Además, cuando un combatiente pisa una de ellas, la explosión lo mutila pero no lo mata enseguida y hace que el contingente completo al que pertenezca deba dedicarse a atenderlo, con lo cual deja de combatir.
Las minas antipersona, también conocidas como ‘quiebrapatas’, han dejado en Colombia más de 11.043 víctimas en los últimos 25 años. Aparatos de este tipo están dispersos en 688 municipios del país. Casi el 68 por ciento del territorio nacional tiene sembrados explosivos de esta clase, principalmente en áreas rurales.
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Después de Afganistán y Camboya, Colombia es el tercer país del mundo con minas antipersona sembradas y número de víctimas muertas y mutiladas.
En palabras del Presidente, Juan Manuel Santos, “hay casi más hectáreas sembradas de minas que de café”.
La mitad de las víctimas de estos explosivos son civiles, muchos de ellos niños que caen en ellas jugando en los campos.
De acuerdo con Santos, para el año 2025 Colombia estará libre de “quiebrapatas” en caso que funcione un acuerdo logrado con la guerrilla de las FARC en la mesa de negociaciones de paz que actualmente delibera en La Habana.
El Gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC acordaron la descontaminación y remoción de minas, municiones y todo tipo de artefactos explosivos de guerra en el territorio nacional. Sin embargo, la guerrilla aclaró días después del acuerdo que solo sería un desminado humanitario en las zonas donde habitan civiles y no incluye las zonas donde suelen combatir los dos bandos.
Antes de este acuerdo en La Habana, el Gobierno se había comprometido a impedir que sus Fuerzas Militares siguieran usando ese tipo de minas y anunció que retiraría las que tenía sembradas. Esta decisión tardía hace pocos años fue forzada por el Tratado de Ottawa, del 3 de diciembre de 1997. No obstante, según expertos, los militares colombianos no han acabado de retirar sus propias minas y creen que no lo lograrán en su totalidad debido a que con el paso del tiempo los campos minados “caminan” con los movimientos naturales de la tierra y se pierde el rastro. Los militares colombianos sostienen que ya las retiraron y que no han vuelto a sembrar más.
Como la topografía colombiana “es escarpada en su mayor parte y llueve, las minas quedan enterradas y a veces se van desplazando por el clima, el cauce de los ríos o los temblores las mueven, entonces yo creo que va a ser una tarea dura, larga y complicada”, explicó Gladys Sanmiguel, directora de la Corporación Matamoros, entidad con 29 años de servicio atendiendo a militares heridos en combate y familiares de la Fuerza Pública.
La segunda guerrilla de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, ELN, es la que más siembra minas en el país y con esta no existe ningún acuerdo todavía.
A pesar de la proliferación de “quiebrapatas” en Colombia, hasta hoy solo ha ocurrido una condena por utilización de medios y métodos de guerra ilícitos como son las minas antipersonal, sentencia que fue proferida el pasado 19 de marzo.
Sanmiguel dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que es incalculable el número de minas antipersona sembradas en este país.
Estos dispositivos son enterrados y se activan al ser pisados. Sus principales víctimas son niños, campesinos, indígenas, afrodescendientes y combatientes. También caen en ellas animales domésticos y en las selvas permanentemente explotan al paso de la fauna nativa.
Difícil tarea
Sanmiguel saludó el gesto del grupo guerrillero porque reducirá de forma sustancial el número de víctimas. No obstante, aclaró que la labor será complicada dado que las FARC no tienen mapas de las minas que han sembrado en el país.
Expertos calculan que limpiar el territorio costará alrededor de 200 millones de dólares y puede tardar hasta 10 años.
Sobre este punto, Alex Vernot, estudioso del conflicto armado en Colombia y autor del libro “Los dueños de la guerra”, planteó la desproporción tan enorme que existe entre el costo de una mina, que puede llegar a menos de cuatro dólares y el daño que produce en la víctima.
Para Vernot, las minas son una consecuencia de la guerra y la lucha por el territorio para usarlo en actividades ilícitas como el narcotráfico y la explotación legal e ilegal de los recursos mineros.
“El costo del desminado es tan grande que claramente tiene que ser asumido por el Estado para tratar de recuperar el territorio, pueden desminarlo pero no pueden lograr acabar con la violencia en los sitios donde está la lucha por el territorio”, subrayó Vernot.
DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con mutilados de estos artefactos explosivos cuyas vidas cambiaron de pronto a partir de una explosión.
Una mina le quitó una pierna y a su sobrina
El estallido de una mina le arrebató a Ángela Dayana Ruales, de 14 años, la vida de su sobrina de tres meses que tenía en sus brazos y a ella le quitó la pierna con la que pisó la mina.
Ángela vivía en la vereda rural “La Cabaña” del municipio de Puerto Asís, en el Putumayo (suroriente de Colombia) y el día en que cayó en la mina caminaba con la bebé en brazos. Iba acompañada por una hermana y otro sobrino que se salvaron.
El artefacto le cercenó su pierna izquierda y en la derecha tuvo fracturas de tibia y peroné. Hoy, después de dos años, aún se recupera de los daños físicos y sicológicos de este accidente y está a la espera de recibir una prótesis.
El accidente de Ángela Dayana ocurrió el 8 de marzo de 2013, Día Internacional de la Mujer.
Fue llevada en una ambulancia al escuálido hospital del pueblo y luego a Bogotá, donde fue estabilizada. La bebé murió en el acto.
La madre de Ángela, Lucía Álvarez, dijo que ha sido muy difícil para su familia recuperarse de esta tragedia. “Mi hija, la que perdió su bebé, sicológicamente está mal, perdió la alegría”.
Por el momento, Ángela Dayana se mueve con unas muletas, vive en un hogar de paso y retomó este año sus estudios en el colegio.
Sueño militar truncado
La explosión que dejó al soldado Nelson Eduardo Guzmán sin el 60 por ciento de su audición ocurrió en noviembre del 2002, en la zona rural de Milán, Caquetá, departamento ubicado en el suroriente del país y tercero con más víctimas de minas.
Para ese entonces Guzmán tenía 21 años y había sido asignado a una operación de rescate de un secuestrado. Llevaba tres días en medio de la selva con su grupo cuando pisó una mina y cayó.
Sus compañeros le brindaron los primeros auxilios y permaneció en la jungla dos días más, hasta cuando hubo un helicóptero disponible para evacuarlo. La parte inferior de su pierna izquierda quedó destrozada con múltiples fracturas. La mina que pisó había sido contaminada por las FARC con excrementos y químicos que le pudrieron el hueso de la pierna y le causaron infecciones adicionales.
Nelson cayó a solo 100 metros de un lugar en donde un grupo de especialistas en minas horas antes había hecho una revisión del terreno.
Tras cuatro largos años de rehabilitación y cirugías, el soldado quedó con dolor crónico, trauma acústico severo y pérdida de sensibilidad en la cara. Empero, pudo recuperar su pierna, pero quedó tres centímetros más corta de lo que era.
Nelson pensó que se recuperaría rápido y se reintegraría a la vida militar, sin embargo, no pudo continuar porque tiene una discapacidad casi del 80 por ciento y no es apto para el servicio, de acuerdo con una junta médica que valoró su estado de salud.
Hoy, en la vida civil, vitorea la voluntad de las FARC de desminar el territorio y espera que cumplan con el acuerdo.
“No le tengo odio a la guerrilla porque en esos momentos era un combatiente, pero yo soy de los que digo paz sin impunidad, porque yo vi muchas atrocidades que le hicieron niños, mujeres y a la población civil”, consideró Nelson.
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La víctima que le pidió perdón las FARC
Jaime Martínez, campesino, de 53 años, muestra las heridas que le produjo una mina el 27 de marzo de 2005, en la vereda “El Danubio” municipio Puerto Rico, departamento de Meta, en el centro de Colombia.
Seis años atrás, también un 27 pero de mayo, había sido desterrado por el Frente 27 de las FARC. Duró tres años viviendo afuera, regresó y tres años después fue impactado por el artefacto explosivo cuando caminaba llevando del cabestro a dos yeguas.
La explosión lanzó a Jaime a tres metros y las bestias murieron porque recibieron el mayor impacto.
“Yo ni sabía qué era una mina antipersonal”, rememora Jaime, quien explica que de no haber dado con buenos médicos, su pierna izquierda habría sido amputada. Fue sometido a tres injertos óseos y duró sin caminar tres años. Su pierna quedó 14 centímetros más corta.
Las FARC le pidieron perdón en La Habana, Cuba. Sin embargo, Jaime cree que la sociedad colombiana no está preparada para el posconflicto y considera que será muy difícil la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.
“Me conmovió cuando me pidieron perdón porque era una herida que necesitaba un poquito de cicatriz, perdono pero no olvido porque mi lesión es para toda la vida y cada vez que se quita uno la ropa ahí está la huella”, afirmó.
Jaime recibió con beneplácito el acuerdo de desminado. Hoy su lucha continúa. Creó en el 2012 una asociación de desplazados y discapacitados de minas antipersonales y su tarea es organizar proyectos para la inclusión social de las personas víctimas con discapacidad.
Jaime se ganó una beca del Gobierno para estudiar Derecho. Ahora espera graduarse para conseguir un empleo digno, pues por su discapacidad ninguna empresa lo ha querido contratar. Mientras tanto, sobrevive con la tragedia y concluye: “Con el accidente aprendí a querer la vida”.
Sin sus piernas
El 2 de septiembre de 2004 Francisco Pedraza, para entonces comandante de un grupo especial del Ejército Nacional, caminaba en busca de un secuestrado de las FARC en la selva. Pisó una mina y perdió ambas piernas.
Los hechos ocurrieron en el corregimiento Unión Peneya, departamento de Caquetá, luego de fuertes combates con la guerrilla. La mina fue de tal magnitud que dejó lesionados a tres soldados más, uno de ellos perdió un pie, otro soldado perdió el maxilar y el último tuvo perforaciones en todo su cuerpo.
Inicialmente, el sargento fue trasladado a Florencia, capital de Caquetá, pero tras múltiples intentos por estabilizarlo y debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Militar Central, de Bogotá, donde permaneció inconsciente durante 12 días.
Pedraza ha superado de alguna manera las mutilaciones que sufrió y quien es hoy sargento. Hace parte de la liga de deportistas con discapacidad de las Fuerzas Militares y ha sido campeón varias veces. Además, bucea y escala.
Tiene la custodia de sus hijos y es instructor de inglés para discapacitados. Aprendió el idioma en San Antonio, Texas, donde obtuvo una beca para estudiar. Ahora cursa octavo semestre de licenciatura en lenguas modernas, en Bogotá, y sigue siendo miembro activo del Ejército.
Este hombre, de 38 años, es completamente independiente en labores como conducir o subir escaleras, y reconoce que, aunque fue muy difícil aceptar su condición, no guarda rencor a las FARC.
“Es muy difícil olvidar que soy víctima del conflicto armado si cada vez que me levanto no me veo las piernas”, afirma el sargento Pedraza.
