motor detrás de la emigración ilegal de decenas de miles de centroamericanos hacia Estados Unidos, en particular de Guatemala, El Salvador y Honduras, que conforman los países del Triángulo Norte.
Otros escándalos
En El Salvador y Panamá aún no se desatan protestas como en sus países vecinos, pero las denuncias de fraudes involucran a dos expresidentes. En El Salvador, el expresidente Francisco Flores (1999 – 2004), fue acusado por la Fiscalía salvadoreña el 30 de abril de 2014, por aparente malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su Gobierno, destinados para proyectos de reconstrucción después de que dos terremotos asolaran El Salvador en 2001.
En Panamá, la Corte Suprema de Justicia decidió el pasado 28 de enero investigar a Ricardo Martinelli, el millonario empresario carente de diplomacia e intelecto que gobernó su país entre 2009 y 2014, por supuestos delitos contra la Administración Pública.
A él se le acusa de ordenar a directores del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN), un proyecto de emergencias para combatir la pobreza, sobrecostos por más de 45 millones de dólares en comida deshidratada para las escuelas del país.
Falta de cambios
En Costa Rica la última renuncia afrontada por el Gobierno de Luis Guillermo Solís es la de Elizabeth Fonseca, ministra de Cultura, así como la de los viceministros de esa cartera Luis Carlos Amador y Alfredo Chavarría, en el mes de mayo.
Fonseca simbolizó el fracaso del Festival Internacional de las Artes por mala organización, un desorden visualizado en desinformación, cancelación repentina de actividades, cambios abruptos de agenda que afectó a artistas y artesano, así como el propio evento.
Los ticos no salieron a las calles para exigir su salida, pero sí presionaron en medios de comunicación y redes sociales, principales aliados en una sociedad crítica a la función pública. En el primer año de gestión de Solís, cerca de treinta funcionarios de su Gobierno, entre ministros, asesores, directores de entidades autónomas y embajadores han dejado sus puestos, entre renuncias y destituciones. En su Gobierno no ve el cambio prometido en campaña y lo señalan de inexperto.
Los nicaragüenses
Nicaragua es un país demasiado particular. Se sabe que su Gobierno es uno de los más corruptos del mundo, pero la población no termina de reaccionar contra él ante la falta de liderazgos por una oposición debilitada, dividida y a veces señalada de recibir sobornos desde lo más alto de un Gobierno señalado de dictador.
Los nicaragüenses, la mayoría buscando el pan diario para subsistir, tampoco se manifiesta con claridad ante la represión policial, el acecho de turbas sandinistas que les impiden ganar el terreno que ellos desde hace décadas dominan: las calles. Aunque el proyecto del canal interoceánico ha movido a miles de campesinos que serían expropiados de sus tierras para dar paso a las obras, tales protestas no se capitalizan moviendo al resto de la población.
“La gente no asume su responsabilidad para que las cosas cambien”, explica el catedrático Alfonso Malespín, especialista en Comunicación, debido a la cultura providencialista del nicaragüense que todos los problemas se los entrega a Dios. “O la cultura del pobrecito de quien dicen: ahí, déjalo, que después las va a pagar”, puntualiza.
