El director financiero del estado, Blaise Ingoglia, presentó un recurso de Amicus Curiae para desbloquear la cesión de terrenos del Miami-Dade College
Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
D. CASTROPÉMIAMI.– El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, formalizó un recurso de Amicus Curiae ante la justicia estatal para blindar la transferencia de terrenos del Miami-Dade College destinados a la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump en Miami.
La maniobra responde a una demanda civil que mantiene paralizado el proyecto y tiene como objetivo desestimar los argumentos de los querellantes, a quienes el funcionario acusó de librar una “batalla ideológica” bajo la apariencia de un “litigio administrativo”.
Desde su despacho, Ingoglia emitió declaraciones contundentes sobre el proceso en curso. El funcionario describió la demanda contra la cesión del predio como un ataque político hacia el presidente Trump y una distorsión del propósito del sistema judicial floridano.
Como miembro del Gabinete estatal, Ingoglia afirmó que su responsabilidad abarca la protección de los intereses financieros de Florida y del Miami-Dade College, entidad que opera con fondos públicos.
El documento legal presentado dice respaldar la posición del centro universitario y del gobierno estatal. Ingoglia sostuvo que el bloqueo de la transferencia daña los intereses de los contribuyentes y obstaculiza el desarrollo educativo.
Asimismo, el director financiero enfatizó su rechazo a que activistas políticos empleen los tribunales para impedir que estudiantes, residentes y turistas conozcan los logros históricos de la administración Trump.
El conflicto jurídico tiene su origen en la querella interpuesta por el historiador Marvin Dunn y otros líderes comunitarios.
Los demandantes consiguieron una victoria parcial en octubre, cuando la jueza de circuito Mavel Ruiz dictó una medida cautelar para detener el traspaso de escrituras.
El argumento central de la acusación señala que la Junta de Fideicomisarios de la universidad infringió la "Ley Sunshine" de Florida, normativa que exige transparencia total en las reuniones de organismos públicos.
Según la parte demandante, la convocatoria para la sesión del 23 de septiembre utilizó términos vagos sobre "transacciones inmobiliarias" y omitió mencionar el proyecto de la biblioteca presidencial.
Esta falta de especificidad, alegan, privó a la ciudadanía de su derecho a opinar sobre el destino de un activo público de gran valor antes de la votación.
Más allá del debate procedimental, el recurso estatal subraya las repercusiones financieras de la parálisis legal.
El terreno en cuestión, un lote de casi tres acres ubicado en el 520 de Biscayne Boulevard junto a la histórica Torre de la Libertad, funciona actualmente como un estacionamiento y genera gastos de mantenimiento constantes.
La defensa del estado argumenta que concretar la donación del inmueble liberará recursos para la universidad y potenciará el perfil cultural de la zona.
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