El debate se trabó en el artículo 7, el cual establece que la amnistía abarcaría a personas procesadas o condenadas por delitos cometidos dentro del período de aplicación, siempre que estén a derecho o se presenten ante los tribunales tras la entrada en vigencia de la ley
Asamblea Nacional afín a Maduro sesiona el 7 de enero de 2025
Cortesía @asamblea_venCARACAS.— La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, dominada por el chavismo, decidió este jueves postergar para la próxima semana la continuación del segundo y último debate del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, luego de que surgieran discrepancias entre diputados oficialistas y de la oposición cómoda al régimen sobre un artículo que exige la presentación ante la Justicia de los posibles beneficiarios.
Hasta el momento, el Parlamento ha aprobado seis artículos de la norma, incluyendo los que definen el objeto de la ley, los principios de reconciliación y los criterios iniciales de aplicación para hechos ocurridos desde 1999.
La directiva legislativa informó que el diferimiento permitirá que la Comisión Especial finalice el análisis de las propuestas recibidas durante las consultas públicas realizadas esta semana.
El debate se trabó en el artículo 7, el cual establece que la amnistía abarcaría a personas procesadas o condenadas por delitos cometidos dentro del período de aplicación, siempre que estén a derecho o se presenten ante los tribunales tras la entrada en vigencia de la ley.
El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, advirtió que exigir la presentación judicial implica asumir culpabilidad anticipada de los beneficiarios. “Ese artículo debe ser modificado”, insistió.
El chavismo, por su parte, sostuvo que la Constitución venezolana exige presencia física en los procesos penales. El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada del proyecto, propuso aplazar el resto de la discusión “para evitar caer en debates innecesarios” y “mantener el clima necesario de conciliación”. Expresó su expectativa de que el texto pueda ser aprobado en la próxima sesión.
La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, coincidió en el aplazamiento con el fin de continuar evaluando el artículo conflictivo.
Entre los artículos aprobados figura la concesión de una “amnistía general y plena” respecto a “los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal” delimitados en el proyecto. El texto busca “promover la paz social y la convivencia democrática”, en el contexto del proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, anunciado como parte de un “nuevo momento político” por la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez.
La discusión legislativa coincidió con actos públicos por el Día de la Juventud, protagonizados por jóvenes chavistas y estudiantes opositores en Caracas, mientras el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, continuaba una visita histórica al país con recorridos por instalaciones petroleras.
La iniciativa legislativa ha sido cuestionada por organizaciones no gubernamentales que advierten sobre posibles inconsistencias. La ONG Acceso a la Justicia señaló que el uso del término “extremismo” en el texto supone una “descalificación anticipada” de posibles beneficiarios y una presunción de culpabilidad.
Otros grupos, incluyendo familiares de presos políticos, mostraron inquietud respecto al tratamiento de militares detenidos, el estatus de exiliados y los períodos de detención que quedarían excluidos de la amnistía.
Aunque la ley contempla casos desde 1999, abarcando los 27 años de gobiernos chavistas, el artículo 6 limita la aplicación a diez momentos políticos específicos, desde el fallido golpe de Estado de abril de 2002 hasta las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente en lo que la oposición democrática, liderada por María Corina Machado, calificó de golpe de Estado.
Según el último reporte de la ONG Foro Penal, hasta el 10 de febrero de 2026 se han verificado 431 excarcelaciones desde el inicio del proceso. Sin embargo, más de 600 presos políticos continúan en las cárceles venezolanas. Aunque el régimen asegura haber liberado hasta 800 personas, las organizaciones de derechos humanos solo contabilizan las excarcelaciones cuya libertad física ha sido confirmada.
La persistencia de presos políticos en Venezuela responde a un patrón de criminalización de la disidencia y represión estatal, destinado a neutralizar voces críticas al oficialismo.
El Parlamento retomará el debate la próxima semana, cuando deberá resolver la controversia en torno al artículo séptimo para poder avanzar hacia la aprobación definitiva de la ley.
FUENTE: Con información de AFP / El Nacional / NTN24
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