jueves 11  de  abril 2024
REVUELTAS

Colombia: Saltan las alarmas por protestas en el Palacio de Justicia

Los hechos del pasado 8 de febrero pusieron en contexto la toma de la emblemática edificación por parte del M-19 en 1985, agrupación guerrillera a la que perteneció el hoy presidente Gustavo Petro

Sofy Casas|Especial

MIAMI.- El 8 de febrero se registró una movilización de organizaciones sindicales y de izquierda en Colombia, que protestaban por la elección del nuevo fiscal general de la nación, una situación que hizo saltar las alarmas en el país. Algunos manifestantes bloquearon la entrada del Palacio de Justicia, en Bogota, donde funciona la Corte Suprema, que debía votar por una de las tres candidatas ternadas por el presidente Gustavo Petro.

Este hecho puso en contexto uno de los episodios más oscuros de la democracia colombiana, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se produjo el asalto al Palacio de Justicia por parte de terroristas del M-19, grupo guerrillero al que perteneció el hoy presidente.

De acuerdo con testimonios extraoficiales, la turba violenta de días recientes “secuestró” y “asedió” a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia. Sin embargo, no hay pruebas certeras de que esto haya ocurrido.

Según algunos analistas, Petro ha venido ejerciendo constantes presiones a la corte para que elija a la sucesora del exfiscal Francisco Barbosa, llegando al punto de tachar a los magistrados de la corte de “cómplices del narcotráfico y de las mafias”, con el fin de deslegitimar la función de la justicia.

Para muchos, este es el comienzo de la debacle de la democracia, del Estado de derecho, de la institucionalidad y el hundimiento de la Constitución. Muchos también ya empiezan a señalar que en Colombia podría estar comenzando una dictadura.

En medio de estos sucesos, el presidente Petro y su Pacto Histórico han denunciado un supuesto “golpe blando” para sacarlo de la presidencia. Petro acusa a la Fiscalía de querer generar un “quiebre institucional” por las investigaciones en su contra.

A juicio de otros conocedores de la política colombiana, la extrema izquierda en el país se ha encargado de armar una “narrativa equivocada” de lo que está sucediendo alrededor de este caso que, en apariencia, tendría ‘en jaque’ o ‘acorralado’ al presidente, generando confusión al pueblo colombiano.

Datos relevantes

Vale decir que la Fiscalía no puede investigar al presidente. Esta función le corresponde a la Comisión de Acusaciones del Congreso, que es quien lo investiga. También hay que poner en contexto que las pesquisas de la Fiscalía apuntan hacia su campaña presidencial.

De igual forma, la Fiscalía está investigando al que fue gerente de la campaña petrista, que es quien hoy ostenta el cargo de gerente de la petrolera colombiana Ecopetrol.

Asimismo, el ente investigativo adelanta un proceso por la supuesta violación de topes de campaña y el no haberse reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE) 500 millones de pesos donados por Fecode (Federación Colombiana de Educadores), a la campaña presidencial. Esto se considera un delito en el código electoral.

“Mi papá sabía”

En todo este entramado, el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, es quien confesó ante la Fiscalía la entrada de presuntos dineros ilícitos a la campaña presidencial de su padre, confirmando que el jefe de Estado sabía de esos aportes. Petro lo ha negado.

Además, Days Vásquez, exesposa de Petro Burgos, es la testigo más importante en este caso, porque es quien tendría todas las pruebas y ha denunciado cómo allegados al hijo del presidente y el mismo mandatario estarían “saqueando” las instituciones.

Los audios de Armando Benedetti en conversación con Laura Sarabia, ambos cercanos a Petro, también contienen mucho material sobre presuntas entradas de dineros ilícitos a la campaña (15 mil millones de pesos), que presuntamente fueron repartidos entre la Costa Atlántica y la Costa Pacífico (zonas donde Petro arrasó en votación).

Petro Burgos confesó y entregó detalles de la cercana relación entre Gustavo Petro y el poderoso “empresario” de la Costa Caribe, y gran amigo de Benedetti, Euclides Torres, del famoso Clan Torres.

El hijo del presidente reveló a los fiscales que el empresario fue quien coordinó la entrega de los recursos para la campaña y que, además, fue uno de los principales aportantes, sin que estos ingresos supuestamente tampoco fueran reportados por la campaña al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El testimonio de la exesposa de Petro Burgos, en el que asegura que él recibió dinero del señalado narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, empresario cartagenero y mencionado por exjefes paramilitares como presunto colaborador de las autodefensas, indica además que el hijo del presidente les había dicho a esas personas que el dinero iría a la campaña de su papá.

División de poderes en juego

Analistas consultados afirman que el único que está generando un “quiebre institucional” es el mismo presidente, al tratar de pasar por encima de la división de poderes con sus acusaciones contra la Fiscalía.

De acuerdo con los especialistas en estos temas, el deber de un mandatario es garantizar la unidad nacional y el respeto de la Constitución.

El “plantón”

De acuerdo con testimonios sobre lo sucedido el 8 de febrero en el nuevo asalto al Palacio de Justicia, la turba violenta, que hasta carpas tenía armadas en la Plaza de Bolívar, habría recibido órdenes explicitas para realizar esa acción.

La convocatoria a un “plantón (protesta)” fue publicada en todas las redes sociales e incluso en un video en el que se ve al exguerrillero del M-19 y hoy concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, cercano a Petro, invitando a varias personas a “plantarse” frente al Palacio de Justicia, a las 8:30 a. m. de ese día, con el fin de presionar a los magistrados para que eligieran fiscal.

Cuesta Novoa dijo: “Y a los señores de la Corte, que los respetamos, les estamos diciendo aquí que esta situación de tensión institucional de choque de trenes en Colombia se resuelve democráticamente, si ustedes, el 8, toman la decisión de escoger de una terna de mujeres, todas poderosas, respetables y profundamente transparentes, un nombre que le dé serenidad a la sociedad colombiana”.

¿Qué quiso decir el exguerrillero Cuesta Novoa, con que esto se “resuelve democráticamente”?, ¿cuál era la orden contra el Palacio de Justicia?, ¿qué iban hacerle a los magistrados?, se pregunta una buena parte de la población colombiana.

El señalado secuestro de los magistrados se extendió por siete horas (no podían salir del recinto) y en todo ese lapso el presidente Petro ‘trinó’ en las redes sociales más de 15 veces y nunca exigió ni dio la orden a la Fuerza Pública de tomar el control para retirar del sitio a los violentos a como diera lugar.

Quienes han analizado los acontecimientos asociados al “plantón” aseguran que Petro solo lo hizo cuando ya vio que todo se había salido de control y cuando ya no tenía cómo reversar la situación.

El director de la Policía, general William Salamanca, declaró que no hubo riesgo para los magistrados ni pidieron salir del recinto, y tampoco hubo un solo capturado. Algunas voces no están de acuerdo con esta versión.

Expresidentes condenan los hechos

Ante lo sucedido en el Palacio de Justicia, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y César Gaviria expresaron su preocupación en la red social X, escribiendo los siguientes trinos:

“Sobre la elección de Fiscal he guardado total silencio, tanto por respeto a las instituciones como por mi situación personal y el antecedente de diferencias con algunos magistrados. Sin embargo, expreso que no se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro”, dijo Uribe Vélez.

Por otra parte, el expresidente Pastrana no dudó en brindar su apoyo a la institucionalidad y rechazó el ataque a los magistrados.

“El cerco violento a la Corte Suprema Justicia y la pasividad cómplice del Gobierno de Gustavo Petro, son el más grave atentado a la justicia desde la toma de Palacio de Justicia por el M-19”, subrayó.

Mientras tanto, el expresidente Gaviria, jefe del Partido Liberal, en un extenso comunicado manifestó lo siguiente:

"El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la constitución, no solo se salió del Estado de derecho, sino que estaría incurriendo en actos criminales. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en doscientos años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy".

Y remató diciendo:"Lo que estamos viendo, más allá de un comportamiento dictatorial, raya en lo criminal, y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia".

El medio de comunicación, Revista Semana, transmitió en vivo las incidencias del “plantón” y reportó que la policía intervino para disipar el bloqueo y permitir la salida de los magistrados (aunque algunos lograron salir en helicóptero), lo que generó enfrentamientos y disturbios.

¿Actuando como terrorista?

La Corte Suprema no logró elegir a la nueva fiscal, por lo que la vicefiscal Martha Mancera quedó a cargo del ente acusador de manera interina. El presidente Petro denunció que hubo infiltrados en la marcha que buscaron generar violencia y deslegitimar su Gobierno.

La lluvia de comentarios tras el serio incidente no cesa. Voces como la del coronel en retiro Angelo Franco, especialista en Seguridad, afirman que “cómo lo advertí, Petro sigue actuando como terrorista y ordena la segunda toma al Palacio de Justicia”.

Incluso, a nivel internacional, Foro Madrid, un comité que lucha por la democracia en Occidente, escribió: “Petro quiere incendiar Colombia para eliminar las pruebas de delitos contra él”.

Para muchos colombianos ver ondeando banderas del grupo terrorista del M-19 a las afueras del Palacio de Justicia fue considerado una afrenta y una amenaza muy clara contra la democracia y la institucionalidad en Colombia.

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