SANTIAGO — Más de un mes y Chile no baja la guardia.

Miles de personas protestaban el viernes en una céntrica plaza de Santiago a 36 días de un violento estallido social que derivó en multitudinarias manifestaciones que obligaron al gobierno a tramitar mejoras destinadas mayoritariamente a cerca de 1,5 millones de adultos mayores que sobreviven con 146 dólares al mes.

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La protesta pacífica era dispersada con gruesos chorros de agua de la policía, que añadió profusos gases lacrimógenos contra un par de centenares de enmascarados que actúan en la periferia de la manifestación con piedras y bombas molotov. Las demostraciones se repetían en el norte y sur del país.

Los manifestantes bailaban, saltaban y cantaban en medio del ánimo festivo que caracteriza las protestas en las que flamean miles de banderas chilenas y mapuches, la etnia originaria chilena que resistieron por 300 años la conquista española.

Aunque por momentos el aire se hacía irrespirable, se mantuvo en la plaza el comercio callejero que floreció en la plaza con perros calientes, pizzas, y bebidas.

Una mujer toma fotografías y las enmarca en un cartón con los colores patrios y la leyenda: “Chile Despertó”.

La policía tiene prohibido desde el martes usar escopetas antidisturbios luego de que dos informes de expertos aseguraran que sólo un 20% de sus componentes era goma. Los proyectiles han dejado más de 2.500 heridos. De éstos, 1.400 fueron heridos con perdigones y balines, incluidos 287 con graves lesiones oculares. Ahora sólo se pueden utilizar ante riesgo de vida de uniformados o civiles, según el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Policía dice que unos 1.300 de sus funcionarios fueron lesionados.

“Yo soy profesor y (aquí) me he juntado con muchos colegas” que demandan una mejor educación que por años “ha sido capitalizada en los colegios. Si uno tiene plata (dinero) tiene buena educación”, dijo Jorge González a The Associated Press.

La vocera de gobierno, Karla Rubilar, responsabilizó el viernes de la violencia a “barras bravas (fanáticos del fútbol) asociadas al narcotráfico y a la delincuencia más dura”.

“Están aprovechando esta situación”, agregó.

La magnitud de las protestas ha descendido progresivamente, aunque crece todos los viernes en una céntrica y enorme plaza -a la que sólo le queda el nombre, porque ya no tiene ni una hebra de pasto ni flores- donde en pancartas se lee una amplia gama de demandas que van desde mejores pensiones, salarios, salud, educación y hasta una nueva Constitución.

Las violaciones a los derechos humanos durante la represión policial a las protestas son un flanco débil del gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien el jueves aseguró a la prensa internacional que tras decretar el estado de emergencia, pocas horas después del estallido social el 18 de octubre, instruyó que se respetaran los derechos básicos, aunque “en algunos casos no se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se cometieron abusos”.

Tres organizaciones internacionales preocupadas por el respeto a los derechos humanos en el mundo enviaron representantes a Chile para evaluar la situación en terreno. Una de ellas, Amnistía Internacional (AI), afirmó la víspera que las fuerzas de seguridad actuaron para amedrentar a la población que protestaba en un documento desvirtuado por el gobierno, la Policía y las fuerzas armadas.

Un inusual comunicado del Ejército, la armada y la aviación, aseguró que “no existió, ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, declaró el viernes que la afirmación de Amnistía “es un hecho gravísimo, falso y una imputación inaceptable que, además, no tiene ningún fundamento ni antecedente que la justifique".

Amnistía aseguró que “la intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta”.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó el viernes que un equipo suyo concluyó una visita de tres semanas para preparar un informe que tomará algunas semanas. Entretanto, llamó a las autoridades a “asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, afirmó el miércoles que en Chile se han violado los derechos humanos y el lunes próximo se conocerá otra una evaluación de Human Rights Watch.

Las protestas siguieron a manifestaciones de estudiantes en rechazo a un alza en la tarifa del subterráneo, y el 25 de octubre superaron sólo en Santiago 1,2 millones de personas. Piñera prometió mejores pensiones a 1,5 millones de ancianos más pobres, mejoró en un 15% el salario mínimo de 400 dólares, un impuesto a quienes ganan más de 11.000 dólares mensuales y rebajas a los millonarios sueldos de los 198 senadores y diputados, entre otras mejoras, como eliminar los intereses a millonarias deudas que miles contrajeron con la banca privada para estudiar, que sin embargo no frenan la tensión social.

FUENTE: Con información de AP

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