El Parlamento chavista aprobó penas de hasta 20 años de prisión y millonarias multas para castigar el apoyo a sanciones y bloqueos navales
La ley de amnistía se discute esta semana en la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo.
ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA Al centro, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.
ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA/PRENSACARACAS - El Parlamento chavista aprobó este martes una nueva ley que establece penas de hasta 20 años de prisión contra quienes promuevan o respalden desde Venezuela bloqueos navales, incautaciones de buques o actos que el régimen califica como “piratería”, en abierta referencia a las recientes confiscaciones de cargueros petroleros por parte de Estados Unidos.
La normativa fue sancionada por unanimidad por la bancada oficialista, que controla de forma absoluta la Asamblea Nacional unicameral, y surge tras la incautación, el pasado sábado, de un segundo buque sancionado que transportaba crudo venezolano por parte de autoridades estadounidenses.
Un primer carguero fue confiscado el 10 de diciembre y, posteriormente, se reportó la persecución de una tercera embarcación, sin mayores detalles oficiales.
La llamada “ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales” contempla sanciones de entre 15 y 20 años de cárcel, multas de hasta un millón de euros y la incautación de bienes para toda persona que “ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde” acciones que afecten la navegación marítima, incluida la intercepción de naves.
El dictador Nicolás Maduro volvió a calificar las acciones de Washington como “piratería naval criminal” y reiteró que, a su juicio, el objetivo de Estados Unidos es forzar su salida del poder. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump le instó públicamente a dimitir, al tiempo que su Administración desplegó una amplia flota en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, una actividad que Washington vincula directamente con el régimen venezolano.
La nueva legislación se suma a un entramado legal utilizado por el chavismo para criminalizar a opositores y actores que apoyan sanciones internacionales. Normas previas ya castigan con prisión y fuertes multas a quienes respalden medidas adoptadas por la comunidad internacional, entre ellos la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien expresó su respaldo a la estrategia de presión impulsada por Trump en el Caribe.
El proyecto también incorpora supuestos “incentivos y mecanismos de protección económica y comercial” para operadores vinculados al sector petrolero, además de ofrecer asesoría legal del Estado, en un intento por blindar las operaciones del régimen frente a las acciones internacionales.
Venezuela produce alrededor de un millón de barriles diarios de petróleo, pero permanece bajo embargo desde 2019, lo que obliga al régimen a colocar gran parte de su crudo en el mercado negro con fuertes descuentos, en medio de denuncias de corrupción, opacidad y vínculos con redes criminales transnacionales como el Cartel de los Soles, que EEUU asegura lidera Nicolás Maduro.
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