El texto, que será aprobado por la Asamblea Nacional, presenta omisiones, contradicciones y sesgo político, advierten juristas y defensores de derechos humanos
La amnistía es una esperanza para familiares de presos políticos en Venezuela.
Cortesía Dip Nora Bracho/ANCARACAS.- Si el proyecto de ley de amnistía impulsado por el régimen de Venezuela llegara a ser aprobado por la Asamblea Nacional tal como está redactado no solo quedaría intacta una parte de los entuertos del represivo sistema de justicia, sino que además el efecto puede ser absolutamente contrario, advierte el jurista y académico Alberto Arteaga.
“Es una apresurada y chucuta ley que será difícil de ser amnistiada”, aseguró el especialista, tras precisar que la amnistía no es un perdón ni clemencia, sino un acuerdo político que implica la renuncia del poder punitivo del Estado con miras hacia la reconstrucción nacional.
“Es ceder en esas posiciones de que uno domina y el otro es el dominado”, acotó. Una prueba concluyente para el chavismo.
El texto de 13 artículos que se sancionaría a petición de la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez en enero pasado, y que fue aprobada por unanimidad en primera discusión, no ofrecería beneficios para todos los presos políticos ni para los más de 11,000 personas que aparecen aún como perseguidos, muchos en el exilio. Y tampoco garantizaría el fin de violaciones de derechos ni el cierre de causas en los tribunales.
“Su articulado está lleno de omisiones, contradicciones y sesgos políticos, según advirtieron especialistas y representantes de ONG de derechos humanos. Y destacaron que la amnistía, aunque busca asegurar la reconciliación, se plantea en un escenario que desfigura el objetivo deseado:
Presos políticos han sido sacados de los calabozos en un lento proceso de excarcelación, con órdenes de “casa por cárcel”, con grilletes “electrónicos” en sus tobillos, y con las causas penales abiertas, lo que degenera la medida de liberación. Y por si fuera poco, con adolescentes apresados por supuesta traición a la patria y terrorismo que implican hasta 30 años de prisión.
“Yo supe de una persona que salió excarcelada, pero las imputaciones formuladas y la condena fueron por terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, además tentativa de homicidio, con la pena máxima de 30 años de prisión. Le fue acordada una medida humanitaria, pero la condena sigue allí”, comentó Arteaga.
“Esto tiene que resolverse. Mejorada esta ley en algunos aspectos, como se espera, podría tener algunos efectos positivos, pero eso no se puede hacer en dos o tres días. Requiere prontitud, pero también calidad legislativa. Y si no, olvidémonos, que eso no es amnistía”, aseguró.
En foros internacionales, expertos han alertado también sobre la “trampa” que ocultaría el entramado legal al exponer generalidades y saltarse normas del derecho internacional.
"Las leyes de amnistía tienen un problema y es que pretenden garantizar impunidad a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad", afirmó Luis Almagro, director del Observatorio para la Democracia del Instituto Casla y exsecretario general de la OEA, al comentar el proyecto de ley que para su aplicación prevé mantener a los mismos funcionarios judiciales que desconocieron garantías constitucionales.
“Es impensable la impunidad para el régimen", señaló en una rueda de prensa que ofreció con la penalista Tamara Sujú, defensora de derechos humanos del Instituto Casla, en la sede del Directorio Democrático Cubano, en Miami, sobre el nuevo escenario regional desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.
Sujú, en su intervención, advirtió que "los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables”.
"Hay una responsabilidad, hay altos responsables acusados... y ellos saben que en algún momento van a tener que enfrentar la justicia, sea quien sea. Desde Nicolás Maduro que está hoy en una cárcel en EEUU, hasta los hermanos Rodríguez", aseguró la abogada. "No se puede transitar por una futura transición hacia la democracia sin una justicia verdadera, en donde los criminales enfrenten a sus víctimas".
Consideró que la captura de Maduro ha sido determinante para la región. "Se movió el tablero finalmente después de 26 años y eso se va a llevar, estoy segura, por delante al régimen cubano y al de Nicaragua”, añadió.
Ante esto, expertos en derecho penal y constitucional, defensores y representantes de gremios y ONG de derechos humanos se han abocado a presentar observaciones al proyecto de ley, el primero que lograron conocer de tres que ha manejado la Asamblea Nacional, mientras el país ávido de paz exige la libertad real de todos los presos políticos.
“Urgen modificaciones importantes en la ley”, indicó Arteaga.
Este miércoles, la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de la AN, responsable del texto, sometía a revisión hasta entrada la noche los planteamientos obtenidos en consulta abierta y por correo oficial.
“Todavía no han sido acogidas, cada uno de nosotros ha hecho planteamientos además de los que se han sido enviados por correo”, señaló la diputada Nora Bracho, del partido UNT afín al chavismo y vicepresidenta de la instancia especial que preside el oficialista Jorge Arreaza.
“Nosotros (los de la oposición) consideramos que debe tener mayor amplitud y hay exclusiones muy críticas, la ley también contempla fechas de eventos que se tienen que ver”, añadió.
Arteaga, ante la inminente aprobación parlamentaria, hizo un llamado de atención: “El proyecto de ley de amnistía debe revisarse a la luz de la tragedia humana de nuestros presos y no bajo la óptica de los dividendos políticos que pueda producir el llamado a la pacificación. Y no habrá pacificación con ‘leyes del enemigo’, ni con jueces y fiscales, gestores de la persecución y encierro de los ciudadanos”.
Uno de los dos cambios que debe hacerse para favorecer el texto actual, según Arteaga, es la derogatoria de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de 2017, llamada también Ley del Odio, y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, de 2024. Ambas normas han sido denunciadas desde hace un par de años como instrumentos para la persecución por parte del régimen.
“Si no se derogan esas leyes no va a haber amnistía”, recalcó.
La Ley del Odio establece penas de 10 a 20 años de cárcel por la incitación al odio, discriminación o violencia.
La Ley Bolívar, por su parte, prevé penas más severas: la inelegibilidad de toda persona que haya declarado y fomentado las sanciones contra Venezuela. Además, la condena en procesos sumarios a inhabilitación hasta por 60 años. Eso es incompatible con una amnistía”, puntualizó. “Derogar esta ley es una condición sine qua non”.
Si la Comisión está dispuesta a derogar las dos leyes es un punto que la diputada Bracho no precisó abiertamente.
“Yo no puedo hablar por el chavismo, podrían estar de acuerdo aparentemente, es una de las peticiones más importantes en la Comisión, pero lo que he sentido es que como que están un poco más resistidos, en todos sus discursos lo han dicho”, apuntó.
El otro cambio fundamental es la sustitución de jueces que han vulnerado derechos por una comisión imparcial que aplique la amnistía. Un punto crucial para Arteaga y también para la ONG Foro Penal que lleva dos décadas en la defensa de los derechos humanos.
“Sin eso no hay amnistía. No pueden actuar los mismos jueces de tribunales que han conocido los casos, dictado medidas y ordenadas detenciones violatorias del debido proceso. Tienen que designarse unos jueces ad hoc salidos de la sociedad civil que sean absolutamente incuestionables”, refirió el jurista quien incluyó también a los fiscales y “toda cosa de terrorismo que se creó arbitrariamente”
“Esto sería realmente una muestra de una verdadera amnistía”, según dijo
Este aspecto también fue referido por el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, quien calificó la amnistía de “incompleta” y “severamente limitada”.
“Esos jueces implican un sesgo y el aparato represivo no ha sido desmontado”, subrayó en una de sus exposiciones sobre la necesidad de modificar el proyecto.
Himiob afirmó que un problema conceptual de la amnistía “es que sus promotores (el Ejecutivo) se niegan a reconocer que los presos y perseguidos políticos son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”. “Claro, aceptar que hay víctimas es aceptar que también hay victimarios”, escribió por la red X.
Pero hay dos artículos álgidos en el proyecto. Uno de estos establece la amnistía general a favor “personas procesadas o condenadas “por la presunta o comprobada” comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026, y puntualiza 10 hechos (art.6)
Menciones como “golpe de Estado del 11 de abril de 2002”, o “hechos de violencia” para enmarcar el “sabotaje” petrolero destacan una inconveniente intención de confrontación que choca con la reconciliación, según Arteaga. Refirió que tales términos no se emplearon nunca en las anteriores leyes ni decretos de amnistía aplicadas.
“Los hechos deben ser mejor precisados, no pueden ser calificados como se hace en los casos de golpe de estado y hechos de violencia”, sugirió Arteaga “La amnistía es un acuerdo entre dos partes que tienen que ser respetadas, porque es un cese de hostilidades, y no se puede pretender doblegar al otro, porque entonces no vamos para ninguna parte”, argumentó.
Y lo secundó Himiob.
“El empleo de adjetivos en la Exposición de Motivos como ‘extremistas’ que criminalizan la protesta civil de hace 25 años y la mención de ‘acto de clemencia soberana’ como si se tratara de un perdón hacen que en la propuesta no haya una intención de reconciliación y paz entre venezolanos”, destacó el abogado defensor de los derechos humanos.
Estas no son las únicas objeciones al texto legal. El 9 de febrero pasado, la abogada Thelma Fernández envió una carta a la Comisión acerca de la exclusión de la juez María Lourdes Afiuni, presa política emblemática del chavismo, del beneficio, a pesar de haber sido condenada por un delito inexistente en la legislación penal, según informó.
Afiuni, quien lleva 16 años atrapada en un proceso irregular y sin derechos, fue sentenciada por corrupción “espiritual”, tras haber sido detenida y vejada, como resultado de una venganza política y como un mensaje claro a los jueces de no atreverse a desafiar el poder político que entonces detentaba Hugo Chávez, escribió Fernández en la carta expuesta en su cuenta de X.
Y es que entre los hechos punibles excluidos de la amnistía en el proyecto está el delito contra el patrimonio público (art 7), una mención muy general.
“El texto no precisa en todo caso el delito de corrupción ni ningún otro como el de malversación genérica, aunque en el caso de la juez Afiuni se dejó acreditado que nunca recibió nada”, explicó Arteaga.
Sospecha, como otros penalistas, que las imprecisiones y omisiones en el proyecto podrían responder al ánimo chavista de “ganar tiempo”.
“Hay que salirle al paso a esto, esto no es problema de ganar tiempo, de lo que se trata es de dar una muestra, una señal efectiva de rectificación”, advirtió.
FUENTE: Entrevistas al abogado penalsita Alberto Arteaga; diputada Nora Bracho, con información de ONG Foro Penal
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