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MIAMI.- Tres semanas después de que el derechista Iván Duque asumiera la presidencia de Colombia, la oposición que hoy encarnan el centro y la izquierda de la política colombiana inicia una “agresiva campaña” que busca ponerle un freno a la corrupción en ese país sudamericano.

De tal suerte, el primer paso consiste en una consulta popular sobre la base de siete aspectos fundamentales, que más tarde, si triunfa en las urnas, debe pasar a instancias del Congreso, en donde se debatirá la viabilidad de convertir el contenido de la propuesta en una ley de estricto cumplimiento.

En términos generales, la iniciativa pretende endurecer las leyes contra los corruptos, con cárcel para los políticos que infrinjan las normas como cualquier otro delincuente y sin derecho a reclusión domiciliaria, además de bajar los salarios de los congresistas y limitar los periodos de funcionarios en corporaciones públicas, entre otros aspectos igual de importantes.

La propuesta, impulsada con mayor énfasis por la izquierda colombiana, que con Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales tuvo los mejores resultados en la historia de esta tendencia política, requiere de al menos 12 millones de votos y que la opción del “sí” tenga más del 50%.

Claudia López, fórmula vicepresidencial de Humberto De la Calle en los comicios por la presidencia y promotora del plebiscito, dijo que “esta es la Colombia libre, ciudadana, que prioriza las causas que nos unen y no las que no separan”.

“Nos roban $50 billones al año”

Otro de los promotores de la campaña es el senador Jorge Robledo, directivo del Polo Democrático Alternativo y fuerte contradictor del actual presidente Iván Duque, y de su partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Duque ha dicho que apoya el referendo, y su jefe de bancada ha expresado reparos a la iniciativa.

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, el político de izquierda dijo que “la consulta es la mejor manera de hacerles frente a los corruptos” y, según cifras que atribuyó a las autoridades colombianas, en ese país “se pierden 50 billones de pesos al año por corrupción”, unos 4.000 millones al cambio.

En palabras de Robledo, “la corrupción en Colombia es tanta que no es un esquema de simples ovejas descarriadas, sino todo un sistema montado desde hace más de 50 años por los mismos que nos han gobernado”.

Explicó que en Colombia está vigente una serie de “normas anticorrupción” que “no tienen dientes” [inocuas o fáciles de vulnerar] y fue más al fondo de su tesis tras afirmar que las leyes actuales cuentan con “orificios y portillos” que las hacen más “propensas a ser burladas”.

Robledo y su movimiento político apoyaron en primera vuelta presidencial al centrista Sergio Fajardo, en cuyo programa de gobierno el tema de la corrupción tenía un espacio muy marcado. Tras su descalificación, el respaldo electoral fue transferido en segunda vuelta a Gustavo Petro, quien también prometía una fuerte lucha contra la corrupción.

A juicio del político colombiano, la consulta popular “es una manera de legislar por encima del Congreso, cuyas mayorías nunca han permitido que las cosas se hagan”.

“Por supuesto, todas estas fuerzas corruptas se están oponiendo, pero estamos muy optimistas, aunque no es fácil, porque esas mismas fuerzas le ponen un umbral a esta consulta del 33%, que son 12 millones de votos, cifra que es altísima. Lo que tenemos que lograr es que los colombianos voten siete veces sí por cada pregunta”, señaló.

Desde la óptica de Robledo, el fenómeno de corrupción en Colombia surgió de un pacto entre los dos “partidos tradicionales” (liberal y conservador), “que se fue haciendo cada vez más putrefacto” y, acto seguido, aseguró que en ese esquema también contribuyeron algunos de los expresidentes del país durante sus mandatos.

Estos son los títulos de las siete preguntas de la consulta anticorrupción:

  • Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.
  • Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.
  • Contratación transparente obligatoria en todo el país.
  • Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.
  • Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.
  • Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.
  • No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en corporaciones públicas.

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