WASHINGTON.- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en protección de 13 presos políticos de Venezuela, con paradero desconocido, tras recibir denuncias de que sus vidas e integridad física están en riesgo bajo custodia del Estado.
La instancia solicitó al régimen de Maduro medidas para proteger los derechos de los detenidos en forma arbitraria durante este año 2025.
Uno de los beneficiarios es el dirigente opositor Macario González, de 73 años de edad y exalcalde en estado Lara, quien fue excarcelado este miércoles en la noche luego de tres meses incomunicado en un calabozo del SEBIN, en esa entidad, informaron familiares.
Las medidas también incluyen al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez Pérez, así como Merys Torres de Sequea y la periodista Ana Zoris Gutiérrez Torres, madre y prima del capitán Antonio Sequea, preso político desde 2019. Ambas se encuentran en situación de desaparición forzada desde septiembre, según las denuncias.
Presos políticos extranjeros
En otra resolución de la misma fecha 17 de noviembre, la CIDH otorgó medidas cautelares para nueve personas extranjeras que se fueron privadas de su libertad por agentes del régimen en 2025, por considerar que se encuentran en situación de “gravedad y urgencia”, como el resto.
La Comisión observó que Najam Islam Butt, de Pakistán; Zsuzsanna Bossanyi, Hungría; Willem Frederik de Rhoodes y Angelique Brigitte Corneille, ambos de Holanda; Miguel Moreno Dapena, español; y los hondureños Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman Webster y Hiubert Johonie Martínez Martínez.
Todos ellos, según la CIDH, “permanecerían en privación de libertad sin comunicación efectiva con sus familiares ni abogados de confianza, y sin posibilidades reales de activar mecanismos internos para la protección de sus derechos frente a las condiciones de detención alegadas”.
Político excarcelado
En las dos resoluciones, la CIDH pide al Estado venezolano que ejecute las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables, y se permita la comunicación con familiares y abogados, entre otras peticiones.
Según informaciones, la excarcelación de Macario González ocurrió horas después de que la CIDH otorgara medidas cautelares, ante el riesgo de tortura.
El exalcalde habría aparecido visiblemente afectado por el encierro, pero en buen estado de salud general, y al momento de su excarcelación no se le impusieron medidas cautelares ni otras restricciones formales conocidas, según la versión de allegados.
Dirigentes políticos celebraron la liberación e insistieron en que “ningún secuestro político tiene justificación”.
FUENTE: Con información de oas.org/es/cidh/prensa; EfectoCocuyo