Juan Bautista, Otoniel y Rolando Guevara, condenados sin pruebas en 2005 por caso de Danilo Anderson están en “desaparición forzada” después de ser trasladados desde el Helicoide
Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
Jacqueline Sandoval/InstagramMIAMI.– En paradero desconocido se encuentran desde el 2 de agosto los hermanos Otoniel y Rolando Guevara y su primo Juan Bautista Guevara quienes debían haber estado en las listas de presos políticos excarcelados por el régimen de Maduro. Desde hace 10 años les corresponden medidas de libertad condicional, según la ley procesal de Venezuela. Pero no lo están.
El 2 de agosto fueron trasladados desde los calabozos del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia, al servicio del régimen), en el Helicoide (cárcel de máxima seguridad), donde llevaban 20 años, hasta la cárcel del Rodeo I (en las afueras de Caracas), pero el ministerio de Asuntos Penitenciarios y el tribunal sexto de Ejecución del régimen, únicos que pueden ordenar traslados, han negado a familiares y abogados toda información sobre ellos.
Están en desaparición forzada, asegura la abogada del caso Jacqueline Sandoval, quien informó por sus redes que el tribunal de la causa de los Guevara le dijo que desconocía el traslado. “No se me permitió acceder al expediente al no reconocerme como su abogada, rol que he ejercido durante sus 20 años en prisión”, añadió.
La desaparición forzada que, según explica Sandoval, se deriva de la negativa de los entes del Estado de cumplir con su deber de informar sobre el lugar en el que se encuentran los Guevara, ya fue denunciado ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que están por emitir una decisión.
“Tras cinco horas de espera en las puertas del Juzgado Sexto de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez Fátima Jardín, se informa que la autoridad judicial se negó a recibir y sellar la diligencia formalmente consignada ante dicho tribunal. Esta diligencia tiene como propósito notificar que, hasta la fecha, no se ha recibido información oficial sobre el paradero de los ciudadanos Rolando Guevara, Otoniel Guevara y Juan Guevara, quienes permanecen desaparecidos”, dijo Sandoval por sus redes.
También destacó que “esta notificación responde al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció como plazo límite el día de hoy para que el Estado venezolano informe sobre la ubicación de los hermanos Guevara. La negativa del tribunal a recibir esta comunicación representa un grave obstáculo en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Sandoval exhortó a “las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias de manera inmediata para garantizar el acceso”.
En realidad, el equipo de defensa de los Guevara lleva más de 20 años intentando que la justicia chavista acoja la norma constitucional y procesal en el crimen por los Guevara han sido incriminados y están condenados a 27 años de prisión, y 29 en el caso de Juan Bautista, el cual es catalogado como un caso político.
El 18 de noviembre de 2004, el fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson, de 38 años y quien llevaba investigaciones de interés político para el chavismo, fue asesinado en una vía pública de Caracas al estallar un artefacto explosivo colocado en su camioneta, se presume que el explosivo fue activado desde un teléfono celular.
El crimen, conocido como el caso Anderson, desató una verdadera “cacería de brujas” con allanamientos y acusaciones contra banqueros, abogados, periodistas, policías, entre otros ciudadanos que se oponían a Hugo Chávez.
Los procedimientos judiciales fueron ordenados por el entonces fiscal general Isaías Rodríguez, en el marco de una investigación en el que se abrieron al menos cinco expedientes con cargos diferentes, a pesar de la ilegalidad, contra quienes adversaban a Chávez e intentaron relacionar con el caso.
En ese contexto, los Guevara, dos de ellos comisarios de larga trayectoria policial, fueron detenidos en forma arbitraria ocho días después y condenados en 2005 por homicidio calificado y agavillamiento, en un proceso lleno de irregularidades y de denuncias sobre torturas, que abogados califican de “fraude procesal” y que fue también avalado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, hoy radicada en España, quien sustituyó a Rodríguez, y que continúa el actual fiscal Tarek William Saab.
Según recuerda Sandoval, este proceso le sirvió a los servicios de justicia que responden a de Maduro para crear la jurisdicción antiterrorismo “en la que ponen a quitan jueces en forma discrecional” en los casos políticos.
Y también está a la espera de sentencia de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), desde abril pasado, como uno de los casos referencia sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, y en el que uno de los fiscales actuantes, Hernando Contreras, exiliado luego en EEUU, declaró “cómo se armó el fraude” y también la decisión, según actas de la CIDH.
FUENTE: Con información Jacqueline Sandoval/ Instagram
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