JUDITH FLORES
@FloresJudith7
[email protected]
Con el apoyo de 10 legisladores, la Cámara de Representantes discutirá posibles sanciones contra el Gobierno sandinista
JUDITH FLORES
@FloresJudith7
[email protected]
Con apoyo bipartidista está previsto que los Congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana), y Albio Sires (demócrata), introduzcan este lunes ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley “Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016” (Ley de condicionalidad a la inversión), que tiene como objetivo legislar para que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de préstamos que el Gobierno de Nicaragua gestione ante los organismos financieros internacionales.
La medida es en respuesta a las “acciones antidemocráticas” del Gobierno de Nicaragua, justifica la ley.
Esas acciones, encabezadas por el presidente Daniel Ortega, se traducen en la falta de elecciones libres, justas y transparentes. A ello se suma la expulsión de Nicaragua de tres estadounidenses en las últimas semanas.
Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio, requiere de préstamos de instituciones financieras internacionales. Estados Unidos tiene un peso decisivo ante organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BD), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, para la aprobación de préstamos.
Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016 es copatrocinado por 10 congresistas republicanos y demócratas: Mario Díaz-Balart, Tony Cárdenas, Jeff Duncan, Donald Norcross, Carlos Curbelo, Henry Cuellar, Ted Yoho, Brendan Boyle, Albio Sires e Ileana Ros-Lehtinen.
“Este proyecto de ley urge al Presidente a que instruya a los directores ejecutivos estadounidenses a que usen su voz, voto, e influencia de nuestro país ante las instituciones financieras internacionales para oponerse a cualquier (solicitud de) préstamo para el régimen nicaragüense, hasta que el Secretario de Estado certifique que Nicaragua está tomando acciones eficaces para celebrar elecciones libres, justas, transparentes y verificadas por observadores confiables nacionales e internacionales”, declaró Ros-Lehtinen.
“La medida también está condicionada a la promoción de principios democráticos, fortalecimiento del estado de derecho, y respeto la libertad de asociación y expresión”, agregó.
Mientras, el congresista Albio Sires calificó al Gobierno de Ortega de “insolente”, debido a la opresión política que ha impuesto, las acciones contra la prensa libre, la represión y brutalidad con que actúa la Policía Nacional, cuya jefa fue reelegida por Ortega para un tercer mandato frente a esa institución.
Sires calificó de preocupante la situación en Nicaragua porque: “Ortega está sofocando a los partidos políticos (oposición), ha expulsado oficiales del gobierno de Estados Unidos, ha detenido y posteriormente deportado a funcionarios de organizaciones no gubernamentales que viajaron a Nicaragua para realizar investigaciones”.
Sires se refiere a la expulsión del profesor universitario Evans Ellis, que viajó a Nicaragua a mediados de junio para realizar investigaciones sobre la Construcción del Canal Interoceánico. Ellis fue expulsado junto a otros dos funcionarios de Aduanas del Gobierno de EEUU. En febrero del 2016, también fue expulsado el representante de la organización Freedom House, Carlos Ponce.
El congresista Sires considera que no se pueden ignorar las acciones de Ortega, “que continúe oprimiendo sin que haya consecuencias”, subrayó.
Ros-Lehtinen hizo hincapié en que Ortega ha negado la participación a observadores electorales internacionales de la Unión Europea, Estados Unidos, y la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Acontecimientos
El proyecto legislativo expone una serie de hechos ocurridos desde que Ortega asumió el poder, que atentan contra la institucionalidad y el proceso democrático del país, que van desde las elecciones fraudulentas en 2008 y 2011, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dominada por el partido de gobierno que le permitió a Ortega postularse como candidato de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional, debido a que el único poder facultado para hacer cambios a la Constitución es la Asamblea Nacional.
También, la Ley hace mención al control que ejerce Ortega en los poderes e instituciones del Estado, la falta de transparencia fiscal del régimen sandinista, de los fondos venezolanos que Ortega maneja a su discreción, las restricciones de los ciudadanos para ejercer el derecho al voto, el acoso a organizaciones no gubernamentales, y la sociedad civil; sistemáticas violaciones a los derechos humanos, las violaciones a la Ley por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), entre otros hechos que han llevado a la nación a vivir un retroceso democrático.
“Ortega debe ser responsabilizado por sus acciones destructivas y represivas”, afirmó la congresista Ros-Lehtinen, a quien Ortega le impide ingresar a Nicaragua, igual que al senador Marco Rubio.
Estados Unidos emitió a finales de junio una alerta de viaje a Nicaragua. El Departamento de Estado ha advertido a los estadounidenses que las autoridades nicaragüenses han negado la entrada, detenido, interrogado y expulsado a extranjeros, incluidos funcionarios estadounidenses, académicos, trabajadores de ONG y periodistas.
LEA TAMBIÉN: