En la audiencia de la CIDH, activistas y familiares de los privados de libertad recordaron que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos
José Daniel Ferrer García líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), uno de los presos políticos de la dictadura de cubana.
UNPACULA HABANA.- Familiares y activistas de ONG's de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incumplimiento por parte del Estado de Cuba de las medidas cautelares en favor de los presos políticos en la isla.
En la audiencia "Seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad", celebrada por la CIDH en su 188 periodo de sesiones, activistas y familiares de presos políticos recordaron que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos, muchos de ellos encarcelados en condiciones deplorables y fuera del marco de los derechos humanos.
"Requerimos que las voces de la Comisión se levanten en favor de la libertad inmediata de los presos políticos", dijo Rosa María Payá, que resaltó que solo algunos de los presos políticos tienen medidas cautelares.
Por su parte, Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, quien tiene medidas cautelares, exigió que éstas sean acatadas en vista de las condiciones "inhumanas" en las que su padre permanece preso, informó martinoticias.com.
En tanto, Johanna Villegas, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, abogó por siete integrantes de las Damas de Blanco y un miembro del Movimiento Cristiano Liberación, quienes son beneciarios de medidas cautelares.
"Las mujeres que forman parte de esta organización enfrentan un riesgo permanente que se materializa en patrones de violencia que tienen como fin amedrentarlas y desintegrar a la organización", dijo Villegas en la audiencia.
Señaló que "entre enero y septiembre del 2023" han podido documentar 395 detenciones "de corta duración" y que todas las beneficiarias de las medidas cautelares "enfrentan condiciones inadecuadas de prisión en custodia del Estado". Dijo que son víctimas de "represión, acoso constante y discriminación por motivos políticos" y que son "expuestas a mala alimentación, falta de acceso a agua potable y espacios insalubres por el calor excesivo y la presencia de insectos".
Villegas también expuso el caso del integrante del Movimiento Cristiano Liberación, Yandler García Labrada, quien fue detenido en octubre del 2020 y condenado a cinco años de cárcel por reclamar irregularidades en el suministro de alimentos en un centro de abastecimiento en Manatí, Las Tunas.
Villegas denunció que García Labrada ha sufrido malos tratos, ha sido incomunicado y sometido a aislamiento prolongado. Agregó que las autoridades le niegan los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional.
La abogada Laritza Diversent, de Cubalex, expuso la situación de los defensores de derechos humanos, en particular de los integrantes del Movimientos San Isidro.
"La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados persistiendo esta persecución hasta la actualidad. Tras la concesión de las medidas cautelares, el número 1101 por parte de esta comisión en febrero de 2021, los beneficiarios han enfrentado vigilancia excesiva, restricciones de movimiento, arrestos infundados y otras intimidaciones. Entre los más afectados están Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, líderes del MSI”, expresó Diversent.
La abogada dijo que "la realidad que enfrentan las personas integrantes del Movimiento San Isidro y activistas cubanos es una constante y grave violación a los derechos humanos".
"Este patrón de represión, intimidación y violencia del Estado cubano, que va desde detenciones arbitrarias hasta negación del derecho al retorno y la libertad de movimiento es una muestra clara de la falta de compromiso del Gobierno cubano con los principios democráticos y los derechos fundamentales que deben ser garantizados a todos sus ciudadanos y ciudadanas, de la misma manera que devela un patrón, a través del cual ha desarticulado a las organizaciones locales y a la sociedad civil independiente”, consideró.
Por su parte, Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentó los casos de Ibrahim Domínguez Aguilar, condenado a 10 años de prisión, y Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años, por participar en las protestas del 11 de julio del 2021.
"El Estado cubano cuenta con al menos ocho vías legales para excarcelar y liberar de manera inmediata a estos presos políticos. Esto no repara el daño y el sufrimiento causado a ellos, pero por lo menos les permite estar junto a sus familias", opinó Cires.
Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, se refirió a las violaciones al debido proceso en Cuba, que han sido denunciadas como ilegales por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas y la CIDH, que “son comunes a todos los casos” presentados en la audiencia.
Mencionó "la ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad”. Explicó que policías, instructores y fiscales imponen medidas cautelares de prisión durante tiempo indefinido, sin presencia ni participación de tribunales.
Larrondo se refirió, además, a la inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, "pues los abogados dependen orgánica y jerárquicamente, y también económicamente, del Ministerio de Justicia" y denunció "la dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político”.
"Los testigos son siempre acusadores, funcionarios del Partido Comunista, y las pruebas periciales están permitidas solo al Ministerio de Interior", agregó.
El representante de Prisoners Defenders mencionó, además, que "se criminalizan un abanico interminable de derechos fundamentales", libertad de expresión, manifestación, asociación, salida o entrada del país, privacidad, entre otros, y que "los tipos delictivos del Código Penal empleados por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites".
Por último, dijo que se emplean procedimientos penales militares contra civiles, "más de 100 en el 11 J", o procesos sumarios, pero también ordinarios, "altamente violatorios de derechos”.
Las organizaciones que participaron en la audiencia le pidieron a la CIDH que incluya en su informe anual de 2023 la información presentada durante la audiencia y que se haga énfasis en el deterioro físico y emocional de los privados de libertad, beneficiarios de las medidas cautelares y sus familias.
FUENTE: Con información de martinoticias.com
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