Maduro reacciona a presiones de EEUU con instrumento que "legaliza" la represión

La reciente aprobación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación se interpreta como un intento de “legalizar la represión” y consolidar un mecanismo institucional para amedrentar a la población.

La ley, promulgada el martes por el dictador, establece un sistema paralelo de control territorial, articulado entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), gobernaciones, alcaldías y organizaciones del llamado Poder Popular, con amplias competencias para “planificar, coordinar y ejecutar” acciones ante cualquier “amenaza o agresión” que, en términos del régimen, ponga en riesgo “la independencia, la soberanía o la tranquilidad de la República”.

El articulado describe al nuevo Comando para la Defensa Integral de la Nación como una instancia encargada de “integrar, articular y dirigir” todos los órganos de defensa interna. La estructura tiene potestad para recopilar información sobre las comunidades, coordinar operaciones con los cuerpos de seguridad, supervisar servicios públicos y evaluar “patrones y riesgos” en cada territorio mediante Salas Situacionales.

Legalizar la persecución

Aunque el texto asegura que su actuación se rige por principios de “derechos humanos, justicia y libertad”, amplios sectores consideran que, en manos del régimen, esta figura se convertirá en un instrumento para legitimar la persecución política y la represión en contra de millones de venezolanos que lo adversan dentro del territorio venezolano.

La medida llega en el momento de mayor presión internacional contra Maduro en la última década. La administración estadounidense ha intensificado las acciones contra los líderes del Cartel de los Soles, una organización designada como terrorista por Washington y que, según diversos expedientes federales, estaría dirigida por el propio Maduro y parte de su cúpula militar.

Ante este escenario, el régimen acelera mecanismos para “blindarse” ante el descontento interno, que persiste a pesar del miedo y la censura.

Solo en octubre, el régimen de Maduro practicó 54 nuevas detenciones, en medio de la represión política que no cesa en Venezuela desde 2024, lo que significa que cada 15 horas se reporta un nuevo preso político en los calabozos policiales y militares del país, y se incrementan las denuncias de violación de derechos humanos, según reportes del Laboratorio de Paz y del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Sofocar protestas

La ley autoriza a los Órganos de Dirección para la Defensa Integral a operar en todos los niveles del territorio nacional y activar comités de trabajo —como el de “Orden Interno”, “Movilización y Requisición” y el “Comité Patriótico Bolivariano”— que podrán ejecutar acciones directas en casos de “amenaza” sin requerir de controles democráticos.

Además, el artículo 14 establece que, en caso de decretarse un Estado de Excepción, estos órganos actuarán de forma inmediata bajo órdenes militares, reforzando así la subordinación total del poder civil al estamento castrense.

Para el régimen, la normativa alegadamente busca garantizar “la defensa integral de la Nación” y promover la “cooperación entre Estado y sociedad”. Sin embargo, defensores de derechos humanos argumentan que este lenguaje amplía la discrecionalidad de la cúpula gobernante para reprimir protestas, vigilar opositores y neutralizar cualquier expresión de disidencia bajo la figura de una “amenaza a la paz”.

La disposición final establece que la ley entra en vigencia de forma inmediata, consolidando un marco que, en la práctica, fortalece la militarización del país y refuerza la capacidad del régimen para sofocar cualquier expresión de rechazo social en medio de crecientes presiones internacionales.

FUENTE: Con información de Infobae / NTN24 / Redacción DLA